"Alivio". Así resumen los expertos del sector energético la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de mantener el polémico impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE). Una valoración que no compartirán desde los gigantes energéticos. Si la justicia europea hubiera optado por tumbar esta tasa, empresas como Endesa, Iberdrola o Naturgy habrían llamado a la puerta de la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, para reclamar compensaciones que habrían rondado los 10.000 millones tras llevar nueve años pagando este impuesto directo del 7%.

“El Ministerio de Transición Energética puede respirar con tranquilidad, ya que desaparecen los fantasmas de la retroactividad”, explica a Vozpópuli el director de Advanced Energy Consulting (AEC), Germán Palomo. “En el caso de una sentencia con anulación del impuesto de manera retroactiva, el Estado debería haber devuelto a los generadores más de 10.000 millones de euros, lo que hubiera sido un durísimo golpe para la estabilidad financiera del sistema”, añade. 

Ese movimiento habría tenido un segundo efecto sobre los consumidores. Desde 2012, donde se estima que la tasa ha recaudado 1.500 millones anuales, las empresas han trasladado a los clientes este impuesto que se creó durante el mandato de Mariano Rajoy, con el ministro José Manuel Soria con ideólogo de esta iniciativa. El objetivo era tapar los agujeros aquel sistema eléctrico con problemas de recaudación. 

“No se puede eliminar de golpe esta fuente de ingresos al sistema eléctrico”, considera Luis Villar, responsable de Política, Regulación y Estrategia en la consultora energética Mercados-Aries International. “En 2019 y 2020 se volvieron a generar déficits, por lo tanto, habría que sustituirlo por otra fuente alternativa de ingresos”, matiza. 

El fondo de Teresa Ribera

El terremoto que se ha evitado también habría tambaleado el famoso Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). Una medida estrella de la ministra Teresa Ribera que pretende que las energéticas, en mayor medida las petroleras, sean quienes financien el desarrollo de las renovables, en lugar de los usuarios. 

“La sentencia deja un sabor agridulce, porque por un lado supone un alivio para el gobierno y para el FNSSE, ya que hubiese obligado a replantear su desarrollo”, considera el socio líder en consultoría energía de PwC, Óscar Barrero. ”Pero, por otro, no olvidemos que el IVPEE ‘lastra’ el precio eléctrico y merma la competitividad de empresas y hogares”, comenta. 

Este fallo del TJUE acaba definitivamente con los movimientos de las grandes eléctricas españolas para acabar con este impuesto creado por el Gobierno de Mariano Rajoy y que ahora le toca defender a Teresa Ribera. Iberdrola llegó incluso hasta el Tribunal Supremo y el Constitucional para acabar con ello. Los argumentos que sostenían sus demandas es que Moncloa les estaba estableciendo una doble imposición, ya que este impuesto se une a la tasa de actividades económicas de las empresas que superan el millón de euros en ingresos. 

“El tribunal europeo considera que no hay doble imposición y por tanto no se opone a este tipo de impuesto a la generación”, matiza Germán Palomo. “Eso no quiere decir que este tipo de impuesto no distorsione el mercado eléctrico. No hay ni un solo mercado a nivel europeo que tenga este tipo de tributación y, por tanto, sería lógico que este tipo de recaudación se trasladase de manera transparente a los consumidores a través de los cargos regulados y que desaparezcan progresivamente. Siempre y cuando se reduzca el déficit del sistema”, puntualiza.

“En el caso de que hubiera decidido que el impuesto era nulo hubiera generado un enorme problema en el sistema eléctrico español”, explica Luis Villar. “Habría que haber restituido retroactivamente lo recaudado desde su entrada en vigor y te puedes imaginar el lío que se hubiera montado. Por eso creo que ha prevalecido la sensatez”, concluye.

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