Pedro Sánchez ha eludido entrevistarse con representantes de los agentes económicos para elaborar las 370 propuestas con las que tratar de formar Gobierno, presentadas este martes, y ganarse el apoyo de Unidas Podemos para su investidura.
En las 25 reuniones que el PSOE ha mantenido en las últimas semanas con 376 "organizaciones de la sociedad civil" para redactar dicho documento, no hay apenas rastro de patronales empresariales, asociaciones o representantes de compañías privadas.
Con la economía española dando claras señales de desaceleración y en un contexto internacional que hace prever un empeoramiento de la situación -brexit, guerra comercial, recesión en Alemania...- llama la atención que el PSOE no haya tenido en cuenta las sensaciones de los agentes económicos para diseñar sus propuestas.
De acuerdo a la información aportada por el partido del Gobierno en funciones, entre las asociaciones de carácter económico con las que se ha reunido en las últimas semanas para redactar sus 370 propuestas, se encuentran las patronales automovilísticas; la CEOE y Cepyme (para tratar la formación profesional); las asociaciones de autónomos (Upta, ATA y Uatae); Farmaindustria (la patronal farmacéutica) y poco más. Representantes de las aerolíneas easyjet y IAG y de El Corte Inglés acudieron a una reunión sobre comercio y turismo.
En materia económica, entre las 370 propuestas presentadas el martes por Sánchez, que incluyen pocas novedades respecto a su último programa electoral, destacan las medidas que afectan a la banca, el sector energético y el inmobiliario.
Subida del impuesto de sociedades
El PSOE propone incrementar al 18% el impuesto de sociedades que paga la banca, y la aprobación de la Ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras; profundizar en las medidas ya adoptadas para frenar las subidas abusivas del alquiler; derogar "los aspectos más lesivos" de la reforma laboral que aprobó el Partido Popular en 2012; y poner en marcha un bono social general, que incluiría también el consumo de gas natural y su coste correría a cargo de las empresas del sector.
Sin embargo, en las últimas semanas, el Gobierno en funciones ha eludido reunirse con la Asociación Española de Banca (AEB), la CECA, o con representantes de las entidades financieras del país. Tampoco se ha visto con la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec). Ni con el Círculo de Empresarios -entidad de la que son socios consejeros y presidentes de las principales multinacionales españolas-.
No han existido reuniones con la Asociación de Promotores Constructores de España, la Federación de Asociaciones Inmobiliarias, o con representantes de los principales fondos extranjeros que han invertido decenas de miles de millones de euros en los últimos cinco años en el sector inmobiliario español.
Posiblemente si hubieran existido esas reuniones, a las organizaciones empresariales mencionadas no les habría sonado nada bien la música escuchada; y tampoco habría sido del gusto del PSOE las propuestas que estas hubieran aportado. Pero el rechazo a los encuentros empobrece el contenido final del documento.
