El 'favor' del INE al Gobierno: la revisión del PIB mejora la deuda y el déficit de cara a Bruselas

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha mejorado automáticamente las ratios de deuda pública y, aunque menos, de déficit público de España con la revisión del Producto Interior Bruto (PIB) que publicó este miércoles, y que añade 36.400 millones de euros a la economía del país. La razón es simple: al expresarse ambas variables en relación al PIB, un aumento de éste (denominador) reduce automáticamente la ratio.

Esta revisión, que se produce cada año en los meses de septiembre, llega en un momento clave para el Gobierno: en la antesala del envío de los planes fiscales de los países a Bruselas. El 15 de octubre es la fecha límite para enviar el documento en el que se plasmen medidas -por la vía de los ingresos o de los gastos- para conducir la senda fiscal al objetivo último de un déficit inferior al 3% y una deuda inferior al 60% del PIB.

Fue precisamente la lenta salida de la crisis económica que provocó, primero, la crisis sanitaria y, después, la guerra en Ucrania lo que justificó que se mantuvieran suspendidas las reglas fiscales. Los datos que ahora publica el INE reflejan que en realidad España se recuperó antes, en 2022, y ha crecido 1,1 puntos más de lo que se pensaba respecto a 2019 (un 3,6%), lo que hace pensar que quizás la orientación de la política fiscal tendría que haber sido más restrictiva.

En el caso de la deuda pública, ésta no ha dejado de aumentar en términos absolutos. El Banco de España, encargado de publicar los datos, arroja un crecimiento medio de alrededor de 70.000 millones al año. A cierre de 2023 se situaba en los 1,57 billones. Hasta la revisión, el INE había marcado el PIB en 1,46 billones. Y la ratio se situaba en el 107,7%, 9,4 puntos por encima del nivel registrado antes de la pandemia, cuando se situaba por debajo del 100%.

Es decir, toda la riqueza generada por el país a lo largo de un año no es suficiente para cubrir la deuda. Aunque todos los países de la Unión Europea deben aspirar a tener un nivel de deuda inferior al 60% del PIB, el Gobierno se ha marcado el objetivo de bajarla del 100% en esta legislatura. Y la revisión del INE acerca a España a ese objetivo. Y con el nuevo dato de PIB, la ratio de deuda en 2023 ya no fue del 107,7% sino del 105%, casi tres puntos menos.

El 105% del PIB en el que se ubicó la deuda pública en 2023, según los últimos datos, es el objetivo que se había marcado el Gobierno para este año 2024, lo que le da cierta ventaja en la senda descendente y a ojos de Bruselas. Además, teniendo en cuenta que la economía seguirá creciendo, la rebaja de la ratio de deuda por debajo del 100% del PIB se vuelve más factible, siempre y cuando el volumen de deuda no se descontrole.

En el caso del déficit público, la revisión también ha generado una pequeña mejora, aunque al ser volúmenes más pequeños el impacto es menor. En concreto, el déficit público fue en 2023, según el Banco de España, de 53.159 millones. Con el anterior nivel de producción, representaba el 3,6% del PIB. Con el nuevo, pasa automáticamente al 3,5%, una décima menos.

Para este año el Gobierno se ha marcado el objetivo de bajar el déficit al 3%. Es decir, la mejora del PIB no ha tenido tanta incidencia como para adelantar, como en el caso de la deuda, el cumplimiento del objetivo un año; pero sí le permite 'presumir' de un desempeño mejor del previsto (para 2023 el Gobierno se propuso situar el déficit en el 3,9%) y le da más margen en el diseño del plan fiscal que debe enviar a Bruselas.

El pasado mes de julio, cuando el Gobierno aprobó el techo de gasto, senda de déficit y deuda y mejoró sus previsiones económicas, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, resaltó como "uno de los grandes objetivos de legislatura" que en el año 2027 se haya recuperado "el espacio fiscal que consumimos como consecuencia de la respuesta al covid".

Antes de esta revisión del PIB, el Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal habían anticipado que el ajuste fiscal que deberá llevar a cabo España desde 2025, cuando empiecen a aplicarse obligatoriamente las reglas fiscales, es de unos 7.000 millones de euros al año. Si se plantea a siete años, como ha anticipado el Gobierno que pretende hacer con la 'excusa' de las reformas del Plan de Recuperación, ascendería a unos 50.000 millones en total.