Una sicav o sociedad de inversión de capital variable es un instrumento utilizado principalmente por grandes fortunas porque les permite invertir parte de su dinero y diferir el pago de impuestos gracias a que se acogen al régimen de incremento de patrimonio, como un fondo de invesión ordinario.
Estas sociedades son bastante comunes en Europa no solo entre las familias más acaudaladas, sino también como instrumento para gestionar fondos de inversión, gracias a sus ventajas fiscales: la sociedad paga un 1% de impuestos en concepto de sociedades, mientras que los rendimientos y plusvalías que generen tributan hasta el momento del reembolso, haciéndolo entonces como corresponda a la situación fiscal del titular, en función del país donde resida.
Para crear una sicav en España se deben cumplir algunos requisitos, como contar con al menos cien accionistas y un capital mínimo de 2,4 millones de euros; en el caso de una sicav por compartimentos, el capital mínimo desembolsado es de 480.000 euros. Existen también restricciones a la inversión del capital de la sicav, que debe estar destinado principalmente a valores admitidos a cotización y diversificado entre distintas sociedades.
Las ventajas
Aun así, el favorable tratamiento fiscal que permite el régimen de incremento de patrimonio sigue siendo el gran gancho para la creación de una sicav. Entre las mayores de España están Morinvest, en la que participa la empresaria Alicia Koplowitz; y Allocation, vinculada a la familia del Pino.
Al margen de las propias sicavs de grandes fortunas, hay numerosos fondos de inversión creados en el extranjero y comercializados en España que son gestionados por este tipo de sociedades de inversión y que suelen estar domiciliadas en Luxemburgo. Es el caso del fondo privado de pensiones suscrito por varios eurodiputados, cuya legalidad ha defendido el Parlamento Europeo este miércoles, y que ha llevado a dimitir al líder de IU Willy Meyer.
Una solución transitoria en el PE
El fondo se creó en 1994 por un grupo de entonces eurodiputados y al que se han ido añadiendo sucesivos parlamentarios europeos. La Eurocámara aclara que en junio de ese año, al constituirse el fondo de pensiones y ante la falta de un régimen común, la Mesa del Parlamento Europeo aceptó colaborar con ese fondo complementario. La fórmula escogida para este sistema fue una sicav, que el Parlamento insiste "es absolutamente legal y se utiliza frecuentemente para sistemas complementarios de pensiones".
En aquella época, los sueldos, cobertura y prestaciones sociales de los eurodiputados dependían de cada Estado miembro y sus normas nacionales. La Mesa del Parlamento Europeo salió de ese fondo en 2009, con la entrada en vigor del nuevo Estatuto del Eurodiputado, en virtud del cual los salarios y prestaciones sociales -incluidas las pensiones- pasaron a depender de las instituciones europeas. En ese momento "los eurodiputados fueron informados de la decisión del PE de retirarse del fondo" y que en consecuencia, de forma privada, podían decidir si continuaban sus aportaciones o no.
