Uno de los debates más polémicos que la crisis puso sobre la mesa fue el de la inadecuada dimensión de la estructura del Estado, con los costes que ello conlleva para la Administración. Las numerosas empresas públicas existentes, la mayoría de ellas de carácter autonómico o local, sobreviven gracias a los servicios encargados por las propias administraciones públicas que las sostienen y todo ello a través de un modelo como el de la encomienda de gestión que acaba de ser puesto en tela de juicio por el Tribunal de Cuentas en un informe en el que resume el absoluto descontrol que se da en este tipo de contratos.
En uno de sus últimos trabajos de fiscalización publicados, el Tribunal de Cuentas estima que la encomienda de gestión de una Administración autonómica a una empresa pública apenas está regulada tanto en la legislación nacional como en la autonómica, lo que hace que esta actividad se encuentre muchas veces sumida en la inseguridad jurídica.
La institución presidida por Ramón Álvarez de Miranda también aflora en su informe que, en muchos casos, una Comunidad Autónoma adjudica la prestación de un servicio determinado a empresas públicas "que carecen de la capacidad y los recursos necesarios para realizar la totalidad, o al menos una parte sustancial, de los encargos".
Una de las consecuencias de este desajuste es que las empresas públicas autonómicas se ven obligadas a recurrir a la subcontratación de determinados servicios. En este punto, el Tribunal de Cuentas ha observado que, con la excepción de las empresas pertenecientes al grupo Tragsa, no se establece un límite en las subcontrataciones ni tampoco existe un control de esta situación por parte de la Administración pública que llevó a cabo la encomienda original.
Encomiendas inadecuadas
No es de extrañar esta situación, ya que el organismo fiscalizador también denuncia en su informe que en algunos casos las prestaciones que se encargan en la encomienda no coinciden con el objeto social de la empresa pública que recibe la adjudicación o "no encajaban adecuadamente en el mismo o en su área de especialización funcional".
Como ejemplo de lo anterior, el Tribunal de Cuentas recoge el caso de las encomiendas del Gobierno de Aragón acerca de un "estudio de movilidad de viajeros en los trenes regionales que discurren por Aragón tras la reorganización de servicios de media distancia" y del "expurgo de expedientes judiciales para la gestión de los expedientes y documentos judiciales depositados en el archivo de los juzgados de familia ubicados en la Plaza del Pilar". Unas actividades que poco tienen que ver con las propias de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca que se contemplan en el objeto social de Sarga, la empresa a la que le fueron adjudicadas las encomiendas.
Casos similares se dieron durante el ejercicio 2013, al que se refiere el informe, en otras Comunidades Autónomas como Galicia, Cantabria, Murcia, La Rioja y Extremadura.
Cesión de trabajadores
En cuestiones económicas, las encomiendas de gestión tampoco resultan un ejemplo a seguir. El Tribunal de Cuentas ha detectado que en determinadas adjudicaciones no se da un esquema de tarifas que justifiquen los cálculos realizados para establecer los presupuestos. O, incluso, que se han empleado "valoraciones más genéricas o a tanto alzado".
El informe alerta igualmente de que muchos de estos encargos no están debidamente justificados ya que no existe un documento que explique por qué la Administración autonómica no puede realizar por sí misma los determinados trabajos que encomienda a una empresa. Derivado de esta cuestión, el Tribunal de Cuentas ha detectado también casos en los que se aprecia un riesgo de cesión de trabajadores por cuanto algunas de las encomiendas tienen como finalidad cubrir insuficiencias de plantilla.
