La Comisión Europea (CE) no va a permitir que los Estados Miembros dejen sin realizar reformas a las que se han comprometido en el Plan de Recuperación con la excusa de la inflación y la falta de suministros. Es la decisión que ha tomado en la reasignación del Plan que acomete por la guerra en Ucrania y que en el caso de España implicará que el Gobierno de Pedro Sánchez no podrá aplazar la reforma fiscal que ha prometido para antes de abril de 2023, según ha podido saber Vozpópuli. Si lo hace, pondrá en peligro la asignación de fondos.
El Ejecutivo comunitario va a publicar el 30 de junio los datos finales de la asignación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en los distintos Estados miembros teniendo en cuenta la caída del PIB, un trámite que ya estaba previsto. En estos momentos ultima además la publicación de modificaciones del Reglamento del Plan para adaptarse a las nuevas necesidades energéticas y económicas que ha originado la invasión de Ucrania, entre las que destaca el Plan REPowerEU.
La Comisión va a permitir que se dejen sin hacer inversiones, que podrán reformularse, por la inflación y el retraso de suministros. Pero no lo va a hacer en el caso de las reformas. Esta decisión afecta sobre todo a la reforma fiscal que prometió Sánchez a Bruselas, en la que prevé una subida notable de impuestos medioambientales, entre otras.
Reformas fiscal y de las pensiones
La reforma resultaba problemática para el Gobierno ya antes de la guerra por la elevada inflación y el alza de precios de la energía. Y porque está previsto que entre en vigor coincidiendo con las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023 y poco antes de las generales de diciembre.
La presentación del informe de los expertos que ha designado el Ministerio de Hacienda se produjo poco después de que empezara la guerra y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se apresuró a decir que las subidas de impuestos que recomiendan no se iban a acometer en el corto y medio plazo.
Las principales peticiones de los expertos son una subida de impuestos verdes de hasta 15.000 millones y de Sucesiones y Patrimonio para obligar a la Comunidad de Madrid a subirlos.
El Programa de Estabilidad que remitió el Gobierno a Bruselas el 29 de abril plantea un escenario sin subidas de impuestos hasta 2025, para lo que pide margen a la Comisión. Asimismo, señala que la reforma de las pensiones va a necesitar de más impuestos. Finalmente, el Ejecutivo comunitario ha propuesto mantener suspendidas las reglas fiscales también en 2023, lo que permitiría a Sánchez aplazar la reforma fiscal. Pero no va a ser así.
En el Paquete de Primavera que presentó el lunes, la Comisión ya advertía de que España se ha comprometido a que una reforma fiscal "amplia" entre en vigor en el primer trimestre de 2023. A lo que se suma que en el marco del Reglamento del Plan no permitirá modificaciones en las reformas, con lo que no se podrán negociar cambios.
Esto también afecta a otras reformas, como la de las pensiones, lo que implica que el Gobierno no podría aunque quisiera desligar su revalorización del IPC. Lo que sí debe hacer es ofrecer un mecanismo que haga sostenible el sistema, que el Gobierno ha aprobado y que ha sido cuestionado por Banco de España y otros organismos, ya pero que no se analizará hasta dentro de un año, en la antesala de las elecciones.
A esto se añaden otras tantas reformas, como la polémica que quiere que los autónomos coticen según sus ingresos reales, que el Gobierno está descafeinando para poder aprobar in extremis un texto de mínimos. O la que pretende ampliar el cómputo del cálculo, sobre la que Podemos y los sindicatos han puesto varias líneas rojas, y en la que de momento se ha pospuesto el inicio de negociaciones a después de las elecciones andaluzas del 19J.
REPowerEU
Entre las modificaciones, destaca el Plan para poner fin a la dependencia de la UE con respecto a los combustibles fósiles rusos o Plan REPowerEU. Tras su publicación, los Estados miembros tendrán 30 días para trasladar sus peticiones. En el caso de España, que todavía no ha pedido la adenda de 70.000 millones en préstamos, van a coincidir los dos procesos.
REpowerEU parte de una doble urgencia para transformar el sistema energético europeo: poner fin a la dependencia de la UE con respecto a los combustibles fósiles rusos, que se utilizan como arma económica y política y cuestan a los contribuyentes europeos casi 100.000 millones de euros al año, y hacer frente a la crisis climática, según ha explicado el Ejecutivo comunitario.
La Comisión propone mejorar las medidas de eficiencia energética a largo plazo, incluido un aumento del 9% al 13% del objetivo vinculante de eficiencia energética en el marco del paquete Objetivo 55, diversificar los suministros, acelerar el despliegue de las energías renovables -y aumentar el objetivo principal para 2030 en materia de energías renovables del 40% al 45%, con medidas como duplicar la capacidad solar fotovoltaica de aquí a 2025 e instalar 600 GW de aquí a 2030 y una Iniciativa de energía solar en los tejados-. y reducir el consumo de combustibles fósiles en la industria y el transporte.
La consecución de los objetivos del Plan REPowerEU requiere una inversión adicional de 210.000 millones de euros. Para apoyar el Plan REPowerEU, ya están disponibles 225.000 millones de euros en préstamos en el marco del Plan de Recuperación. Además, la Comisión propone aumentar la dotación financiera del Plan con 20.000 millones de euros en subvenciones procedentes de la venta de derechos de emisión del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE actualmente en la reserva de estabilidad del mercado.
