La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha incluido al antiguo INEM en uno de los proyectos que comprenden su "spending review", un proceso de revisión del gasto público que comenzó en 2018 y en el que pone el foco en algunas políticas que necesitan mejorar.
Como publicó este diario la semana pasada, el antiguo INEM, ahora denominado Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), recibe una partida de 5.700 millones de euros al año de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para llevar a cabo sus políticas de empleo, pero sólo un 26% de los parados en España recurre a sus servicios para intentar encontrar empleo.
Según recoge el Gobierno en el Programa de Estabilidad 2019-2022 que ha remitido esta semana a Bruselas, la Airef ha detectado varios problemas en el antiguo INEM que deberían mejorar. Este organismo ha comparado el servicio español con sus homólogos en otros países como Alemania, Francia o Australia y ha determinado que durante los últimos 25 años "han tenido un mejor comportamiento" que el español.
Para solventarlo proponen que el SEPE recabe una información más homogénea e integral. "Una buena información permitiría identificar las políticas que funcionan", explica.
Otro problema es que las políticas de empleo que lleva a cabo el SEPE son más eficaces en unas comunidades autónomas que otras, por lo que la Airef propone que los fondos no se repartan por igual entre todas ellas.
Más adecuación entre oferta y demanda
Creen también que hace falta una mayor vinculación entre la oferta y demanda de trabajo, lo que también contribuiría a "mejorar la calidad del gasto", y proponen revisar los incentivos a la contratación que da el SEPE (a través de bonificaciones y reducciones en las cuotas de la Seguridad Social), que están dotados con 2.600 millones de euros.
En concreto, apuestan por analizar los incentivos para jóvenes menores de 30 años, mujeres de 45 años, mujeres con infrarrepresentación en determinadas profesiones y oficios, transformación de contratos temporales es indefinidos, tarifa plana de trabajadores autónomos, reducciones al trabajo autónomo con carácter general y específico y contrataciones de personal con discapacidad.
"Se estima que la reorganización de los incentivos existentes podría llegar a un tener un impacto anual de 500 millones de euros desde 2020, lo que repercutirá positivamente en las cotizaciones sociales y la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social", señalan en el Programa.
