La llegada a Banco Popular de Antonio del Valle, considerado como uno de los principales responsables de derrocar al expresidente de la entidad Ángel Ron, no cumplió con la normativa de blanqueo de capitales, según un informe de inspección elaborado por el Banco de España en 2014 en el que se detectaron numerosas deficiencias en los procesos de supervisión en esta materia por parte de la entidad.
Del Valle, junto a un grupo de inversores mexicanos entre los que se encontraban algunas de las mayores fortunas del país azteca, aterrizó en Popular a finales de 2013 mediante una ampliación de capital de 450 millones de euros que le permitió hacerse con un 6% del capital del banco. En esta operación, según la inspección liderada por Alejandro Gobernado, Popular no cumplió con los protocolos de prevención de blanqueo de capitales requeridos por la normativa.
Popular puso a disposición del equipo inspector una serie de fichas en las que describía la identidad y la actividad de los inversores mexicanos. "No obstante, desde un punto de vista de prevención del blanqueo de capitales, se considera que dicha información es insuficiente, al no haberse elaborado ningún informe en el que se ponga de manifiesto que se ha podido identificar al titular real de todas las empresas u vehículos utilizados para suscribir las acciones", reza el documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli.
Popular no elaboró informes que identificasen al titular real de las empresas mediante las que los accionistas mexicanos compraron las acciones
Inspección
La inspección del Banco de España, que arrancó a finales de enero de 2014 y se prolongó durante casi un mes, consistió en la comprobación de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y puso el foco en la aplicación de medidas de diligencia debida y conservación de la información. Se encontraron numerosas irregularidades, entre ellas las referidas a las operaciones corporativas.
"Se ha constatado que la entidad no cuenta con un protocolo de prevención de blanqueo para operaciones corporativas y que, en consecuencia, no ha aplicado directamente medidas de diligencia debida a los inversores que han adquirido los títulos emitidos en estas operaciones". En concreto, los inspectores estudiaron tres operaciones, una emisión de CoCos por importe de 500 millones de euros acometida en 2013, otra de deuda senior por otros 500 millones y la ya mencionada ampliación de capital.
Además, la inspección detectó deficiencias en el perfil de riesgo de algunos clientes y en su identificación y determinó que era necesaria una mayor involucración y atención por parte del consejo de administración y de la comisión de auditoría en la supervisión del sistema de prevención contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
"Plan de choque"
Una vez que el Banco de España comunicó a Popular en julio de 2014 las incidencias detectadas en la inspección, el banco implementó "con carácter de urgencia" un "plan de acción", en cuya elaboración se contó con el asesoramiento de KPMG, para mejorar la prevención. Tras la primera fase de medidas, en noviembre de 2014 se acuerda designar a Deloitte como experto externo en materia de blanqueo de capitales, en sustitución de PwC, que lo había sido durante los diez años anteriores.
"Sobre el papel, estas medidas parece que van en la buena línea, no obstante, conviene resaltar que para poder opinar sobre el grado de implantación de las medidas comunicadas, sería preciso realizar actuaciones adicionales y disponer de información más detallada", comentó al respecto el inspector del Banco de España.
En cualquier caso, a finales de 2014 la comisión ejecutiva del Banco de España aprobó remitir al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) el informe de la inspección junto a una serie de recomendaciones para Popular para mejorar la prevención en esta materia. Este organismo, dependiente de Economía, decidió incoar un expediente al banco en julio de 2015, que concluyó sin sanción.
