El Banco Central Europeo (BCE) quiere mantener en secreto, y que no se filtre, la documentación relativa a las inspecciones que realizó sobre Banco Popular en sus últimos años de vida como entidad independiente. Por ello, ha solicitado al juez Fernando Andreu, instructor de la causa que investiga la resolución de Popular en la Audiencia Nacional, tomar las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información que ha aportado al procedimiento, según ha podido saber este medio.
El pasado febrero, el magistrado pidió al BCE una copia certificada del documento resultante del Programa de Supervisión Ordinaria llevado a cabo por el BCE sobre Popular en 2016 y 2017. Esta documentación es de carácter confidencial, pero al tratarse de un procedimiento penal la institución que preside Mario Draghi ha accedido a facilitar la información, que ya se encuentra en un pendrive en la Audiencia Nacional, con la condición de que se mantenga en secreto.
De hecho, en la carta que da respuesta a la diligencia del juez, el BCE solicita expresamente al juzgado tomar las medidas necesarias para garantizar el secreto de estos documentos. En cualquier caso, como adelantó Vozpópuli, en el marco de estas investigaciones, el supervisor detectó un agujero de más de 3.700 millones de euros en Popular.
Los documentos aportados a la causa por el BCE se encuentran bajo custodia en la Audiencia Nacional en un pendrive
Para seguir las 'recomendaciones' de Fráncfort, el juez Andreu encargó el pasado miércoles al Fiscal especial para la represión de delitos económicos relacionados con la corrupción determinar las medidas que considere oportunas para "asegurar la confidencialidad" de los informes, de acuerdo a una providencia a la que ha tenido acceso este diario. Es la primera vez en el marco de este procedimiento que el magistrado realiza una petición de este carácter, según las fuentes consultadas.
Por el momento, el pendrive en cuestión, que contiene los informes de supervisión sobre Popular elaborados por el BCE en el último año y medio de vida de Popular, se mantiene bajo custodia en sede judicial. Es previsible que para poder consultar esta documentación las partes deban desplazarse a la Audiencia Nacional, según fuentes jurídicas, aunque será el fiscal quien determine el procedimiento a adoptar.
Agujero de 3.764M
Según las actas de las reuniones de los consejos de administración de Popular, dos inspecciones del supervisor bancario detectaron un agujero de 3.764 millones de euros tras la ampliación de capital de 2016.
En la primera de ellas, enfocada en la cartera crediticia del banco, acometida entre el 22 de octubre 2015 y el 14 de septiembre de 2016 y cuyos resultados conoció el máximo órgano de Gobierno de Popular el 14 de octubre de 2016, el BCE encontró "deficiencias relevantes" en las refinanciaciones y en la condonación de una deuda de 220 millones a Gestión de Activos Castellana 40 (GAC40).
El "impacto total" de esta inspección fue de 1.514 millones de euros, y fue uno de los factores que explicaron el desvío de los resultados de Popular en 2016, cuando el grupo perdió 3.485 millones, frente a los 2.000 millones anunciados meses antes.
Por su parte, la segunda inspección comenzó en octubre de 2016 y se centró sobre los inmuebles de Popular. El único resultado semioficial de este examen se conoció el día de la declaración de inviabilidad del banco, el 6 de junio de 2017.
El entonces presidente, Emilio Saracho, explicó al consejo que "la provisión de inmuebles es razonablemente previsible que acabe siendo mayor, ya sea por incorporar las estimaciones preliminares que el equipo de inspección del BCE que está analizando en la actualidad la cartera ha transmitido verbalmente a la entidad, llegando a un total de 2.250 millones de euros".
