El sistema público de pensiones de España se ha convertido en los últimos años en el centro de atención de todos los organismos e instituciones nacionales e internacionales. Las sucesivas reformas que se han aprobado en los últimos años no terminan de convencer ni en Europa ni en España acerca de su sostenibilidad financiera futura. 

El motivo que hace despertar estas dudas no es otro que la vinculación de las revalorizaciones anuales a la variación del Índice de Precios de Consumo. En diciembre de 2021, el Boletín Oficial del Estado publicó la ley 21/2021 de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones que, salvo para el Gobierno, puede resultar muy perjudicial para volver a reducir los grandes desequilibrios presupuestarios de la economía española.

Las consecuencias económicas quedan claramente reflejadas en el importe de la nómina mensual: si en diciembre de 2021 costó pagar las pensiones del mes de diciembre 10.309 millones de euros, en el mismo mes de 2022 se pasó a 10.943 millones y en diciembre de 2023, a 12.121 millones. Son 1.178 millones mensuales más en 2023 que en el año anterior, como consecuencia de una revalorización del 8,5%, porcentaje idéntico al de la variación del IPC entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022.

Para el presente año, el Gobierno ha aprobado una subida del 3,8% de acuerdo con el texto del artículo 48 del Real Decreto Ley 8/2023, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía. Este incremento llevará la nómina mensual del mes de enero del año recién estrenado por encima de los 12.580 millones de euros, eso sí, sin tener en cuenta el aumento vegetativo del número de pensiones a pagar.

La Comisión Europea lleva años advirtiendo a España de su preocupación por la sostenibilidad del sistema público de pensiones, a pesar de las reformas realizadas, que cuestiona también la OCDE, porque solo cubren una parte del gasto extraordinario que supone su vinculación a la inflación. La OCDE siempre se ha quejado de la generosidad de las pensiones españolas, cuya tasa de reemplazo (importe de la pensión en relación al salario bruto durante la vida activa) es del 80,4%, sólo superada por Grecia, frente a una media en los países desarrollados del 50,7%.

Con los últimos datos en la mano, no solo preocupa que las revalorizaciones futuras se hayan vinculado a la variación del IPC. Hay datos amenazantes que están más relacionados con el envejecimiento de la población, la bajísima tasa de fertilidad de nuestro país y el aumento constante de la esperanza de vida. En estos aspectos descansan las dudas de la OCDE, que desde 2020 ha aludido en varias ocasiones a la insostenibilidad del sistema a largo plazo.

Cuántos pensionistas hay en España

Puede que no falten razones. Con los últimos datos facilitados por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones, en diciembre del pasado año, en España había 2.468.377 pensionistas de 80 y más años, que representaban el 27% del total (9.154.513). Si la muestra se amplía hasta los perceptores que tienen al menos 75 años cumplidos, se llega a la cifra de 3.943.504, nada menos que el 43,07% del total.

En términos absolutos, las cifras de los pensionistas más mayores (hay 1,4 millones que han cumplido al menos los 85 años) no reflejan realmente cuál es la envergadura del problema. Es necesaria la comparación con los datos de 2005, los más antiguos que ofrecen las estadísticas del Ministerio que dirige Elma Saiz. Hace 18 años, había en España 1.683.132 pensionistas con 80 y más años, que suponían el 22,8% del total, y 2.951.203, con 75 y más años, el 40%.

Entre los años 2005 y 2023, el número de pensionistas con al menos 80 años de edad ha aumentado en 785.245, lo que supone un crecimiento del 46,65%, mientras el número total de pensionistas 'sólo' ha subido un 23,9%. El número de pensionistas con 75 y más años se ha incrementado en 992.301, lo que supone un avance del 33,62%, diez puntos porcentuales superior al número total de nuevos perceptores de una pensión contributiva.

El problema, como habían adelantado la Comisión Europea, la OCDE e incluso el Banco de España, no es sólo que las futuras revalorizaciones se hayan vinculado a la variación de los precios, sino el hecho de que por la esperanza de vida de los españoles (hasta los 83,5 años, según los más recientes datos de la Organización Mundial de la Salud), un mayor número de personas se mantiene durante más tiempo dentro del sistema público, lo que termina por encarecer la nómina mensual.

Nuevos perceptores

Hay un dato más que refleja perfectamente la situación que vive el sistema en estos momentos. En el año 2005, había en España 737.790 pensionistas con al menos 85 años de edad. Representaban el 9,98% de total de pensionistas de ese año. En diciembre de 2023, hay 1,4 millones, que suponen ya el 15,3% del total.

Otro de los factores que la OCDE tiene en cuenta para cuestionar el futuro financiero del sistema público de pensiones español es que cada año entran a formar parte de la nómina alrededor de 100.000 nuevos perceptores. En concreto, en 2023, se sumaron a la nómina 100.963 pensionistas y 117.155 pensiones más a pagar cada mes, en su mayoría de jubilación, a una media de 1.309 euros mensuales.

Buena prueba de que la salud del sistema está con pronóstico reservado es que la deuda de la Seguridad Social ha ido creciendo año tras año hasta sobrepasar los 106.000 millones de euros, cuando en el año 2019 apenas alcanzaba 55.000 millones. De hecho, el pasado mes de octubre, el Gobierno tuvo que conceder un préstamo de 10.004 millones de euros para hacer frente a la segunda paga extraordinaria de 2023 de los pensionistas.

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