El adelanto electoral en Cataluña ha terminado por arruinar el sueño de Pedro Sánchez de presentar, como decía, “en las próximas semanas” un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el presente año. España vive desde el 1 de enero con los presupuestos del pasado año prorrogados, al no haber podido ni presentar ni aprobar en tiempo y hora las cuentas nuevas en los plazos fijados por la Constitución.
El presidente del Gobierno había venido insistiendo en las últimas semanas en que había tiempo suficiente para presentar unos presupuestos actualizados, quizás alimentado por su voracidad recaudadora. El Gobierno tiene comprometidos ya los gastos para más de nueve millones de pensionistas y de los funcionarios públicos con sus correspondientes aumentos (del IPC, el 3,8%, para los primeros, y del 2% para los segundos), por lo que necesita incrementar los ingresos como sea. Y la mejor forma y también la más rápida es mediante la aprobación de nuevas figuras impositivas, como ha demostrado la experiencia de los dos últimos ejercicios.
No que da claro si la marcha atrás de Sánchez tiene que ver con el adelanto de las elecciones catalanas al 12 de mayo o con la causa que ha determinado el mismo: el hecho de que el parlamento de Cataluña haya tumbado los presupuestos de la comunidad para el año en curso. El Gobierno de la nación no está muy convencido ahora de tener los apoyos necesarios para aprobar las cuentas del Estado para este año. En su memoria tiene que estar archivada la imagen de Felipe González, en 1995, cuando no pudo sacar adelante los PGE de 1996, al retirarle la confianza CiU, y se vio obligado a convocar las elecciones generales, que acabaron con sus trece años de poder.
El problema que le surge a Pedro Sánchez es cómo hacer frente a un gasto público desbocado y un consumo público que ha alcanzado niveles récord en los últimos diez años y cuyo aumento continuado representa una amenaza para el control de déficit presupuestario, tal y como ha advertido el Banco de España.
Con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados, el Gobierno puede acomodar algunas medidas de ingreso y gasto ya previstas mediante el recurso al decreto-ley. También puede modificar algunos impuestos vigentes por este mismo sistema, pero no aprobar nuevos impuestos, que requerirían una ley específica.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha sido muy prolífico a la hora de concebir nuevos impuestos durante sus casi seis años de Gobierno, aunque los más llamativos se hayan hecho esperar hasta ser aprobados en 2002 y entrar en vigor en 2023: son los gravámenes temporales energéticos y de las entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, por un lado, y la creación del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Solo estos tres impuestos disfrazados de gravámenes permitieron recaudar en 2023 un total de 3.530 millones de euros, cuando en 2022 no existían.
Pero no son los únicos que han visto la luz en tiempos de Sánchez. Ahí están los impuestos sobre los plásticos de un solo uso, sobre determinados servicios digitales, sobre transacciones financieras (la denominada tasa Tobin), los gases fluorados de efecto invernadero... Además, el Gobierno ha aprobado la subida de los tipos decenas de veces en los impuestos sobre el IRPF, Sociedades, IVA, especiales y cotizaciones sociales.
Hacienda engorda la caja
Sobre la base de los datos que ofrece la Agencia Tributaria mensual y anualmente, desde el año 2019, el primero completo de la era Sánchez, el Gobierno ha recaudado en 2023 por estos nuevos impuestos creados más de 7.105 millones de euros, de los que 5.083 millones corresponden exclusivamente al ejercicio 2023. En este recuento no se han tenido en cuenta las variaciones al alza de los tipos impositivos en otros tributos ya existentes, una práctica que ha sido constante en estos últimos años, y que multiplicaría la cifra de ingresos varias veces.
A la cantidad anterior había que sumar el dinero recaudado por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional. El MEI es una cotización social adicional y finalista, que irá destinada al Fondo de Reserva de la Seguridad Social y que estará en vigor entre los años 2023 y 2032, al menos. Fue creada por el entonces ministro del ramo, José Luis Escrivá, con objeto de fortalecer el sistema público de pensiones. En su primer año de funcionamiento, el MEI tenía previsto recaudar 2.793 millones de euros. Hasta el mes de noviembre había ingresado de empresas y trabajadores (quienes pagan este recargo del 0,7% sobre los salarios) 2.466 millones de euros. El presupuesto inicial se cumplirá.
El nuevo impuesto/gravamen sobre las compañías energéticas (el castigo por el incremento de los precios de los combustibles fósiles desde la invasión de Ucrania) es el más rentable para el Estado. En su primer año de vigencia ha recaudado 1.644 millones de euros, un 30% más que el impuesto sobre los beneficios “caídos del cielo” de la banca (aquí por la subida de los tipos de interés del Banco Central desde julio de 2022), que ascendieron a 1.253 millones, según confirmó el propio Gobierno.
El tercero en orden de importancia es el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, creado por la Ley 38/2022 de 2022, que ha “recogido” 623 millones, menos de la mitad de lo que esperaba Moncloa. Apenas 12.010 contribuyentes con patrimonios por encima de los tres millones de euros han contribuido, a una media de 52.000 euros.
Otros impuestos
Aunque parezca que están concebidos para conservar el medio ambiente o mejorar los hábitos saludables de alimentación de las personas, estos dos impuestos sobre los plásticos no reutilizables y el aumento del IVA de las bebidas azucaradas del 10% al 21% tienen un objetivo recaudatorio detrás del maquillaje gubernamental de su justificación. Han permitido ingresar al Estado 938 millones de euros conjuntamente solo en 2023: 549 millones, el primero, y 389 millones, el segundo.
Pero hay más impuestos inventados. En 2020, se aprobó uno destinado a determinados servicios digitales. El Gobierno señaló en el preámbulo de la Ley 2/2020 que las nuevas maneras de hacer negocios, derivadas de la digitalización de la economía, no se basan en la presencia física de una empresa, por lo que el Impuesto sobre Sociedades no resultaba apropiado para “sacar tajada”. Por eso, en 2021 recaudó 166 millones; en 2022, 278 millones, y el pasado ejercicio, 303 millones.
Lo mismo pasa con el impuesto sobre transacciones financieras, bautizada como “tasa Tobin”. Se trata de un gravamen sobre operaciones financieras para estabilizar los mercados financieros y disminuir la especulación a corto plazo. Lo pagan las adquirentes de los valores y ha recaudado 695 millones en los tres años que lleva vigente, 203 millones el pasado año.
Techlogic
Dejando de lado lo evidente, y para qué ??? .