Los sindicatos españoles no han anunciado movilizaciones por la escalada de los precios hasta ahora, que han fijado para el 23 de marzo, justo el día antes del Consejo Europeo en el que el presidente del Gobierno confía en que se solucionen todos los males que afectan a los precios de la energía. La movilización sólo se dirige contra las empresas energéticas, el blanco de todas sus críticas, un "oligopolio", el que realmente "se está forrando", han subrayado, en alusión a las declaraciones del futuro líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha dicho que es "el Gobierno" el que se está forrando. Se movilizan contra las empresas y contra un ente abstracto: "El alza de precios". El Gobierno no es el receptor de sus críticas, al contrario, UGT y CCOO han secundado todas y cada una de las medidas que el Gobierno ha puesto encima de la mesa -que no aplicado todavía-. Las movilizaciones, que todavía no han detallado, serán en principio en los centros de trabajo por la mañana, aunque quedan por fijar marchas en pueblos y ciudades por la tarde que no parece que apunten al Ejecutivo.

Este escenario contrasta vivamente con el papel que están desempeñando las centrales sindicales de otros países, que además están muchos de ellos aplicando medidas de emergencia desde hace semanas. Sindicatos británicos, franceses, portugueses e italianos están exigiendo a sus respectivos gobiernos más ayudas y se están movilizando en este sentido.

"Los trabajadores de Reino Unido necesitarán protección contra aumentos aún más pronunciados en las facturas del gas debido al conflicto. El ministro de Hacienda debería introducir subvenciones para ayudar con los precios de la energía, implementar un programa de emergencia de aislamiento de viviendas y financiarlo con un impuesto sobre las ganancias extraordinarias de la energía”. Así lo ha pedido Frances O'Grady, secretaria general del TUC, la Confederación de sindicatos británicos, fundada en 1868, que se define como "la voz de los trabajadores británicos". El TUC y los sindicatos más grandes de Gran Bretaña están ejerciendo una presión creciente sobre el Gobierno y, en concreto, sobre Rishi Sunak, ministro de Hacienda y Finanzas, para que lance un paquete de apoyo de emergencia de ayuda a los hogares del Reino Unido con facturas de energía desbocadas. Se da por descontado que Sunak lo hará el próximo miércoles en su tradicional Declaración de primavera en la que suele presentar medidas en lo que se denomina el Minipresupuesto.

Los sindicatos británicos le han enviado una carta que han hecho pública en la que le instan a que haga un "cambio radical" en sus políticas y no aceptarán otra cosa. Reclaman ayudas muy contundentes para las familias y un impuesto del 100% a los beneficios de las empresas británicas que se están beneficiando de la crisis energética. Los préstamos de 200 libras, créditos y descuentos para familias vulnerables deben ser incrementados.

En Portugal, tras una reunión de varias horas con António Costa el 8 de marzo, la patronal salió con buenas impresiones, que contrastaron con las críticas del sindicato CGTP. El socialista Costa acababa de ofrecer la ampliación y aumento del valor del Autobono de 5 a 20 euros mensuales, que ya se había anunciado, una rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos, contemplaba una rebaja del IVA a estos productos a la espera de lograr el aval de la UE -que si no se logra se compensará, de hecho, ya ha anunciado que subvencionará 40 céntimos de euros por cada litro de combustible-, descuentos en gas envasado para familias de bajos ingresos y 150 millones de euros para el Fondo Medioambiental en la tarifa de acceso a la red para consumidores industriales. Isabel Camarinha, secretaria general de CGTP, ha advertido de todo tipo de movilizaciones contra el Ejecutivo de Costa.

Los sindicatos franceses CGT, Force Ouvrière, Sud-Solidaires y varios colectivos estudiantiles han impulsado una jornada de protestas y huelgas parciales a finales de enero para exigir aumentos salariales y así compensar la fuerte inflación. En París, la marcha culminó delante del Ministerio de Economía. Hubo unas 170 manifestaciones en todo el país.

Ante el alza de la inflación, el Gobierno francés anunció en otoño un cheque de 100 euros para la mitad de los trabajadores, que ganan menos de 2.000 euros. También ha bloqueado en un 4% la subida de la electricidad en febrero. Los conductores tendrán un descuento de 15 céntimos por litro de carburante, una medida que costará unos 2.000 millones de euros. Pero los sindicatos consideran estas medidas insuficientes. 

Hace unos días, el Gobierno confirmó la intención del presidente y candidato en los comicios de abril, Emmanuel Macron, de extender la jubilación hasta los 65 años, una medida que genera un rechazo amplio. La Confederación General del Trabajo (CGT), la Federación Sindical Unitaria (FSU), los Solidarios y la Unión Nacional de Sindicatos Autónomos (UNSA) salen hoy a la calle contra esta reforma de las pensiones y para demandar subidas salariales.

En Italia, el transporte ha bloqueado carreteras en protesta por el precio del gasóleo. En diciembre, la Confederación General Italia del Trabajo (CGIL) y la Unión Italiana del Trabajo (UIL) convocaron huelga general en contra de los Presupuestos de Mario Draghi. Para afrontar la subida de precios, Draghi ha prometido una ayuda de 16.000 millones de euros para a familias y empresas; además, va a eliminar en la factura los cargos del sistema para los usuarios domésticos de electricidad y para las empresas, y va a rebajar el IVA al 5%.

Como en Francia, uno de los puntos más discutidos y que ya provocaron la ruptura con Draghi, quien se levantó de la mesa de negociación, es la reforma del sistema de pensiones, con la llamada Cuota 102, que permitirá jubilarse a quienes tengan 64 años y 38 cotizados. 

Apoyo a las medidas de Sánchez

Los sindicatos españoles han apoyado los Presupuestos de Pedro Sánchez y la reforma de las pensiones. UGT y CCOO asumen los mensajes del Gobierno, hasta las modulaciones que hace éste de sus anuncios. La rebaja de impuestos que se anunció el domingo y el lunes y que ahora queda en barbecho no es para las centrales sindicales urgente pero sí que Europa cambie de inmediato el sistema de fijación de precios, como reclama Sánchez; no hablan de subir impuestos a las eléctricas pero sí de topar sus beneficios caídos del cielo, lo que también prefiere el Ejecutivo, y claman contra las críticas del PP a la aprobación de una partida de más de 20.000 millones de euros para el Ministerio de Igualdad, lo que aseguran que atenta contra los permisos de maternidad y paternidad.

En lo que les toca, el pacto de rentas que les ha encargado el Gobierno para que no se traslade la espiral inflacionista a los salarios han sido poco claros, han resaltado su importancia y la necesidad de que haya medidas de control de precios, sin precisar, aunque de momento se mueven en subidas de cerca del 5%.