Sólo en el último instante los ministros de Podemos han encajado que Nadia Calviño ganaría la partida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Lo que nunca vieron venir es que el ala socialista del Gobierno usaría un decretazo para frenar la subida que deseaba Pablo Iglesias.
Pedro Sánchez no sólo ha evitado que su vicepresidente se cuelgue una medalla brillante de cara a su decaído electorado. La zancadilla, además, tiene como grandes beneficiadas a las patronales, poco menos que enemigas para las filas de Podemos. Pero lo que buscaba el presidente del Gobierno era, precisamente, eso mismo: lanzar un mensaje claro a los empresarios, con los que debe negociar en 2021 asuntos tan peliagudos como la prórroga de los ERTE y la reforma laboral.
El combate sobre el SMI venía librándose desde hace semanas en torno a la mesa de diálogo de los agentes sociales. A un lado del ring, los sindicatos reclamaban una subida importante. Por ejemplo, UGT exigía un aumento del 6% para dar oxígeno a los dos millones de trabajadores que sobreviven en la base de la pirámide del mercado laboral. Al otro lado, grandes empresas, pymes y autónomos peleaban por la congelación, alegando que sus cuentas también están al borde de la asfixia.
Sánchez buscaba lanzar un mensaje claro a los empresarios, con los que debe negociar en 2021 la prórroga de los ERTE o la reforma laboral
Sin embargo, la pugna en los despachos del Ministerio de Trabajo apenas era un reflejo de un pulso de mayor magnitud, librado en la sala del Consejo de Ministros. Iglesias vio una oportunidad en la negociación del SMI para apuntarse un tanto antes del final del año. La última encuesta del CIS dio a la formación morada el peor dato de intención de voto desde las elecciones (un 10,8%). Por eso dio la orden a su ministra Yolanda Díaz de pelear por una subida del salario mínimo.
La titular de Trabajo, consciente de la enorme distancia que separaba las tesis de sindicatos y empresarios, puso sobre la mesa un aumento salomónico, del 0,9%. Una cifra asumible a ojos de algunos economistas y relativamente fácil de justificar ante el Consejo de Ministros (eso mismo habían subido las pensiones y la nómina de los funcionarios).
Consciente de la jugada de Iglesias y de las ampollas que levantaría en el empresariado, Sánchez levantó un parapeto en torno a su ministra de Economía. Nadia Calviño no sólo es partidaria del máximo rigor fiscal posible (en comparación con otros miembros morados del Gobierno de coalición). También es más sensible con la situación dramática de muchos empresarios, en cuyas espaldas debía recaer el sobrecoste de otra subida del SMI.
Si el presidente logra atraer a los empresarios hacia un pacto con los sindicatos en el segundo trimestre sacará adelante él mismo la subida
Calviño cumplió al dedillo su misión y alineó en torno a sus tesis a la vicepresidenta Carmen Calvo y a la titular de Hacienda, María Jesús Montero. En los días previos al último Consejo de Ministros del año, cuando debía tomarse la decisión, las tres ministras defendieron abiertamente la congelación del salario mínimo. Aireando el choque interno en el Gobierno de coalición, cada vez más Frankestein, dejaron en evidencia las intenciones electoralistas del ala morada.
Sólo faltaba rematar la jugada. Y Sánchez lo hizo de la forma menos esperada. En un real decreto-ley sobre el almacen Castor, el Gobierno ha introducido una disposición adicional. Una letra pequeña que vincula la futura subida del SMI al acuerdo entre los agentes sociales.
Si Sánchez logra atraer a los empresarios hacia un pacto con los sindicatos en el segundo trimestre -cuando pase la más que probable tercera ola-, sacará adelante un incremento del salario. Y será él mismo quien se cuelgue la medalla.
