La falta del despliegue de las infraestructuras de recarga eléctrica de acceso público es una de las principales barreras para la progresiva incorporación de los vehículos eléctricos al parque automovilístico español. El Gobierno, conscientes de ello, va a preparar a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un listado de estaciones de servicio que estarán obligadas a tener puntos de recarga eléctrica como parte del impulso al vehículo eléctrico.
Un listado que se realizará en función del volumen de ventas de las estaciones de servicio y estará listo a partir de 2023 y será revisado cada dos años. Para elaborarlo, el departamento que dirige Teresa Ribera contará con la participación de las comunidades autónomas, según se recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Así, los titulares de aquellas estaciones de servicio que cumplan un determinado criterio de ventas por áreas geográficas estarán obligados a instalar, al menos, una infraestructura de recarga eléctrica en la propia instalación, de distintas potencias, en distintos periodos temporales. Todo ello en función del volumen anual agregado de ventas de gasolina y gasóleo de automoción de dichas instalaciones en el año 2019.
Los terrenos deberán pertenecer al mismo titular de la instalación de suministro de carburantes o a un tercero con el que el titular de la instalación llegue a un acuerdo comercial a tal efecto. El punto de recarga deberá estar localizado a una distancia inferior a 300 metros de la instalación de suministro de combustible.
El Ministerio, que establece una serie de excepciones e imposibilidades técnicas a esta obligación, velará por guardar la confidencialidad de los datos de ventas anuales agregadas de gasolina y gasóleo de las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes.
Asimismo, se recoge un régimen sancionador en caso de incumplimiento, sin perjuicio de las competencias que tengan atribuidas las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla en esta materia.
Pago por TPV
Un listado que llega en cierto modo atendiendo a las reclamaciones de la asociación de fabricantes de vehículos Anfac, que pidió al Gobierno la elaboración de un "mapa" que fije dónde debe estar cada punto de recarga y con qué potencia, al igual que existe una estrategia planificada de estaciones de servicio.
"Hay que establecer objetivos vinculantes de número de puntos de recarga públicos y potencias año a año, así como crear una plataforma de información sobre dónde están y establecer la interoperabilidad del pago de la carga como, por ejemplo, que haya TPV en el punto de recarga y no que cada empresa tenga su aplicación", según Anfac, que cifra en unos 15.000 los puntos existentes.
Por su parte, la patronal de grandes superficies ANGED ha pedido al Ejecutivo un plazo de tres años para instalar los 20.000 puntos que deberían tener a 1 de enero de 2023 por la "imposibilidad técnica y material" de alcanzar este objetivo.
El despliegue requiere de una fuerte inversión para las empresas y de una capacidad técnica (instaladoras autorizadas) y una adecuación de normativas (municipal, prevención o seguridad) que no se da en estos momentos, según ANGED, que ha pedido ayudas efectivas y, sobre todo, una disminución de las trabas administrativas.
"Nuestro sector puede contribuir a la transición hacia una movilidad más sostenible y a incrementar el número de puntos de recarga, pero la norma debe ser proporcionada y racional, buscar incentivos y no aumentar todavía más la crisis de costes que sufren las empresas", han subrayado desde la patronal.
