La política económica de Pedro Sánchez (y de Nadia Calviño) no va a ser objeto de estudio en las universidades, ni en las escuelas de negocio o en los 'think tanks'. Y eso que el presidente del Gobierno presumió recientemente de que la economía española iba "como una moto". En realidad, la política económica es la gran desconocida, como consecuencia de la pandemia y de los efectos colaterales de la guerra en Ucrania; también a causa del ‘dopaje’ de ayudas de los fondos europeos y de la congelación de las reglas fiscales en materia de déficit público y deuda.

A todos estos efectos exógenos y atípicos hay que sumar el espectacular aumento del gasto público, aupado por el crecimiento de los ingresos por el proceso hiperinflacionista que también ha favorecido la subida nominal del PIB. En todo caso, y a pesar del aumento estadístico del empleo (de funcionarios sobre todo, y de empleo parcial y de fijos discontinuos en el sector privado), la economía sólo ha conseguido alcanzar ahora los niveles previos a la pandemia de hace cuatro años. Sin embargo, todavía se mantiene la brecha abierta con el resto de economías de la UE en esta nueva crisis, ya que el PIB español ha sido el más penalizado por el modelo de crecimiento basado en los servicios.

Es cierto que la economía nacional crece ahora a un ritmo superior a los demás países europeos (gracias al turismo que se anota como exportaciones). Pero, se debe al ‘efecto rebote’, porque el descenso del PIB fue mayor. Lo cierto es que las economías europeas salieron de esta crisis en 2021 y España lo ha hecho ahora tras la convocatoria de elecciones generales para el 23-J y la revisión realizada por el INE. Y que Alemania esté ahora en recesión técnica no es una buena noticia porque es nuestro principal mercado exportador. 

Por tanto, hay más empleo (de indefinidos, particularmente, ya que la reforma laboral ha suprimido prácticamente los contratos temporales), pero la productividad es mucho más baja por el reparto de puestos de trabajo que aportan menos al crecimiento. Lo que significa que en media los españoles somos más pobres.

Además, el Banco de España ya advierte la existencia de una ralentización en estos meses como consecuencia del frenazo del consumo por el alza de los precios y de los tipos de interés (también está empezando a afectar a la inversión), y por el agotamiento del ahorro embalsado durante la pandemia o su traslado a pagar las hipotecas en lugar de incrementar el gasto. Es quizá el dato de que disponía Sánchez para anticipar las elecciones junto a la exigencia por parte de Bruselas de unos Presupuestos más exigentes en materia de gasto para el próximo año. 

Curiosamente, en el programa electoral de Sánchez de 2019 en materia económica, con el título de 'Hacia una prosperidad justa y duradera', se señala que la economía española había crecido hasta entonces “muy por encima de los países de nuestro entorno gracias a una serie de vientos de cola principalmente externos (entre ellos un petróleo más barato y los estímulos del BCE entre otros) que se han ido diluyendo por la falta de reformas estructurales del anterior Gobierno (de Rajoy)”.

Así, el PSOE se comprometía a una política económica marcadamente europeísta “con reformas necesarias para favorecer un crecimiento económico robusto y la creación de empleo de calidad”. Y se marcaba tres ejes: el impulso de la sostenibilidad medioambiental y la transición ecológica; la reducción de las desigualdades y el reforzamiento de la cohesión social; y un “avance decidido” en el saneamiento de las cuentas públicas, la reducción del déficit y la deuda y la sostenibilidad fiscal de medio plazo”. 

El gasto público se dispara

¿Qué ha hecho el Gobierno o qué ha podido hacer? Según los datos oficiales, desde que Sánchez llegó a La Moncloa en 2018 hasta finales de 2022 (últimos datos anualizados), el gasto público liquidado de la Administración estatal ha crecido un 22,2% (62.239 millones más), muy por encima del escaso crecimiento económico acumulado, ya que las obligaciones reconocidas netas han pasado de 279.945 millones a 342.184 millones. Mientras, los ingresos han alcanzado también el récord histórico de 354.161 millones frente a los 285.069 millones en 2022 (69.092 millones más, un 24,2% más).

Los ingresos tributarios son los que más han aumentado como consecuencia del repunte de la inflación, ya que el Gobierno no ha deflactado la tarifa del IRPF y los contribuyentes españoles han pagado al fisco más por los mismos o menores ingresos, y además la caja del IVA ha crecido también por el ‘subidón’ de los precios a pesar del gesto político de reducir el  impuesto en algunos productos básicos. En concreto, los ingresos tributarios han crecido un 22,4% (hasta los 255.463 millones) mientras que Hacienda ha recaudado por IRPF en estos años casi 27.000 millones más (32%), hasta 109.485 millones y por IVA 12.418 más (18%) hasta los 82.595 millones.

El déficit se duplica

Con estos mimbres presupuestarios, el déficit público de las Administraciones Públicas de la gestión de Sánchez ha alcanzado el doble del que heredó de Rajoy. Ha pasado de 31.222 millones en 2018 a 63.776 millones (104,3% más) en 2022. En términos relativos, a pesar de que el crecimiento nominal del PIB (con inflación) favorece el cálculo porcentual del Gobierno, el déficit se ha situado en el 6,8% frente al 2,6% que se registraba hace cinco años; es decir, 4,2 puntos más (2,5 veces más).

