El Banco Central Europeo (BCE) fue determinante en la caída de Banco Popular. Dos inspecciones del regulador europeo detectaron un agujero de 3.764 millones tras la ampliación de capital de 2016, según actas del consejo del banco a las que ha tenido acceso Vozpópuli.
Estas inspecciones pusieron de manifiesto que la entidad no estaba lo suficientemente saneada tras la ampliación de capital de junio de 2016, liderada por el entonces presidente Ángel Ron. La primera de las inspecciones fue uno de los motivos por los que las pérdidas de 2016 fueron muy superiores a las previstas en la ampliación, lo que generó desconfianza entre los inversores: el grupo perdió 3.485 millones, frente a los 2.000 millones anunciados meses antes.
El resultado de la primera inspección se conoció el 14 de octubre de 2016, con un "impacto total" de 1.514 millones, según explicó al consejo el consejero delegado, Pedro Larena.
"Deficiencias relevantes"
Este análisis detectó que había que pasar créditos valorados en 2.380 millones de normales a dudosos y encontró "deficiencias relevantes" en las refinanciaciones. "La inspección entiende que existen 1.186 millones de refinanciaciones no identificadas como tales", detalla una de las actas del consejo de octubre de 2016.
En un consejo de enero de 2017 -en el que se estaban preparando las cuentas del año anterior-, Ron detalló esta inspección como uno de los elementos clave del desvío de resultados: "El presidente explica que la cuenta de resultados se desvía respecto a la adelantada en la ampliación de capital por la sentencia de las cláusulas suelo, el desistimiento de Indra en la operación Lorca, la decisión de no vender Popular Banca Privada, el retraso en el cierre de operaciones a causa de los procesos de cambio del presidente y del consejero delegado, y la inspección del BCE y la entrada en vigor del Anexo IX, fundamentalmente".
El desvío de los resultados produjo mucho nerviosismo entre los consejeros
Tras el primer golpe de 1.500 millones, el BCE empezó a examinar los activos adjudicados, que a ojos del mercado estaba peor provisionados. A la vez que concluía la anterior inspección, octubre de 2016, empezó la de los inmuebles.
La misma fue objeto de preocupación y preguntas constantes por parte de los consejeros en los meses siguientes -más que la anterior-. Larena predijo que el beneficio de 2017 caería hasta 150-200 millones, frente a los 500 millones previstos en el plan estratégico, y unas provisiones adicionales de 1.000 millones, de los que 300 serían por la inspección.
El único resultado semioficial de este examen se conoció el 6 de junio de 2017, el día de la declaración de inviabilidad del banco. El entonces presidente explicó al resto de consejeros que "la provisión de inmuebles es razonablemente previsible que acabe siendo mayor, ya sea por incorporar las estimaciones preliminares que el equipo de inspección del BCE que está analizando en la actualidad la cartera ha transmitido verbalmente a la entidad, llegando a un total de 2.250 millones de euros".
Estas inspecciones y el desvío en los resultados de 2016 provocaron muchos nervios entre los consejeros. Vicente Tardío señaló que "lo que me preocupa es que hay un problema de que no hay control en la entrada de morosos". Y José María Arias, expresidente de Pastor, defendió "que hace unas sesiones del consejo ya planteó que la ampliación no iba a ser suficiente".
Una parte del consejo cree que este agujero se podría haber tapado con desinversiones en participadas -WiZink, Targobank y Totalbank- y operaciones como 'Sunrise', para sacar ladrillo del balance.
