Bruselas ha sacado la tijera con el campo. El comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, desveló su paquete de reformas de la Política Agraria Comunitaria (PAC) 2021-2027, en el que incluye un recorte de los pagos directos de 1.050 millones de euros para el sector agrario español. Un dato que supone un 3,5% menos de lo acordado en el anterior plan 2014-2020.
Una rebaja que el sector considera que, sumado a la delicada situación que vive la agricultura española, puede suponer "un golpe definitivo". Los pagos directos son aquellos que van directamente al bolsillo del agricultor en base a los regímenes de ayuda a la renta. Por ello, su rebaja de 34.550 millones de euros a 33.400 millones de euros en el próximo período ha encendido las alarmas.
"Esta rebaja se une al recorte que ya se ha producido en los últimos años y el sector queda, sin duda, muy desprotegido", afirma Gabriel Trenzado, responsable de Asuntos para la Unión Europea de Cooperativas Agroalimentarias. "El presupuesto de la PAC tiene que quedarse, como mínimo, con el mismo presupuesto que en el último período, que ya era bajo", considera Ignacio López, director de Relaciones Internacionales de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja).
Esta rebaja se une al recorte que ya se ha producido en los últimos años y el sector queda, sin duda, muy desprotegido"
"La Comisión Europea no nos ha aclarado los detalles de este plan y la impresión general es que el cambio será a peor", valora Juan Ignacio Antonio Senovilla, secretario general de Agricultura de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), tras el encuentro con la Comisión de este lunes. UPA añade que ejecutar la nueva política será más difícil tanto para los profesionales del campo como para la Administración y se quejan de que “todavía no hemos afianzado el sistema anterior y ya estamos anulándolo”.
Este recorte ataca una herida abierta. Según los cálculos del sector, las ayudas de la PAC suponen cerca del 30% del total de la renta de la agricultura y el 70% se genera a través de un mercado que, según matiza Cooperativas Agro-alimentarias de España, está "en crisis". "Se está vendiendo por debajo del precio de coste, los jóvenes no se incorporan a la actividad y no permiten al sector alcanzar acuerdos de producción para poder afrontar de forma conjunta esta situación", señala Gabriel Trenzado.
"Un recorte moderado"
La Comisión Europea defiende este plan 2021-2027. "La propuesta legislativa introduce una política simplificada y modernizada que se adapta mejor a estos desafíos y objetivos". No obstante, apunta que "el recorte es moderado, con el objetivo financiar otras políticas y adaptarse a la salida del Reino Unido de la Unión Europea", declara.
Este nuevo proyecto de PAC sufrirá un recorte global del 5%, un 12% a precios constantes, sin tener en cuenta la inflación. No obstante, esta partida seguirá siendo la política más importante de la Unión Europea en términos de presupuesto, con un total de 365.000 millones de euros. Phil Hogan apunta que Bruselas garantiza con esta propuesta que los pagos directos seguirán siendo una parte fundamental de la PAC, pero insiste en la necesidad de una distribución "más equitativa".
Phil Hogan garantiza con esta propuesta que los pagos directos seguirán siendo una parte fundamental de la PAC
Por ello, el comisario plantea además un techo máximo de ayudas de entre 60.000 y 100.000 euros por explotación para garantizar una distribución más equitativa de los pagos, con el que Bruselas espera "dar margen de elección" a los países y favorecer a las pequeñas y medianas explotaciones que están "el corazón del modelo agrícola familiar europeo". Los países tendrán que, según esta propuesta, reservar como mínimo el 2% de su asignación para pagos directos y dedicar el importe así obtenido a ayudar al establecimiento de los jóvenes agricultores.
Más autonomía a los países
El plan presentado por el comisario europeo de Agricultura apuesta por dar más flexibilidad a los países a la hora de utilizar sus asignaciones de financiación, con la posibilidad de diseñar “programas a medida” que respondan más eficazmente a las preocupaciones de los agricultores y de las comunidades rurales más amplias. Para Ignacio López esta medida es "un arma de doble filo", ya que "podría impulsar la gestión local pero, a su vez, puede generar una distorsión del mercado".
Tampoco convence a Cooperativas Agro-alimentarias de España. "La incertidumbre sobre el presupuesto y su probable reducción hará muy complicado cubrir todos los frentes, especialmente cuando la Comisión plantea que la mejor manera de luchar por retos comunes europeos es el diseño de planes estratégicos por Estado miembro que pueden hacer peligrar la unidad del mercado y el impacto positivo de la PAC", apuntan.
Exigencia medioambientales
Por último, otro de los puntos que ha generado el disgusto del sector agrario son las exigencias medioambientales. Bruselas propone que cada Estado miembro ofrezca "regímenes ecológicos" por el que, al menos, el 30% de cada asignación nacional para desarrollo rural deberá dedicarse a medidas medioambientales y climáticas.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera que "no es de recibo que se planteen mayores exigencias medioambientales y de estándares de calidad y seguridad alimentaria y al mismo tiempo se propongan recortes presupuestarios que, sumados a pérdida poder adquisitivo por efecto de la inflación, pueden alcanzar el 16,6% en los fondos agrarios para el periodo 2021-2027", asegura en su comunicado.
La sostenibilidad medioambiental por sí sola no garantiza ningún éxito"
Para UPA, el establecimiento de condicionantes medioambientales más exigentes para recibir la ayuda básica “debe ser consecuente con la necesidad de alcanzar una sostenibilidad económica de la actividad agraria”. “La sostenibilidad medioambiental por sí sola no garantiza ningún éxito, si no se mantiene la razón fundamental de las explotaciones agrarias, que es la producción de alimentos”, sentencian.
El malestar es generalizado por parte de las principales asociaciones agrarias con el nuevo plan presentado por la Comisión Europea. Unas reivindicaciones que mantendrán hasta que se apruebe este presupuesto y esperan encontrar en el nuevo Ejecutivo un interlocutor que defienda su causa.
