La plataforma española de criptomonedas Bit2Me, invertida por Telefónica -además de por Investcorp e Inveready-, ha llegado a un acuerdo con la empresa de Arabia Saudí droppGroup, especializada en Web3, tecnología que permite personalizar aún más la navegación para cada usuario mediante la conexión de aplicaciones. El objetivo es llevar la innovación Web3 a empresas e instituciones de Arabia Saudí y del resto del mundo.
La saudí droppGroup ofrece soluciones que incluyen Inteligencia Artificial, aprendizaje automático, Realidad Extendida, redes tokenizadas y metaversos. Tecnologías que ya usan organizaciones y gobiernos a escala mundial.
Esta alianza permite a Bit2Me y droppGroup acelerar la integración de soluciones tecnológicas basadas en Web3 con sus respectivos clientes. La colaboración también incluye la creación de una red tokenizada y un programa de recompensas que permitirá a ambas empresas atender conjuntamente una mayor parte del mercado.
"Bit2Me también será el anfitrión de la emisión del token de droppGroup para sus clientes globales. Este token será un componente vital de las soluciones tecnológicas innovadoras de droppGroup y desbloqueará una gama de servicios y herramientas computacionales de dropp. El token también impulsará las capacidades de recompensas de Web3 de droppGroup, incentivando a los usuarios a participar en la red y contribuir a su crecimiento", explica Bit2Me en un comunicado.
Arabia Saudí tiene el 9,9% del accionariado de Telefónica
Hace unos días la empresa STC Group, participada por la familia real saudí, se hacía con un 9,9% de Telefónica. Algo que ha hecho saltar las alarmas en el Gobierno, dado que el operador presidido por José María Álvarez-Pallete es una empresa estratégica, considerada capital para el normal funcionamiento del país.
Ayer la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) lanzaba un comunicado explicando que la adquisición del paquete accionarial cumple con los requisitos establecidos por este organismo regulador.
Sin embargo, desde el Gobierno han explicado que analizarán en profundidad hasta qué punto la entrada de Arabia Saudí en el capital del operador puede ser comprometedor.
Cuenta con dos instrumentos para impedir que entre en el accionariado. El primero es el escudo antiopas lanzado durante el covid y renovado con la guerra de Ucrania. A partir del 10% de la posesión de capital de una empresa en otra (siempre que sea de carácter estratégico) el Ejecutivo tiene la potestad de impedir la compra. Algo que no aplica al caso de STC Group, que posee un 9,9%.
El Ministerio de Defensa sí tiene poder de decisión. En el caso de operaciones de compra con empresas que son críticas para la defensa del país, el porcentaje del 10% baja hasta el 5%.
