Economía

Escrivá logra un acuerdo con Podemos para sacar la reforma de las pensiones

Los morados aceptan la propuesta de cómputo de la pensión para que ésta se calcule o con los últimos 25 años cotizados o con 29 años de cotización, de los que se podrán excluir los dos peores, es decir, 27 años

  • El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. -

El Gobierno ha cerrado con Bruselas y Unidas Podemos un acuerdo sobre la reforma de las pensiones que este viernes presenta a los agentes sociales en una reunión convocada a partir de las 12.30 horas en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Según han confirmado a Vozpópuli fuentes de la negociación, en uno de los momentos de más tensión en el seno del Ejecutivo de coalición por la ley del sí es sí, PSOE y Podemos consiguieron cerrar a última hora de este jueves un acuerdo para esta segunda fase de la reforma comprometidas con Bruselas en el Plan de Recuperación tras revalorizar las pensiones con el IPC, modificar el Régimen de Trabajadores Autónomos (RETA) para que coticen por sus ingresos reales e impulsar los planes de pensiones de empleo.

Los morados han aceptado la propuesta de Escrivá sobre el principal escollo de la negociación, el aumento del cómputo, que la pensión se calcule o con los últimos 25 años cotizados o con 29 años de cotización, de los que se podrán excluir los dos peores, por lo que en la práctica el cómputo en este segundo caso será de 27 años.

En lo que respecta a los ingresos del sistema, Inclusión propone gravar con un recargo temporal el tramo superior de los salarios más elevados que ahora no cotizan.

"La propuesta sobre pensiones que hoy hace el Gobierno a los agentes sociales ha sido muy trabajada y demuestra que lo que siempre ha dicho Podemos es posible. Ampliamos derechos a los y las pensionistas garantizando la sostenibilidad del sistema gracias al aumento de ingresos", ha señalado a primera hora de este viernes la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en Twitter.

También ha confirmado su apoyo la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que en otro tuit poco después ha asegurado que la nueva fórmula protege a las pensiones más bajas. Díaz fue crítica con las propuestas anteriores de Escrivá.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado este viernes que la reforma es fruto de una "intensa negociación con la Comisión Europea".

Esta segunda pata, centrada en el aumento de los ingresos de la Seguridad Social y en la suficiencia de pensiones para los trabajadores con carreras laborales más volátiles, es uno de los hitos vinculados al cuarto desembolso de los fondos europeos y debía haberse aprobado el 31 de diciembre. De él penden 10.000 millones del cuarto pago del fondo anticrisis que España aún no ha solicitado.

El Ministerio de Inclusión asegura haber estado negociando a tres bandas (con Bruselas, con las fuerzas políticas y con los agentes sociales) para ultimar una reforma que el propio ministro José Luis Escrivá calificó hace unos días de "inminente".

Este jueves, Escrivá desvelaba que el acuerdo con Bruselas estaba prácticamente hecho. Ni socios del Gobierno ni agentes sociales sabían nada de la reforma hasta hace pocos días, con Escrivá centrado en la Comisión Europea desde febrero.

Tras el sí de Bruselas y Podemos, la reforma de las pensiones se va a analizar con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme. Los sindicatos habían pedido a Escrivá que antes de presentarles su propuesta de reforma se asegurara de que ésta iba a tener suficiente apoyo parlamentario para su aprobación.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha declarado este viernes, a la espera de conocer la letra pequeña, que lo que ha leído en los medios "suena bien". El secretario general de CCOO, Unai Sordo, quiere ver los detalles e insistir en que se mejoren lagunas y brechas, pero de lo que ha leído que se ha filtrado se ha mostrado este viernes "optimista". La patronal, por su parte, ha sido muy crítica con los detalles que se han ido conociendo hasta ahora.

"No puedo anticipar los elementos (de la reforma) porque tienen que conocerlo primero los agentes sociales, pero básicamente es el cierre del sistema, de la sostenibilidad completa del sistema", aseguró este jueves el ministro. Escrivá apuntó además que lo que se propondrá a los agentes sociales "es un esquema alternativo, sostenible, razonable y creíble, con el aval de instituciones independientes potentes", para que el sistema sea sostenible y mantenga al mismo tiempo el poder adquisitivo de las pensiones.

Bases máximas

La propuesta inicial para esta segunda fase de la reforma que el Gobierno llevó a la mesa de negociación con los agentes sociales el 28 de noviembre contemplaba la ampliación del periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años entre 2027 y 2038, descartando los dos peores años de cotización, de forma que la pensión se calcularía con los mejores 28 años de cotización dentro de un periodo total de 30 años.

Esta medida generó "bastante fricción" con los agentes sociales y con Podemos, como reconoció este jueves el ministro, que asegura que se han modificado los términos con el mismo objetivo: que los trabajadores con carreras laborales más volátiles, por ejemplo, despedidos al final de su vida laboral, no sufran una merma de su pensión.

El Gobierno planteaba también en su propuesta de partida la posibilidad de vincular la evolución de las bases máximas de cotización al IPC interanual medio de los doce meses anteriores a diciembre, más un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050. Esta subida de las bases máximas de cotización iría acompañada de un aumento de la pensión máxima, aunque no en la misma proporción. De este modo, el Gobierno proponía que la pensión máxima subiera también entre 2025 y 2050 con la referencia de inflación establecida para las pensiones contributivas y la pensión mínima (IPC promedio de los doce meses anteriores a diciembre), más un porcentaje adicional de 0,115 puntos, menor por tanto al planteado para las bases máximas.

A partir de 2050, el Ministerio planteaba que, en el marco del diálogo social, se determinara el aumento adicional que habría de aplicarse a la pensión máxima "hasta alcanzar un incremento real acumulado del 30%". El Gobierno siempre ha defendido que esta propuesta de partida estaba abierta a cambios en la negociación. Hoy presentará a los agentes sociales una nueva propuesta, con el aval ya de Podemos y de la Comisión Europea.

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