La tramitación de la nueva Ley Hipotecaria no se puede demorar más. La transposición de la directiva europea sobre hipotecas tenía que haber estado lista hace más de dos años, por lo que España se expone a una cuantiosa multa por parte de las autoridades comunitarias. Y así se lo ha recordado Bruselas al Gobierno de Pedro Sánchez, que trabaja contrarreloj para evitar una sanción cuya amenaza es real, según distintas fuentes del sector consultadas por Vozpópuli.
La norma tendría que haber entrado en vigor antes de marzo de 2016, pero las dificultades para formar Gobierno en 2015 y la repetición de las elecciones generales retrasaron la adaptación de la legislación española a los estándares comunitarios en materia de crédito inmobiliario. Esto provocó que la Comisión Europea presentase el pasado septiembre un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el que reclamaba una multa de 105.991,6 euros diarios a España.
En noviembre de 2017, el anterior Ejecutivo aprobó el proyecto de ley de la nueva ley hipotecaria, entre cuyas principales novedades destacan la rebaja de las comisiones por amortización anticipada y cambio de hipoteca a tipo variable a tipo fijo, así como otras medidas para reforzar la transparencia de los contratos. Estaba previsto que entrase en vigor en los primeros seis meses de este año, pero la moción de censura de Pedro Sánchez y la formación de un nuevo Gobierno han dilatado todavía más el proceso.
Cuatro meses en el dique seco
Lo cierto es que la tramitación de la norma lleva cuatro meses en el dique seco. Las autoridades comunitarias suelen conceder cierta manga ancha cuando se produce un cambio de Ejecutivo, pero según las fuentes consultadas, desde Europa se ha insistido al nuevo Gobierno en que existe una amenaza de sanción que puede hacerse efectiva.
El Ministerio de Economía y Trabajo no ha querido comentar este punto concreto, pero la propia ministra de Economía, Nadia Calviño, ya reconoció en diversas ocasiones que la tramitación de la nueva ley hipotecaria es uno de los asuntos más urgentes en su agenda. De hecho, se pidió al Congreso habilitar el mes de julio para debatir las enmiendas. Además, el pasado 13 de julio el Consejo de Ministros acordó solicitar que la tramitación de esta ley en el Senado se realizase de forma urgente, reduciendo los plazos de la Cámara Alta de dos meses a veinte días.
Está previsto que la negociación de las enmiendas comience en septiembre, junto al reinicio del curso parlamentario en el Congreso de los Diputados
Calendario
No obstante, en la reunión de la ponencia que se produjo el pasado 27 de julio tan solo se establecieron los plazos y métodos de la negociación que mantendrán los diferentes grupos parlamentarios a partir de septiembre, cuando se reinicie el curso parlamentario.
Ante la urgencia de la situación, está previsto que esta misma semana el Grupo Parlamentario Socialista remita al resto de formaciones una propuesta sobre la que negociar en las primeras semanas de septiembre, después de que en agosto, mes tradicionalmente inhábil, la formación de gobierno haya trabajado en el análisis de las 200 enmiendas presentadas al proyecto de ley.
La intención del Gobierno y del PSOE es que la ponencia envíe su dictamen a la Comisión de Economía -que tiene potestad legislativa plena- el próximo mes con el objetivo de avanzar lo máximo posible en la tramitación.
Acelerará la concesión de hipotecas
Además de evitar una sanción europea, la aprobación de la nueva ley hipotecaria podría suponer un incentivo a la concesión de hipotecas. A pesar de que la producción hipotecaria se encuentre en máximos desde 2010, algunos bancos creen que el retraso en la tramitación de la norma frena la concesión de nuevos créditos inmobiliarios a particulares, según se desprende de la última Encuesta sobre Préstamos Bancarios en España elaborada por el Banco de España.
"La futura ley hipotecaria, que está tramitándose actualmente, habría podido tener, según algunas entidades encuestadas, una incidencia negativa sobre las solicitudes de nuevos préstamos para adquisición de inmuebles, demorándolas hasta que dicha norma entre en vigor -lo hará, previsiblemente, a lo largo de este año-", reza el citado documento.
