Los créditos ICO, que se prometían como la gran medida estrella de este Gobierno contra el coronavirus, se están viendo deslucidos por el alto nivel de burocracia y por la evidente diferencia entre los bancos, en cuanto a digitalización y agilidad en los procesos. Las cifras, se miren por donde se miren, no cuadran. Mientras ya hay bancos como Santander que tienen agotadas prácticamente sus dos líneas de financiación, hay otros como Bankinter que esperan agotar el primer tramo a finales de este mes. Y a esto se le suma que las cifras oficiales que arroja el Ministerio de Economía son anecdóticas si se comparan con las que trabajan en los bancos.
A cierre de este viernes, el ICO tenía contabilizado unas 131.243 operaciones de financiación, con un importe avalado de 13.424 millones, lo que supone apenas un 30% de las líneas de créditos habilitadas hasta la fecha. Cabe recordar que el Gobierno ya ha dado luz verde a dos partidas de 20.000 millones cada una, lo que supone un total de 40.000 millones que se han repartido en su mayoría para pymes y autónomos (75%).
No teniendo suficiente, el Ejecutivo ya trabaja en dar salida a un nuevo tramo de estos avales. El Ministerio de Economía se ha visto obligado a preparar ya esta nueva partida porque hay entidades que van mucho más rápido que otras y ya han agotado sus dos líneas de financiación, como es el caso de Banco Santander. Tal y como ya publicó este medio, la entidad que preside Ana Botín se ha visto obligada a paralizar muchas operaciones por este motivo, y no es el único.
No obstante, hay otros jugadores que aún no han agotado su primera partida y tienen dificultad para hacerlo. Esto lo que hace es poner un freno al resto de entidades, porque según la norma que regula estos avales, los bancos se comprometen a no robarse clientes, lo que se traduce en que muchas empresas siguen esperando a su liquidez por los altos niveles de burocracias.
A esto hay que sumar la pasividad en el Gobierno, puesto que la norma permite traspasar a los bancos más activos los avales que queden sin usar pasado un tiempo, pero parece que esta opción no se baraja aún en Moncloa. De todas formas, también hay que reconocer que muchos de los créditos que aún no se han activado ya están aprobados, pero aún no han sido dados de alta en el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Informe conjunto con el Banco de España
Economía quiere tener una fotografía clara de la situación actual y por eso ha comenzado a preparar un informe junto al Banco de España para ver si los prestadores han cometido irregularidades y de ser así, proceder a multar a las entidades que no hayan seguido las indicaciones del Gobierno.
Aunque la función sancionadora recae en el organismo que preside Pablo Hernández de Cos, en esta ocasión, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) también podrá multar o amonestar en el caso de que encuentre alguna irregularidad, tal y como recoge el decreto ley en el que se exponen los pormenores de las garantías del Estado.
No obstante, este estudio no sólo servirá para encontrar posibles irregularidades; de hecho, la función principal para el que se ha creado es para ver cuáles son las operaciones que se están cerrando y para analizar qué tipo de crédito se está dando y en qué condiciones, para así poder redirigir, si fuera necesario, las próximas líneas de avales que aún faltan por comprometer.
