El nuevo Cupo catalán que el PSOE se ha comprometido a negociar con Junts "de entrada" supondrá una pérdida de cerca de 30.000 millones de euros al año para el resto de españoles que viven en comunidades de régimen común. Es el cálculo que ha hecho Vozpópuli con la ayuda de Santiago Álvarez, profesor titular de Hacienda Pública y Sistema Fiscal Español en la Universidad de Oviedo, de lo que aporta Cataluña al sistema de financiación y de lo que recauda de tributos estatales la Agencia Tributaria (AEAT) en Cataluña que pasaría a ingresar la comunidad.
Montero alerta de una "especie de nuevo nacionalismo madrileño" que está saliendo a la calle a reivindicarse al grito de "Cataluña nos roba o el País Vasco nos roba"
Precisamente este lunes, la vicepresidenta cuarta y 'número dos' del PSOE, María Jesús Montero, ha alertado en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum de una "especie de nuevo nacionalismo madrileño" que, según ha dicho, está saliendo a la calle estos últimos días a reivindicarse al grito de "Cataluña nos roba o el País Vasco nos roba, atacando a la prensa o esgrimiendo una supuesta deslegitimación del Estado democrático".
"Actitudes lamentables cuando justamente lo que buscamos es fortalecer nuestra convivencia en democracia desde el respeto a la ley y a la Constitución. Por eso, sería bueno que en esta nueva etapa que se ha abierto todos los responsables públicos nos comprometamos a bajar la tensión y el ruido dialéctico. Yo creo que la ciudadanía lo agradecería", ha proclamado Montero.
En la Constitución sólo se reconoce el modelo propio de País Vasco y Navarra y el sistema de financiación se construye sin ellas. Su objetivo, la igualdad del resto de territorios, que todas las comunidades garanticen a sus ciudadanos los servicios públicos en las mismas condiciones. Para lograrlo, contempla una serie de trasferencias tanto verticales, desde el Estado a las regiones, como entre los mismos territorios, donde los más ricos aportan más de lo que reciben y viceversa.
El modelo de financiación autonómica aprobado en 2009 incluye dos fondos de nivelación vertical, el Fondo de Suficiencia Global y los llamados Fondos de Convergencia Autonómica, y un fondo de nivelación horizontal, el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF), que redistribuye recursos entre las Comunidades de régimen común.
Madrid, Cataluña y Baleares son las aportadoras netas al Fondo de Garantía por ser las que tienen más PIB, pero el peso lo llevan especialmente Madrid y Cataluña, por este orden.
Pues bien, según la Liquidación del Sistema de Financiación Autonómica correspondiente al Ejercicio 2021, Cataluña aporta 1.522 millones al Fondo de Garantía. A esto se añade que la AEAT recauda en Cataluña cerca de 50.000 millones en impuestos estatales. En el caso del IRPF y del IVA, las CCAA se llevan el 50% de lo recaudado allí; de los Impuestos Especiales, el 58%.
Si contamos con que Cataluña pasaría a ingresar el total de estos impuestos, junto con el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, más otros impuestos medioambientales, y la tasas Google y Tobin, entre otros que no están cedidos, se obtiene que el Estado y las comunidades perderían cerca de 28.000 millones al año, lo que asciende a 30.000 si se le suma lo que aporta al Fondo de Garantía.
Esto supondría, como ha informado Vozpópuli, dinamitar el sistema y obligar a Madrid a sostener a las demás, lo que los expertos creen que sería imposible de asumir. Si Madrid se saliera del sistema, el resto de CCAA perderían 34.500 millones.
El pacto
El pacto que han firmado el PSOE y Junts contiene la cesión del 100% de los impuestos pagados en Cataluña y un Cupo, que el PSOE se compromete a negociar. La primera supone trocear la Agencia Tributaria (AEAT) y la creación de una Agencia Tributaria Catalana independiente, lo que ya apunta a un Cupo como el vasco. Este Cupo se desarrollará además mediante "una modificación de la LOFCA que establezca una cláusula e excepción de Catalunya que reconozca la singularidad".
Esto se tratará "de entrada" y "en la primera reunión de negociación a celebrar este mes de noviembre", dice el acuerdo, para lo que sólo quedarían tres días. A su vez, ERC ya anunció el jueves que ha encargado al equipo económico del Govern una propuesta de financiación singular para Cataluña y avisó a Pedro Sánchez: "Para que la legislatura avance, debe cumplir los compromisos y la negociación debe avanzar".
El PSOE sí se compromete ya a "apostar por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya".
Ganadores y perdedores
Las tres Comunidades con mayor capacidad fiscal, Madrid, Cataluña e Islas Baleares, son aportantes netas de recursos a este mecanismo, mientas las otras 12 Comunidades de régimen común son beneficiarias netas del mismo, ya que sus necesidades de gasto exceden de su capacidad fiscal.
El relato victimista de Cataluña sobre su lugar en el sistema de financiación no se cumple desde ningún ángulo. Ni está entre las más perjudicadas ni es la que más aporta. Según el informe de Fedea La liquidación de 2021 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha son las cuatro comunidades de régimen común que registraron en 2021 un índice de financiación a competencias homogéneas por habitante ajustado por debajo de la media.
Si la financiación media relativa por habitante ajustado es 100, los índices de estas autonomías son 90,8, 92,1, 94,3 y 95, respectivamente. Cantabria, Baleares, La Rioja, Extremadura y Canarias están en el otro extremo de la lista, con un índice respectivo del 115,3, 114,6, 112,7, 110,9 y 107,1. Madrid (102,1) y Cataluña (101,7) están en la media.
La no participación de Cataluña en el FGSPF supondría una disminución del 16,14% de los recursos destinados a la solidaridad interterritorial, según cálculos de Santiago Álvarez. En términos absolutos si se tiene en cuenta sólo este fondo, las Comunidades más perjudicadas habrían sido Andalucía, con una pérdida de 343 millones de euros, la Comunidad de Madrid, que habría tenido que aportar otros 270 millones de euros adicionales, y la Comunidad Valenciana, que habría dejado de ingresar 203 millones de euros.
En términos relativos, la Comunidad más perjudicada habría sido Cantabria, con una pérdida del 36% de los recursos que recibe del Fondo, seguida de Aragón, que perdería el 26,2%.
"Por desgracia este sería solamente un primer efecto, inmediato y directo, de la aprobación de un sistema en la que la solidaridad interterritorial quedaría desterrada, o al menos se vería fuertemente limitada, y con ella el derecho de los españoles a recibir los mismos servicios básicos con el mismo esfuerzo fiscal con independencia del territorio en que residen", advierte Santiago Álvarez.
