El impuesto a las energéticas no será deducible en Sociedades y se vigilará que las empresas no lo repercutan en los consumidores. Así lo trasladan fuentes conocedoras del detalle de una norma cuyo registro en el Congreso como proposición de ley ultima el Gobierno y que podría tener lugar coincidiendo con el Debate sobre el Estado de la Nación.
Con estas fórmulas, Pedro Sánchez ofrece a sus socios un impuesto estricto, cuando le están exigiendo que acelere y endurezca las medidas contra las energéticas.
Deducibilidad y repercusión. Se trata de dos vías por las que las empresas minimizan el impacto de los impuestos muy difíciles de vetar. Que los impuestos que pagan las empresas son deducibles en el Impuesto sobre Sociedades es lo habitual y lo estipula la propia Ley de Sociedades. Intentar que las empresas no repercutan un impuesto es tratar de ponerle puertas al campo, según los expertos.
Que este impuesto no sea deducible lo hará más vulnerable a los pleitos de las energéticas, que podrán alegar inconstitucionalidad por trato discriminatorio respecto a impuestos a otros sectores que sí son deducibles. A lo que se añade que incrementa las dudas sobre la doble imposición, a las que la no deducibilidad daría carta de naturaleza.
A esto se suma que un impuesto no deducible puede restar atractivo a estas empresas respecto a accionistas extranjeros.
Sin embargo, la no deducibilidad tiene sentido para un impuesto que pretende gravar los beneficios extra por el alza de precios de la energía. En este sentido, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, venía advirtiendo sobre sus planes antes de que se anunciara oficialmente la medida de que pretendía que este recargo se aplique sobre "un rendimiento real" porque "a veces el vehículo del Impuesto sobre Sociedades no es el que aporta el mayor rendimiento".
El impuesto italiano a las eléctricas en el que se mira el Gobierno de Pedro Sánchez tampoco es deducible en Sociedades ni en el Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), una especie de Sociedades regional.
La no deducibilidad del impuesto transmite un mensaje político del que el Gobierno de Pedro Sánchez es consciente. Cuando preparaba las tasas Google y Tobin, Hacienda amagó con que no fueran deducibles en Sociedades y en un encuentro con CEOE concedió finalmente que lo fueran.
Para evitar repercusiones en el precio final de los productos energéticos, se prevé hacer un seguimiento para que las empresas notifiquen a la CNMC el precio promedio de compra, venta y producción de electricidad, gas y productos petrolíferos correspondientes al mes anterior.
Fórmula exprés
Los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos van a registrar en el Congreso una proposición de ley que crea el impuesto a las energéticas, fórmula mediante la cual el Gobierno acelera la tramitación y se evita los procesos e informes que necesitan los anteproyectos de ley que aprueba el Consejo de Ministros.
En este sentido, Pedro Sánchez tuiteó el 25 de julio, tras el Consejo de Ministros extraordinario que aprobó el Real Decreto-ley que prorroga las medidas contra la guerra: "El Gobierno está diseñando un nuevo tributo para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. Será presentado en las próximas semanas como Proposición de Ley por los dos partidos de la coalición. Las cargas de esta situación deben repartirse con justicia".
En concreto, el borrador se salta los trámites de consulta y audiencia pública, con lo que el texto no será público ni podrán aportar observaciones las empresas afectadas. Y tampoco podrá ser cuestionado por el Consejo de Estado, a pesar de ser un impuesto polémico, que será objeto de pleitos.
Con esta fórmula, el Gobierno acelera la tramitación, con lo que el Congreso podrá aprobar la ley a tiempo para que entre en vigor este año. O para que esté aprobada a tiempo y grave los beneficios de 2022 desde enero de 2023 y tenga los menores problemas de retroactividad posibles.
Advertencia de Bruselas
El impuesto italiano otorga créditos fiscales a las empresas que sufren el alza de los precios de la energía, el caso de la industria electrointensiva. El británico que se ha anunciado, a la espera de que se concrete, incentiva las inversiones.
La comisaria de Justicia, Vera Jourova, ha señalado que Bruselas ve con buenos ojos que los Estados miembros adopten este tipo gravámenes, pero la advertido de que con carácter "excepcional" y siempre que sean diseñados "con cuidado para evitar que generen distorsiones indeseadas del mercado y desincentiven inversiones en energías renovables".
En un debate ante el Parlamento Europeo, Jourova ha destacado que, según la opinión de los economistas, gravar "adecuadamente" los beneficios extraordinarios de las eléctricas derivados de la escalada de precios puede ser "eficiente" porque aumentarían los beneficios públicos "sin afectar a las decisiones de las empresas". Pero siempre que se haga con tino.
En la misma línea, destacó que se deben gravar exactamente los ingresos "inesperados" que se deban a "cambios repentinos de las condiciones de mercado", como el aumento de precios actual, y no a decisiones de inversión de las empresas o a mejoras de su eficiencia e innovación.
