España ha alcanzado el récord de nueve millones de ocupados (9.089.400 exactamente) con estudios superiores. Representa casi la mitad del empleo existente y supone un nuevo aumento de la sobrecualificación en formación ya que no hay tantos puestos de trabajo para tantos licenciados al existir un modelo de crecimiento económico basado en los servicios.
Este sector acapara el 76% del empleo y un mercado laboral cada vez más precario se nutre en su mayor parte de trabajadores de la hostelería, la restauración y el comercio, actividades en las que no hace falta un título universitario.
Estas cifras ponen en evidencia que muchos trabajadores con educación superior se ven forzados a aceptar cualquier empleo precario por debajo de su nivel de formación mientras que las universidades siguen fabricando subempleados y parados ajenas a las necesidades laborales de las empresas y a los cambios del mercado. Y, mientras, desde el Gobierno se alienta al autoempleo (autónomos) cuando el país necesita empleo estable y más nóminas para garantizar los ingresos del Estado y de la Seguridad Social.
Además, la mayoría de las universidades son públicas están en manos de las Comunidades Autónomas que imparten títulos también ajenos a la actividad económica buscando en su mayor parte la excelencia propagandística de la región y de su clase política. Es decir, a la tradicional "titulitis" que se pretende, ya que la mayoría de la ciudadanía quiere tener un título universitario que no garantiza el empleo y menos que se corresponda con los estudios cursados, se suma una inflación de centros y de titulaciones que no tiene nada que ver con el actual modelo de crecimiento, pero que ocasiona un ingente gasto público.
A la tradicional "titulitis" se suma una inflación de centros y de titulaciones que no tiene nada que ver con el actual modelo de crecimiento, pero que ocasiona un ingente gasto público
Por si fuera poco, se están produciendo generaciones de licenciados que, ante las dificultades de encontrar un empleo acorde con su titulación en España, salen al exterior en busca de mejor fortuna. Por tanto, se está exportando mano de obra cualificada costeada en gran parte por los impuestos de la ciudadanía, mientras que importamos trabajadores con poca o baja cualificación para atender las demandas del actual modelo productivo.
La crisis sanitaria y económica última ha acentuado el crecimiento de los licenciados en el mercado laboral. Según los datos de la EPA (Encuesta de Población Activa) del segundo trimestre de 2021, hay 9,1 millones de ocupados con un nivel de formación alcanzado de educación superior frente a los 8,6 millones existentes en el mismo periodo del año anterior. Es decir, se ha producido un incremento de más de 500.000 de estos empleados en un año (un 6,1% más) y de 400.000 más respecto a 2019, año previo a la pandemia.
Estas cifras no suponen que haya ahora más trabajo para los titulados, sino que se ven forzados a colocarse donde pueden. E incluso en muchos casos modifican sus currículos para evitar que la titulación les impida la contratación porque en muchos convenios existen tablas salariales que regulan su incorporación. Es decir, aceptan cualquier oferta a la espera de mejores oportunidades porque no hay empleo de su nivel académico.
Este boom de la contratación de titulados, según reconocen fuentes sindicales, se viene produciendo también como consecuencia de la devaluación salarial producida en España desde 2012 ya que a muchas empresas les es más fácil conseguir ahora un licenciado al mismo coste o similar de un empleado de baja cualificación.
Según un estudio del colectivo Nada es Gratis realizado en 2010, con la participación de Luis Garicano, Florentino Felgueroso y Sergi Jiménez, sólo el 53% de quienes tenían estudios universitarios ocupaban puestos de trabajo para los que se pedía la educación recibida frente al 66% en la UE.
El porcentaje es con toda probabilidad inferior ahora, es decir, menos de la mitad de los titulados está en ocupaciones que requiere un título universitario. Lo que supone un enorme desperdicio de capital humano y de gasto público. En todo caso, España es el país con menos tasa de empleo adecuado respecto al nivel de estudios superiores. Es decir, tener estudios sirve cada vez menos en comparación con otros países de la UE. Es un problema que se arrastra desde 1996 y que ahora se ha acentuado con la nueva crisis.
El 40% de los ocupados con formación superior tiene menos de 40 años, aunque la sobrecualificación es un fenómeno que se produce en todos los estadios de edad
Esos 9,1 millones de ocupados con estudios superiores representan el 46,2% del total de población laboral que trabaja (19,6 millones), dos décimas más que hace un año y casi tres puntos más que en 2019 antes de la pandemia. Que no hay trabajo para los titulados y que aceptan cualquier empleo, antes de emigrar (si pueden), lo demuestra el dato de que en 2007, en el inicio de la gran depresión, sólo el 33,1% de la población laboral tenía esta formación (6,8 millones de personas con estudios superiores).
Es a partir de 2012, con la entrada en vigor de la reforma laboral que facilitó la reducción de los salarios en el sector privado y la flexibilidad en la contratación, cuando ese porcentaje de licenciados sobre la ocupación subió al 40%. Por tanto, nunca ha existido una población laboral con tan elevado nivel de estudios y nunca ha tenido tantos problemas para entrar y mantenerse en el mercado laboral y, lo que es peor, para encontrar un puesto acorde a su formación.
Esta situación de sobrecualificación no aparece en su extensión en la estadística oficial de subempleo, en la que España ocupa el tercer lugar de la UE tras Grecia e Italia, ya que sólo recoge las cifras de ocupados que desea trabajar más horas de las que habitualmente realiza respecto a la jornada completa en la actividad.
En todo caso, existen 673.000 subempleados con educación superior (casi un tercio del total de subempleados) que querrían trabajar más horas de las que realizan y que no pueden hacerlo. En el último año ha crecido en 145.000 personas (un 27% más), lo que evidencia el aumento de la precariedad en el mercado español.
La EPA no ofrece estadística pública sobre en qué sectores y actividades trabajan estos empleados con estudios superiores ni del detalle sobre su sobrecualificación y subocupación. De la información que se facilita por edades se desprende que hasta los 39 años se acumula el 40% de todos los ocupados con formación superior. El grupo entre 40 y 49 años representa un 35% y el de mayores de 50 años el 25% restante.
En todo caso, la sobrecualificación es un fenómeno que se produce en todos los estadios de edad ya que muchos universitarios tienen que ubicarse en el puesto que más tenían a mano en lugar de alguno acorde con su formación real. Otro dato interesante es que el 52% de los que tienen este tipo de formación son mujeres. Es decir, son las más afectadas por este problema.
