Atresmedia y Mediaset preparan la nueva batalla legal contra la CNMC en la Audiencia Nacional. Ambos grupos y sus asesores legales ya trabajan en sendos recursos contencioso-administrativos para tratar de tumbar o al menos rebajar la multa de 77 millones que les ha impuesto el regulador por prácticas restrictivas en el mercado publicitario.
Esos recursos incluyen también la solicitud de medidas cautelares, ya que además de la sanción económica, la CNMC exige a ambas compañías modificar sus sistemas de comercialización de la publicidad en un plazo máximo de tres meses.
Para armar la defensa, las fuentes de sector consultadas por Vozpópuli apuntan a dos elementos clave: las actas de la sesión de la Sala de Competencia que acordó la sanción y el informe cruzado de la Sala de Supervisión Regulatoria.
La sala que preside José María Marín Quemada fue la encargada de acordar, no sin dificultad, una sanción que finalmente se cerró en 38,2 millones para Atresmedia y 38,9 millones para Mediaset, lo que representa el 4% de la facturación de cada grupo.
En un principio, la Dirección de Competencia que instruyó el caso determinó que las prácticas eran "graves" y propuso una sanción de 5% de la facturación, la máxima posible. Este porcentaje fue motivo de discusión entre los consejeros y hubo que negociar una rebaja de hasta el 4% para evitar votos particulares y ofrecer al mercado una imagen de unanimidad.
No obstante, las televisiones son conscientes de la disputa interna que ha generado el expediente y ya estudian la fórmula para hacerse con las actas de la sesión, una documentación que en principio es secreta.
De forma paralela, ambos grupos han puesto en el punto de mira el informe cruzado elaborado por la Sala de Supervisión Regulatoria. Como ya publicó Vozpópuli, la vicepresidenta María Fernández y el consejero Benigno Valdés emitieron dos votos en contra que figuran en el citado informe y que las teles también quieren usar para defenderse en los tribunales.
La guerra salta a los tribunales
La resolución del expediente solo ha sido un punto y aparte en la guerra que enfrenta a las televisiones con el regulador. La presentación de los recursos ante la Audiencia Nacional abrirá un nuevo episodio que probablemente salte posteriormente al Tribunal Supremo, por lo que el final no llegará hasta dentro de unos años.
Al mismo tiempo, otros players del sector han empezado a barruntar cómo mover ficha pese a que la sentencia todavía no es firme. Es el caso del empresario Blas Herrero, presidente de DKISS, que como ya desveló este diario, está estudiando emprender acciones legales.
También la Federación de Organismos y Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (Forta), personado en el expediente, está estudiando la resolución y podría también reclamar una indemnización, según apuntó recientemente El Español.
