Elvira Rodríguez es una de las voces más autorizadas y veteranas del Partido Popular en materia económica. Ha sido secretaria de Estado de Presupuestos, ministra de Medio Ambiente y presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La economista madrileña ocupa hoy la vicesecretaría sectorial del PP. Recibe a Vozpópuli en su despacho de la sede de Génova, donde el PP celebró recientemente el triunfo electoral en Madrid, para analizar el complicado panorama económico del país. Rodríguez critica con dureza la gestión que está llevando a cabo el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la parálisis que sufre la SEPI desde que aprobó el controvertido rescate de Plus Ultra.
Pregunta. Pedro Sánchez ha presentado la estrategia ‘España 2050’. ¿Es el momento de hablar de objetivos tan a largo plazo cuando no está claro cómo y cuándo va a salir España de la crisis?
Respuesta. Creo que hay trabajar en el largo plazo, pero a mí la presentación del jueves pasado en la situación que estamos me parece un poco obscena. Cuando uno gestiona o tiene una empresa debe pensar en el corto, medio y largo plazo. Pero no te dedicas a presentar qué quieres ser cuando seas mayor.
El gobernador del Banco de España hablaba el otro día en el Congreso de la incertidumbre que hay. En esta situación, presentar la prospectiva de España a treinta años como si fuera un hito de la legislatura me parece mal, me parece osado. No es para hacer marketing con esto, pero es a lo que nos tienen acostumbrados
P. El Banco de España es uno de los organismos independientes que más reformas pide. ¿Ve al Gobierno con capacidad real de sacar adelante estas reformas, que también le pide Bruselas?
R. El gobernador está pidiendo que a nuestra economía se la dote de flexibilidad y el Gobierno, sobre todo por la parte podemita, que son absolutamente antiguos en ese sentido, no quiere flexibilidad; quiere unas reglas establecidas, rígidas y duras, que no van a llevar a ninguna parte.
En la sesión de control al Gobierno lo hemos visto con la derogación de la reforma laboral, con su socio Bildu, que demandó a la vicepresidenta tercera el documento que habían firmado para derogarla. La vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, ha ido bandeando este asunto como ha podido en Europa, porque allí piden más flexibilidad y no quieren que retrocedamos.
P. ¿Augura nuevos choques entre los dos socios de Gobierno a costa de las reformas que hay que sacar adelante?
R. Es muy posible.
P. ¿Podrían conducir al final del propio Gobierno de coalición?
R. Es que una vez y otra, se nos está diciendo al PP, el primer partido de la oposición en el Congreso, que nosotros no respetamos lo que han dicho las urnas. Pero lo que han dicho las urnas es muy insuficiente para gobernar y de ahí los problemas. El PSOE tiene 120 escaños, Unidas Podemos tiene 35, no les llega y ahí hay almas diferentes. Eso tiene que acabar chocando, lo estamos viendo en los debates parlamentarios, ha pasado con la 'Ley Trans'… estamos viendo diferentes posiciones que llevan a que el Gobierno no haga nada o llevan a que tengan posiciones contrapuestas.
La situación es menos desastrosa porque ha crecido mucho el empleo público"
P. En el plano fiscal, ¿el modelo de bajadas de impuestos de la Comunidad de Madrid sería extrapolable al conjunto del país?
R. Creo que el PP lo ha hecho más veces. Ahora tenemos un problema de crecimiento y si miramos a medio plazo lo que más nos interesa es que nuestras empresas sean competitivas para que generen puestos de trabajo. La situación es menos desastrosa porque ha crecido mucho el empleo público, pero los puestos de trabajo los generan las empresas y para eso deben ser competitivas. Para que una empresa sea competitiva hay que aligerarle los costes, y ahí está la bajada de impuestos.
