Los ataques del Gobierno a Ferrovial anticipan una batalla con la empresa justo en vísperas de las elecciones generales. A finales de noviembre es cuando la Agencia Tributaria (AEAT) revisará la última declaración del Impuesto sobre Sociedades que pretende ingresar la matriz de Ferrovial en España y en ella tiene que integrar la fusión inversa con la sociedad holandesa que la absorbe. Ferrovial pretende que la salida no tribute acogiéndose al régimen de neutralidad fiscal que posibilita la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Así se desprende de los motivos económicos y no fiscales que alega en la comunicación de su salida.
Sin embargo, el Ejecutivo español mantiene una posición beligerante en la que pone en duda estos motivos, precisamente los argumentos que utiliza Hacienda para cuestionar un cambio se sede, que le llevan a exigir un peaje fiscal por la salida.
Las empresas que pretenden cambiar su sede fiscal tienen tres meses para comunicárselo a Hacienda. Deben presentar su declaración del Impuesto sobre Sociedades -que se suele declarar en julio del año siguiente- por el periodo que va desde el 1 de enero al día en que se inscribe la fusión en el Registro Mercantil, el momento en que la sociedad muere como española y pasa a ser holandesa. El impuesto se declara en los 25 días que empiezan a contar cuando pasen seis meses desde la inscripción.
Es en esa declaración donde debe consignarse la salida, y el tono y las declaraciones de la vicepresidenta primera de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, muestran que la actitud de Hacienda no va a ser pacífica.
Una vez que se convoca la Junta General de Accionistas que debe decidir la salida, hay 35 días para que se celebre el cónclave. Ésta se va a celebrar el 12 de abril, con la previsión de que haya segunda convocatoria el 13 de abril. A partir de ahí, se abre un mes para que los accionistas minoritarios ejerzan el derecho de separación si lo estiman oportuno, con lo que todo el proceso podría finalizar el 13 de mayo. Y si la salida sigue adelante, la empresa deberá declarar entonces Sociedades el 13 de noviembre, explica Raúl Salas, socio de Fiscal de Roca Junyent.
La Agencia Tributaria tiene cuatro años para comprobar la salida, pero en casos similares suele optar por una inspección rápida, traslada fuentes conocedoras.
Este proceso puede generar tensiones importantes con el Fisco holandés, que reclamará la tributación de la empresa allí. El conflicto, en forma de acta levantada por Hacienda, desembocaría en el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) y de ahí llegaría a la Audiencia Nacional. En su periplo en los tribunales de Justicia, es previsible que alguno de ellos plantée cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Asimismo, un enfrentamiento de este calibre podría llevar a la empresa a denunciar una infracción del Derecho de la UE en lo que respecta a la libertad de establecimiento y de circulación de capitales ante la Comisión Europea, que podría acabar en el TJUE también. En un proceso de este tipo, Holanda, si no está en la causa ya de forma más directa, aparecerá como parte que podría acusar al Estado español.
Las acusaciones del Gobierno
En este sentido, Calviño ha advertido a Ferrovial: "Se podrían haber ido a Alemania si estuvieran buscando la triple A", preguntada en RNE por qué quiere decir cuando declara que el Gobierno está analizando la salida, y en alusión a que Hacienda estudia los motivos que ha dado la empresa. La mención a Alemania apunta directamente al motivo fiscal que Ferrovial niega, y Calviño ha insistido en su discurso contra lo que llama competencia fiscal desleal, e incluso ha apuntado contra la Comunidad de Madrid, ha que ha dicho que también la realizan algunas comunidades autónomas.
La vicepresidenta primera ha subrayado que el Gobierno tiene "serias dudas sobre la sustancia" de los argumentos de Ferrovial, lo que vigila Hacienda y el único ámbito en que puede actuar. Y cuando la amenaza velada de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, a activar el escudo antiopas en Ser Galicia, de muy dudosa legalidad, se perfila como un mensaje de presión a los pequeños accionistas. "No se está analizando", han trasladado fuentes de Asuntos Económicos. "Se ha podido malinterpretar" a Ribera, añaden.
La Ley del Impuesto sobre Sociedades, en su capítulo VII, contempla un régimen especial para las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea a otro Estado de la UE por el que la operación no tiene que pasar por caja y evitar que la fiscalidad sea un obstáculo para la realización de esta reestructuración empresarial.
Sin embargo, el artículo 89.2 de la Ley veta la aplicación de este régimen "cuando la operación realizada tenga como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal. En particular, el régimen no se aplicará cuando la operación no se efectúe por motivos económicos válidos, tales como la reestructuración o la racionalización de las actividades de las entidades que participan en la operación, sino con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal".
La compañía se ha apresurado a subrayar que la operación no tiene motivación fiscal, y lo cierto es que la matriz que se va tiene pérdidas en España y no paga Sociedades. Cuestión distinta es el ahorro que va a suponer escapar al gravamen del 5% sobre dividendos que impone el Gobierno de Pedro Sánchez desde 2021, cuando en Holanda están exentos al 100%, la principal ventaja del movimiento. Salvo que estableciera que la sucursal que deja en España es la que se los atribuirá.
Esta será precisamente la penalización que puede establecerse a las plusvalías latentes a valor de mercado en el momento de su salida, para lo que se calcula la diferencia entre dicho valor de mercado de las filiales y el valor de cartera de la matriz y de sus participadas en su balance. Son 24 las sociedades participadas de Ferrovial, S.A., según las Cuentas Anuales individuales de la entidad cerradas a 31/12/2022. Los cálculos que ha elaborado el Departamento Fiscal de Roca Junyent en Madrid para Vozpópuli en base a información pública, arrojan un peaje de, al menos, 130 millones de euros, según ha calculado el Departamento Fiscal de Roca Junyent en Madrid.
