Las Administraciones Públicas siguen aumentando sus partidas de gasto corriente que favorecen el consumo, con la pretensión de obtener réditos políticos y electorales, en detrimento de la inversión pública, que beneficiaría el crecimiento futuro de la economía, la productividad y la modernización del país así como empleo para el sector privado.
El Gobierno de Pedro Sánchez y los ejecutivos autonómicos han recortado drásticamente el presupuesto de gasto en infraestructuras en 2019, y sigue la tendencia a la baja en lo que va de año -aún más ahora por los efectos del coronavirus- para maquillar el desbocamiento del déficit público. Es decir, si el PSOE denunció en la oposición que había que invertir más para evitar al menos el deterioro de las infraestructuras, la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) ha vuelto a desplomarse hasta registrar de nuevo tasas negativas respecto al ejercicio anterior.
De esta forma, los presupuestos de gasto corriente dejan poco margen para el gasto en capital productivo como es la inversión pública (carreteras, trenes e incluso construcciones y obras nuevas o de ampliación de instalaciones sanitarias o I+D). Es evidente que sin inversión pública no se sale de las crisis.
Según los datos de la Intervención General del Estado, el Gobierno redujo un 10% el gasto en inversión pública en 2019, hasta los 6.685 millones, frente a los 7.762 millones de 2018 cuando crecía a un ritmo del 8%. En las comunidades autónomas cayó un 1,5% (hasta los 11.068 millones) frente a un crecimiento en 2018 del 8,6% (11.238 millones).
Por su parte, en los ayuntamientos, aunque se atenúa, subió un 11,5% (7.309 millones) frente al 17,3% de alza del año anterior (6.557 millones) ya que los consistorios con superávit pueden utilizar este excedente para financiar inversiones sostenibles. En su conjunto, la inversión de todas las Administraciones españolas ha vuelto a tasas negativas de crecimiento, bajó 1,3 puntos (25.372 millones) respecto al año anterior (25.715 millones), cuando crecía a un ritmo del 11,7%. Lo que significa, por ejemplo, que el sector público español se gasta mucho más dinero en pagar los intereses de la deuda (28.450 millones) que en generar actividad y empleo.
Bajo la lupa de Bruselas
Bruselas tendrá que vigilar el destino del ‘manguerazo’ de dinero que prepara para la UE y para España (unos 75.000 millones entre créditos y transferencias a fondo perdido) para combatir la crisis de la covid-19 ya que la Comisión Europea pretende que se incentive la inversión pública en el Plan de Reconstrucción.
De esta forma, las Administraciones se han gastado en su conjunto 343 millones menos en inversión neta que hace un año para solapar otros compromisos de gasto, sobre todo los relacionados con el de personal (con un alza del 5%) y de los consumos intermedios (3,5%). Pero, es particularmente llamativo el caso de la Administración Central, que gestiona directamente el Gobierno, ya que se ha gastado 877 millones menos en FBCF para solapar la desviación del gasto improductivo y un mayor déficit. Mientras, las comunidades autónomas han reducido este gasto en 170 millones para evitar que su déficit superara el 104% de aumento registrado.
Las Administraciones destinan cada vez más dinero a gasto improductivo y estructural. El gasto en inversión sólo les sirve de comodín para intentar encajar las cifras del déficit
En las cuentas regionales da lo mismo el color político. Andalucía ha reducido su gasto en infraestructuras un 19,6% (366 millones menos) en este ejercicio ya que ha invertido 1.505 millones frente a los 1.871 en 2018. Mientras, por ejemplo, ha aumentado su gasto de personal hasta los 14.479 millones (4,2% más). Es decir, gasta casi 10 veces más en nóminas que en generar actividad y masa crítica para su economía. Por su parte, el Gobierno de Navarra ha dado un tijeretazo a la inversión del 16%.
Aragón la ha reducido un 7%; Madrid (la primera economía regional del país) ha recortado su presupuesto inversor un 6,1% (unos 100 millones menos); Baleares, un 6% menos y, por ejemplo, en Asturias ha caído un 3,3% y un 2% Canarias. Por otro lado, en Castilla-La Mancha ha aumentado su gasto en FBCF un 23,7% mientras que el País Vasco ha llegado al 11,9% (es la única región cuyo gasto en inversión sube por encima del destinado a pagar nóminas) y en Extremadura se ha situado en el 8,3% y en Cantabria en el 7,8%. Y en Cataluña ha subido un 5,9%.