Mientras, la deuda pública ha crecido casi un 30%. Es el gran lastre de la economía, a expensas del devenir de los mercados, de los tipos de interés, del anuncio del BCE de acabar con la compra de las emisiones y del fin de la manga ancha del Pacto de Estabilidad (que deberá ajustarse en algún momento al 60% del PIB). Ha pasado de 1,202 billones a 1,359 billones de euros (datos de marzo de 2023), es decir, ha aumentado en más de 332.400 millones de euros (de ellos 316.000 corresponden al Estado). En términos de PIB se ha situado en el 113% frente al 101,7% en 2018.

Empleo 'estadístico'

En materia de empleo, según los datos de la Seguridad Social, entre junio de 2018 (cuando Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno) y mayo de 2023 (cuando ha anticipado las elecciones) hay 1,8 millones de nuevos afiliados (9,5% más), hasta alcanzar los 20,8 millones de cotizantes. Pero no es oro todo lo que reluce en el mercado laboral. De esos nuevos afiliados, 463.000 son empleados públicos, es decir, hay un 19% más que hace cinco años (2,9 millones). Mientras, los cotizantes del sector privado han crecido un 12%, con un aumento espectacular del 50% del empleo indefinido a tiempo parcial (ya hay 2,4 millones, casi un millón más que hace cinco años) y del 173% de trabajadores fijos discontinuos (hay más de 1,1 millones frente a los 391.000 de 2018).

En cuanto al aumento del 30% del empleo indefinido a tiempo completo, se debe sobre todo al efecto estadístico que ha supuesto a su favor la supresión de la mayoría de las modalidades de la contratación temporal. Es decir, hay esos 1,8 millones de empleos más, pero se ha creado otro modelo de precariedad, incluso salarial. Según los datos de la Contabilidad Nacional, los españoles prácticamente trabajan ahora el mismo número de horas (hay una diferencia de ocho décimas) que hace cinco años.

Algo similar se percibe en los salarios: a penas se han movido desde 2018. Y a la pérdida de poder adquisitivo propiciada por el repunte de la inflación hay que sumar la subida del IRPF, por la denominada progresividad en frío.

Masa salarial

Por ejemplo, la masa salarial (conjunto de las remuneraciones incluidas las cotizaciones) ha crecido en este periodo un 7,2%, también gracias a la subida de las cuotas empresariales (39.000 millones más), hasta los 585.000 millones en términos corrientes (incluida la inflación). Pero, en la letra pequeña se observa que el incremento de este gasto en el sector privado ha sido del 5,8% (unos 20.000 millones más), hasta los 347.000 millones; mientras que en el sector público el incremento (casi otros 20.000 millones) es tres veces superior (16%) hasta alcanzar el récord de casi 148.000 millones.

Es la causa de que el empleo haya crecido un 28% en la Administración Central entre junio de 2018 y mayo de 2023 y un 23% en las comunidades autónomas. En total, hay ahora 2,9 millones de afiliados públicos frente a los 2,4 millones que había en 2018 mientras que en la EPA constan 3,5 millones frente a los 3,1 millones de hace cinco años. 

El aumento del número de ocupados entre el segundo trimestre de 2018 y el primero de 2023 se reduce a 1,1 millones en la EPA. El alza es del 5,7% mientras que la población en edad de trabajar ha aumentado un 2,4%. La buena noticia es que se están creando más puestos, pero son de una calidad dudosa, porque se están troceando en horas, aunque estadísticamente absorben el aumento de la nueva población laboral. Y también un 2,4% crece la población nacional en este periodo, mientras que el número de inactivos (personas que no trabajan y que tampoco se consideran paradas) sube un 4,3% hasta los 16,7 millones.

Por su parte, el paro ha bajado un 10,4% en estos años hasta 3,1 millones en marzo, con una tasa del 13,3% frente al 13,3% de hace cinco ejercicios. Sin embargo, al ministerio de Trabajo, que excluye a los fijos discontinuos cuando no trabajan (siguen en el limbo estadístico), le sale 2,7 millones; es decir, 423.000 menos que hace cinco años. 

Subvenciones a sindicatos

Todo esto ha sucedido mientras que el Gobierno ha incrementado en este periodo a casi el doble la subvención directa a los sindicatos, recuperando el diálogo social y la firma de la reforma laboral y acuerdos para potenciar la negociación colectiva. Las ayudas han pasado de 8,9 millones a 17 millones. 

En cuanto a la inflación, el IPC de junio de 2018 registraba un 2,3% de subida anual, un 1% la subyacente y un 2,5% la de los alimentos. Mientras, en mayo de 2023 se ha situado en el 3,2% general, el 6,1% estructural y el 12% para los alimentos. 

Por su parte, el PIB per cápita se ha situado a finales de 2022 en 27.870 euros frente a los 25.760 euros en 2018. Ha crecido un 8%. Pero, en términos constantes (incluyendo la inflación) la renta media individual de 2018 se sitúa por encima de los 29.400 euros en 2023, es decir, no se ha producido un incremento real. 

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