Caja Madrid propuso en octubre de 2009 la venta de sus sucursales al propio plan de pensiones de los empleados, según recoge UGT en una circular de entonces, titulada “Lo que nadie cuenta del Plan de Pensiones”. La propuesta llegaba en los últimos tiempos de la presidencia de Miguel Blesa y fuentes sindicales reconocen que la medida llegó “en uno de los primeros momentos de tensiones fuertes de liquidez de la entidad”.
Dicho documento recoge que “la comisión de control del Plan de Pensiones de Empleados viene estudiando entrar en la operación y comprarle sucursales a la caja. La oferta que nos ha planteado la Empresa es la siguiente:
-. Compra por el Plan de aproximadamente 158 locales, de todo tipo y en todo el estado.
-. El importe global estimado asciende a unos 165 millones de euros.
-. Plazo de alquiler a la caja, 25 años, más 4 prórrogas de 5 años más.
-. Rentabilidad: 6% sobre lo invertido, con revisión anual por IPC.”
La propuesta llegaba, según fuentes sindicales, por las primeras tensiones de liquidez serias que sufrió la entidad. La operación de lease-back de oficinas o incluso las propias sedes es habitual en España. De hecho, pocos meses después, ya con Blesa fuera de la presidencia, Caja Madrid vendió 97 oficinas a los fondos Cerberus y Drago Capital, por 96 millones de euros.
La nota recogía que “sólo los dos representantes de UGT en la Comisión de Control (7 por la caja y 9 por los partícipes/empleados) han expresado su oposición a la misma”. Los motivos para el rechazo rozan lo evidente: la inversión rozaría el 25% del patrimonio del fondo, lo que suponía una enorme concentración de riesgos, los precios del sector inmobiliario apuntaban claramente a la baja, el plazo era excesivo, no había garantía de recompra y, además, BBVA, Santander, Caixa Galicia o Banco Pastor ya estaban haciendo esa operación, por lo que “el mercado está saturado”.
De hecho, el plan ya tenía una posición amplia en inmuebles a través del fondo Lazora, que el propio sindicato pidió reducir o incluso deshacer. En definitiva, “esto es un préstamo hipotecario de los empleados a la entidad”, es decir, lo contrario de lo que cabría esperar.
Las fuentes sindicales señalan que la Comisión de Control estaba a favor, con mención expresa hacia CC OO y la organización de cuadros medios ACCAM. La situación se resolvió mediante la oportuna filtración del asunto a la Dirección General de Seguros, que vetó de facto la operación imponiendo condiciones técnica inasumibles como el traslado de depositaría, algo inédito y que habría significado “el traslado de toda la cartera a otra entidad financiera”.