Un 2% del PIB va a inversión pública
En términos de PIB, que es dónde hay que fijarse para analizar el interés político por este gasto, España sólo dedica un 2% a inversión pública (0,5% la Administración central, 0,9% las autonomías y 0,6% los ayuntamientos), una décima menos que hace un año. Se trata del porcentaje más bajo desde hace medio siglo ya que, por ejemplo, en 1970 las Administraciones dedicaban a infraestructuras el 3% de la economía, una cifra que se superó con creces durante los años noventa (incluida la Expo).
El techo se alcanzó el 2009 (por los efectos del Plan E de Zapatero en la construcción) cuando llegó a 55.142 millones y representó el 5,1% del PIB. La inversión, junto a la sanidad y la educación, ha sido siempre la palanca que han empleado los políticos para realizar los ajustes en el gasto público y reducir el galopante déficit. En todo caso, la media de gasto en términos de PIB hasta 2012 se ha mantenido constante muy por encima del 3%, que es la cifra que todos los analistas consideran básica para mantener las infraestructuras y ayudar al crecimiento económico.
Sin embargo, a partir de ese año, es decir, en el comienzo de la segunda recesión de la última crisis (con el PP en La Moncloa), este porcentaje ha ido reduciéndose, con un leve repunte en 2015 hasta el 2,5%, hasta ese 2%. El dinero, destinado a este gasto cayó de golpe en 2012 en un 35% (unos 14.000 millones menos) y acumuló un descenso de un 50% en el trienio entre 2012 a 2014.
A la cola de la UE
De esta forma, España figura en la cola de los países europeos en inversión pública. Sólo Portugal se encuentra detrás. Con datos de 2018, últimos disponibles, mientras España destinaba a obra pública el 2,1% de su PIB, la media de los países de la UE dedicaba el 2,9% del PIB (Alemania empleaba el 2,4% y, por ejemplo Francia alcanzaba el 3,4% e Italia también el 2,1%). En euros nominales España gastó en 2019 una cifra similar a la de 2001, pero en términos reales, por el efecto de la inflación, la cifra del pasado ejercicio es sensiblemente inferior ya que la de 2001 superaría los 36.000 millones.
Aunque se modera el alza, en porcentaje de PIB regional llama la atención que sólo cuatro autonomías dediquen más del 1% de su PIB a inversión pública (Galicia y Cantabria, ambas con un 1,4%; la Rioja, 1,3%; y la Comunidad Valenciana, 1,1%). Sin embargo, Madrid es la que figura en último lugar ya que sólo destina el 0,6% de su economía a obra pública. Cataluña, alcanza el 0,8%.
La inversión, junto a la sanidad y la educación, ha sido siempre la palanca que han empleado los políticos para realizar los ajustes en el gasto público y reducir el galopante déficit
Esos 25.372 millones en inversión pública en 2019 representan el 4,9% del gasto total de las Administraciones Públicas frente al 5,1% de hace un año o, por ejemplo, el 11,9% en el inicio de la crisis en 2007 o el 9,7% en 1995 (inicio de la serie estadística). Es decir, el sector público sólo destina a obra nueva, reposición o mantenimiento de infraestructuras poco más de cuatro euros de cada 100 euros del presupuesto total. Ese porcentaje es del 3% (3,4% en 2018) respecto al gasto presupuestario total de la Administración Central. Alcanza el 5,8% en las autonomías (6,1% hace un año) y el 9,9% en los ayuntamientos.
Que el dinero público aporta poco músculo a la economía nacional lo demuestra el hecho de que esos 25.372 millones de inversión en 2019 sólo representan el 10,1% (un punto menos que hace un año) de los 249.176 millones que el conjunto de la economía (sector público y privado) destina a Formación Bruta de Capital Fijo. Es decir, el sector privado se encarga del 90% restante. Lo que evidencia que las Administraciones destinan cada vez más dinero a gasto improductivo y estructural y que el gasto en inversión sólo les sirve de comodín para intentar encajar las cifras del déficit a pesar de que la Constitución determina que los presupuestos públicos deben servir para crear las condiciones necesarias, generar actividad y tirar del carro de la economía.