También está el IRPF. Madrid ha anunciado una bajada generalizada porque entiende, con buen criterio, que si la gente tiene más dinero en sus bolsillos va a poder consumir más, generar más movimiento, actividad y negocio, y eso va a redundar en más recaudación de IVA, por ejemplo. Creemos que a priori es mejor para la economía un peso para el sector público menor que mayor. Hay eliminar gastos duplicados, superfluos, ineficientes…
P. ¿Qué tipo de gastos?
R. Hay que mirarlos uno a uno, seguramente muchos de estructura. Hay que empezar de abajo arriba, se tiene que hacer con generosidad e inteligencia, que a veces falta, y con visión de medio plazo. La estructura pública habría que pensársela y el ejemplo del Gobierno central es un escándalo: tenemos ministerios que eran direcciones generales en materias transferidas, como Consumo. Tenemos 23 ministros en el peor de los tiempos. Un Ministerio no es el ‘chocolate del loro’. He estado siete años en Presupuestos y tener un centro de gasto genera gasto, más toda la estructura de asesoría del Ministerio, la papelería… no es poco. Son muchos pocos que hacen un mucho.
El rescate de Plus Ultra es un fiasco, habrá que delimitar responsabilidades. La operación es escandalosa, sobre todo, para las empresas que lo están pasando mal"
P. ¿Y por la parte de ingresos?
R. El Gobierno dice que va a modernizar el sistema fiscal pero para ellos eso significa subir la presión fiscal ocho puntos. Hay que mirar los impuestos medioambientales, pero que no tienen afán recaudatorio, y hay que dejarse de gravar el patrimonio que no lo grava casi nadie en el mundo porque es bueno que el particular ahorre. Quien tiene que tomar una decisión de inversión se va a Portugal, que allí son mucho más listos y están dando las facilidades y ningún acoso tributario.
P. Los bandazos del Gobierno asustan. ¿Se fían de nosotros los inversores y nuestros socios europeos?
R. Nuestros socios deben estar con los ojos abiertos pensando: '¿Por qué derroteros va este Gobierno socialcomunista, el único que hay en Europa? De momento nos están poniendo líneas rojas de gobernanza y democracia, el asunto de los jueces es uno de ellos. Pero nos seguirán poniendo más. España es grande y puede desestabilizar Europa, y nuestros socios no están dispuestos. A nosotros nos acusan de poner palos en las ruedas, pero creemos que una oposición responsable debe de poner de manifiesto el maltrato a los ciudadanos españoles, no nos vamos a despeñar con ellos.
P. ¿Es optimista con la llegada de los fondos europeos? De su aplicación depende que la economía despegue de verdad...
R. Europa va a aprobar el plan, a pesar de ser difuso. Es la primera vez que se impulsa un fondo de estabilización financiado con 'eurobonos'. Hace dos años era un anatema en la UE, pero ahora se va a financiar con emisión de deuda contra el presupuesto europeo, lo cual quiere decir que son 'eurobonos'.
Nos van a dar el anticipo y me gustaría saber qué va a pasar con la primera entrega semestral. Van a pedir la consecución de objetivos en dos líneas: en las inversiones que están en el plan y en los objetivos que tienen que plantear con las reformas. Si el problema no lo tenemos en el primer semestre podemos tenerlo en el segundo, y ahí es donde puede paralizar la entrega de fondos.
Me gustaría que el plan de recuperación saliera bien por los españoles, pero algunos procedimientos plantean dudas, como la concentración de tanto poder político a la hora de decidir qué se hace"
A mí me gustaría que esto saliera bien por los españoles, pero algunos procedimientos plantean dudas, como la concentración de tanto poder político a la hora de decidir qué se hace. Nadie está tocado por una varita divina y el que esto se elija desde tan arriba y entre tan pocos genera muchos riesgos; de ahí que nosotros pidamos una autoridad independiente, neutral, que decida qué hay que hacer para conseguir lo que se pretende: crecer y generar más empleo.
P. ¿Existe riesgo de despilfarro?
R. Tenemos un ejemplo, el del Plan E. Fue un fracaso absoluto y creó más perjuicios que beneficios. Curiosamente, tenía componentes en su diseño inicial que se parecen al plan de recuperación. En el Plan E había dinero y se exigió que fueran proyectos que se ejecutaran deprisa y no estuvieran en el presupuesto de las entidades locales. Había que improvisar y se gastaron 23.000 millones para generar empleo que luego se destruyó. El dinero se despilfarró. Ahora se corre el mismo riesgo. Habrá despilfarro si no se consigue lograr un crecimiento sostenido.
