El ejercicio 2022 no fue el que se esperaba en el sector de la automoción, ni por el volumen de ventas globales de coches, ni por el avance del coche eléctrico, ni mucho menos por el desarrollo de las infraestructuras de recarga públicas. Muy lejos de lo prometido por un Gobierno que no ha sido capaz ni de acercarse mínimamente a los datos que prometía para poder cumplir con los objetivos marcados de descarbonización.
Y a todo ello se sumó un ineficiente desarrollo del Perte VEC que dejó casi un 80% de los fondos sin asignar, con recortes incluidos de última hora que llegó a poner en riesgo uno de los proyectos más ambiciosos para nuestro país como es el de la fábrica de baterías de Volkswagen en Sagunto (Valencia). Un proyecto esencial para que los planes de producción de coches eléctricos en plantas como la de Seat en Martorell (Barcelona). o la de Volkswagen en Navarra, no se vinieran abajo.
Afortunadamente, el grupo alemán mantuvo sus planes a pesar de que las subvenciones del Perte han sido muy inferiores a las esperadas para el desarrollo de sus inversiones. Unas subvenciones que apenas han supuesto poco más del 20% de los fondos disponibles, una ejecución sin duda muy criticada por prácticamente todo el sector de la automoción.
Por ello, este 2023 recién estrenado va a estar marcado sobre todo por la gestión de unos fondos que todavía atesoran más de dos mil millones de euros pendientes de adjudicar. Una gestión sin duda ineficiente, como también lo ha sido la de las infraestructuras de recarga pública para un parque de coches eléctricos que crece a mejor ritmo que aquellas, pero que podría estancarse si no avanzan en la medida necesaria y si el Gobierno no rediseña un Plan Moves que, en la actualidad, no genera ayuda real alguna a la compra por cuanto el cliente debe adelantar el importe completo en la compra y esperar, y pelear, casi un año para recibir la subvención.
A pesar de todo ello, el Gobierno destacaba que el Perte VEC ha servido para situar a España "en el mapa" desde el punto de vista de la cadena de valor. Pero la realidad es que la cuantía de las ayudas adjudicadas en la primera convocatoria de este Perte en 2022 fueron inferiores a los 800 millones de euros, de los que casi 270 millones de euros se corresponden a préstamos, y apenas 525 millones de euros a subvenciones.
Y es que con una dotación inicial de 2.975 millones de euros para ayudas, quedan todavía para este 2023 cerca de 2.200 millones de euros por repartir en una segunda convocatoria anunciada para este inicio de año. En principio a lo largo del primer trimestre serán otorgadas, en el cual se espera que se flexibilicen aspectos como los porcentajes de avales que tendrán que presentar las empresas para facilitar todo el proceso.
Unas ayudas fundamentales para que la industria española repunte y asegure su futuro y el de los cientos de miles de empleos que genera, unas inversiones imprescindibles para todo el proceso de transformación que está viviendo el sector de cara a una electrificación que ya está marcando el devenir de una industria, la segunda de Europa por volumen de producción, que no quiere perder peso en el Viejo Continente.
Impulso a las infraestructuras
Y si la industria este 2023 estará pendiente del Perte VEC y los más de dos mil millones de euros pendientes de su asignación, el coche eléctrico seguirá siendo foco de atención en un doble sentido: su todavía lenta penetración en el mercado y el necesario incremento de los puntos de recarga públicos.
Ya lo dejó claro la ministra Maroto días atrás preguntada por la industria automovilística, señalando la necesidad de que en este 2023 se dé un fuerte impulso a la infraestructura de recarga para los vehículos eléctricos. "2023 va a ser muy importante, sobre todo en el despliegue de los puntos de recarga. Tenemos que dar confianza a la gente para que compren un vehículo eléctrico y tengan confianza de poder recargarlo", aseveraba.
Y aunque reconocía que a día de hoy el precio de los vehículos eléctricos sigue estando muy lejos de ser asequible para la mayoría de las rentas en el país, cree que los 600 millones de euros movilizados a través del Plan Moves para facilitar la compra de vehículos eléctricos debiera ayudar a seguir aumentando sus ventas.
Sin embargo, desde las patronales del sector automovilístico español se cuestiona la efectividad de esta medida y reclaman al Gobierno que agilice la aplicación de estos incentivos a la compra para que sea una ayuda real y evite retrasos de hasta un año para recibir las ayudas.
Y es que en España existe el riesgo de que no se logre bajar el precio de los vehículos eléctricos y reducirlos hasta que sean comparables a los de combustión en 2035, año en el que estos últimos dejarán de comercializarse en la Unión Europea.
Así lo creen el 62% de los expertos encuestados para un informe sectorial que considera que existe ese riesgo, por lo que si no se logra bajar los precios de los coches eléctricos a niveles competitivos, será difícil prohibir la venta de vehículos de combustión en 2035 y lo convertirá en una meta "utópica".
Una burocracia, la de las ayudas a la compra que se espera, se agilice también a la hora de poner en marcha nuevos puntos de recarga eléctrica, pues hay miles de ellos ya instalados, pero que no están operativos por retrasos administrativos.
Un motivo, el de la falta de infraestructuras, que está retrasando la electrificación del parque automovilístico, pues 2022 cerró con apenas 15.000 puntos de carga pública, muy lejos de los 45.000 que era el plan anunciado para este año. Un retraso que según el Gobierno se solucionará a lo largo de este año, y que contempla que a finales de 2023 haya 100.000 puntos de carga en España para que la infraestructura deje poco a poco de ser un problema.
