Varios sindicatos han amenazado con movilizaciones contra la reciente decisión del Ministerio de Interior, dirigido en funciones por Fernando Grande-Maslaska, de retirar la seguridad privada de las prisiones de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura.
En un comunicado enviado por UGT, CCOO y USO, estos señalan que la decisión de Marlaska afecta al empleo de alrededor de 250 vigilantes de seguridad privada de la empresa Ombuds. Por ello, afirman, se "complica su posible subrogación ante una nueva adjudicataria del servicio de seguridad".
Los tres sindicatos convocan movilizaciones y protestas el próximo martes 14 de enero a las 12.00 horas frente al Ministerio de Interior, en Madrid.
Además, las tres centrales sindicales también instan a que los trabajadores se movilicen frente a la subdelegación de Gobierno de Ciudad Real y la delegación de Gobierno en Badajoz.
Esta decisión de Marlaska tiene origen en que, la delicada situación financiera de la compañía puso el foco en la seguridad de las cárceles el pasado verano, cuando saltaron las alertas de lo que podría ocurrir con la quiebra de la empresa que ha sido adjudicataria de contratos de la cartera que ahora conduce Marlaska desde 2001.
Los sindicatos aseguran que para resolverse la situación se debería haber "ampliado el contrato de Ombuds mes a mes hasta la nueva adjudicación"
Tras la quiebra de la compañía, ninguna otra quiso presentarse al concurso convocado para sustituir a Ombuds al frente de la seguridad de estos centros penitenciarios.
"Mala gestión de la empresa"
No obstante, los sindicatos aseguran que para resolverse la situación se debería haber "ampliado el contrato de Ombuds mes a mes hasta la nueva adjudicación" en lugar de la decisión tomada. UGT, CCOO y USO aseguran que esta petición fue "en principio validada y posteriormente rechazada desde Interior".
Asimismo, los tres sindicatos achacan la culpa de la situación de Ombuds a la "mala gestión de la empresa", que sigue admitiendo, según afirman, "precios en sus contratos que ni tan siquiera recogen en numerosas ocasiones los costes salariales mínimos del convenio". "No deben ser los trabajadores quienes sigan pagando las circunstancias", añaden.