Nosotros vamos a seguir insistiendo en los criterios de selección, porque de los proyectos concretos no se sabe nada. Por ejemplo se sabe que hay que electrificar el transporte, pero no los proyectos que deben conducir a esa electrificación. Quienes tienen que gestionar los proyectos, los ayuntamientos o las autonomías, no saben en qué va a consistir la colaboración público privada. Seguimos sin conocer nada y estamos a finales de mayo.
P. ¿Cómo valor los planteamientos que está haciendo el Gobierno sobre las pensiones? ¿Por qué nadie se atreve a acometer una reforma valiente, aunque sea dolorosa?
R. Tenemos un conjunto de pensionistas con derechos adquiridos y un sistema de caja única donde las cotizaciones, no los impuestos, deben pagar las pensiones. Luego está la tasa de sustitución: caen las pensiones antiguas que son bajas y entras pensiones más altas. Son las que se matizan con la reforma que alarga la edad de jubilación (si te jubilas antes, cobras menos). Y esto es lo que quiere resolver con poca fortuna el ministro Escrivá, que un día dice una cosa y otro día otra; y todas las medidas que toma parece que son para encarecer la factura.
Cuestión distinta es que se baje el cómputo de las pensiones, que los pensionistas futuros, que están pagando las pensiones actuales, sean los que paguen la factura de la sostenibilidad. Ahí hay un debate que hay que tratar con cuidado, con mucha transparencia que no estamos teniendo.
El ministro Escrivá dice una cosa un día sobre las pensiones y otro día otra; y todas las medidas que toma parece que son para encarecer la factura"
Es un problema social de primer orden, porque las pensiones están sosteniendo a muchas familias. En la crisis anterior muchas tiraron hacia delante gracias a ellas, en esta ha sido a través de ERTE. Tampoco ayuda esta especie de inquina con los fondos de pensiones privados, que ayudan a quitar presión y fomentan algo que no tenemos en España, el ahorro a largo plazo.
P. La SEPI no ha vuelto a rescatar ninguna empresa desde el estallido de la polémica de Plus Ultra. ¿Cree que esa parálisis está perjudicando a empresas que necesitan la ayuda del Estado para sobrevivir?
R. No sé lo que pasa en la SEPI, ha estado mucho tiempo sin cabeza y tiene entre sus directivos mucha gente nombrada a dedo por la ministra de Hacienda, traídos de Andalucía. A priori, el rescate de Plus Ultra es escandalosa, porque la empresa no es estratégica, no tiene tanto personal y tiene toda esa historia por detrás. Y cuando se empieza a preguntar no hay respuestas satisfactorias.
Es una operación muy poco clara y por eso nos hemos personado. Es dinero público, no de un inversor que se lo juega y puede perderlo. Algo que debería estar ya en las empresas generando sus efectos, sigue sin generarlo. Por eso es un fiasco, un desastre. Cuando uno gestiona fondos públicos tiene que ser responsable y habrá que delimitar responsabilidades. La operación es escandalosa, sobre todo, para las empresas que lo están pasando mal.
P. ¿Están pagando justos por pecadores?
P. Seguro, estoy convencida. No es normal que no se haya dado ninguna ayuda más. Lo normal es que los expedientes vayan hacia adelante. Deben de estar curándose en salud, poniéndose muchos controles. No es fácil determinar si una empresa es zombie o no, si es viable aunque esté sobreendeudada. Pero para eso están los medios. Además, si tienes un contrato de asesoría de 67 millones deberías poder hacerlo.
P. El PP ha preguntado al Gobierno en el Parlamento por el papel de Rodríguez Zapatero en el rescate de Plus Ultra, por sus conexiones con Venezuela. ¿Cree que el expresidente está detrás de la operación?
R. No tengo datos concretos, pero lo que no se entiende es que tengamos un expresidente haciendo lobby en determinados países tan problemáticos. Y Venezuela es el mejor ejemplo, es un país corrupto y de ahí puede salir cualquier cosa.
