Distintos fondos de inversión y socimis tendencialmente sopesan la posibilidad de "reorientar inversiones" en el pujante mercado del alquiler hacia la venta de las viviendas ante un incipiente "cambio en las circunstancias político-legales que está perjudicando el negocio de arrendar" con la regulación de precios como posible horizonte, según delinean fuentes del sector.
Fuentes del mundo de la inversión inmobiliaria reconocen su creciente preocupación ante la inseguridad jurídica que plantean los vaivenes de la negociación para la formación de un nuevo Gobierno y ponen al control de los precios, posibles expropiaciones y el fin de la figura de la socimi en el extremo de sus temores tras un año de creciente regulación.
"Sería bueno que los políticos dejen de hacer demagogia y ataquen el problema de los precios del alquiler como les corresponde a ellos: haciendo más vivienda pública (VPOs). En España, en comparación a otros países europeos como Alemania o Austria, hay muy poca vivienda pública. Sin embargo, los políticos de izquierda prefieren centrarse en los fondos y socimis, que representan menos de un 5% del parque inmobiliario para el alquiler. Cuanto más crezca la posibilidad de una intervención en el mercado, más posibilidades hay de que se retire oferta y/o se incrementen las rentas pedidas", afirman desde un fondo inmobiliario internacional con importante presencia en nuestro país.
En el sector se lleva hablando desde principios de 2019 del inicio de una "rotación de activos inmobiliarios" concerniente a algunos de los principales fondos internacionales que llegaron al país con fuerza en plena crisis. Vozpópuli ha publicado ya informaciones en esa línea, aunque por montos pequeños y como partes de un ciclo natural dentro del conjunto de sus inversiones. La creciente regulación del alquiler y la amenaza del control de precios podría estar acelerando proyectos en una línea similar dentro de los activos de arrendamiento.
Giro a la venta de las viviendas con plusvalía
Desde la Agencia Negociadora del Alquiler confirman de hecho a Vozpópuli haber mantenido varias reuniones en los últimos días con representantes de distintos fondos y socimis que le han trasladado estar analizando planes enmarcados en la línea de "reorientar inversiones hacia fuera del alquiler", pudiéndose ello concretarse en la "venta de viviendas hasta ahora dirigidas al alquiler" con la consiguiente búsqueda de plusvalías para salvar una posible "pérdida de rentabilidad" de sus inversiones en el mundo de los arrendamientos.
Sería bueno que el Gobierno cuente con nuestra opinión o, por lo menos, que diga ya qué es lo que va a hacer en materia de vivienda, ya que esa inseguridad está siendo negativa"
"La inseguridad que hay crece y está teniendo efectos negativos, que se suman a un año de cambios en las reglas de juego. Sería bueno que el Gobierno cuente con nuestra opinión o, por lo menos, que diga ya qué es lo que va a hacer en materia de vivienda, ya que esa inseguridad está siendo negativa. Estamos percibiendo una contracción en el número de empresarios y particulares interesados en promover viviendas para el alquiler, así como también un freno en las renovaciones de contratos, y eso solo puede traer efectos negativos en un mercado con elevada demanda y poca oferta", dice José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora.
Paralelamente, la 'patronal' de socimis, Asocimi, y la principal acercadora de este tipo de empresas al mercado de valores, Armanext, han aducido problemas de agenda y/o no han respondido a las preguntas de este medio sobre posibles 'fugas'.
El control de precios y las VPO
En cualquier caso, desde la óptica de la Agencia Negociadora insisten en remarcar que la intervención proyectada por un posible Gobierno de izquierdas "no bajaría los precios sino que los mantendría", reduciría la oferta y perjudicaría su calidad. Advierte, además, de que podría propiciar la economía sumergida y, tendencialmente, listas de espera "de hasta 20 años como sucede en mercados regulados como el de Suecia, donde se plantean ahora precisamente lo contrario, desregular el mercado" ante la proliferación, entre otros cosas, de viviendas por cuyo 'subarrendamiento' se estaría pagando el doble del precio regulado.
Fuentes del sector inciden igualmente en el modelo de precios contenidos de Viena, donde el 60% de la población vive en viviendas públicas en las que el Gobierno invierte 600 millones de euros al año frente a lo que sucede en Madrid, donde la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo controla alrededor de 6.000 viviendas. La proporción de viviendas de alquiler social sobre el total en España ronda el 1% frente al 6% de Alemania y el 21% de Austria.
"Claro que un aumento de la oferta de vivienda pública es una alternativa, pero ese proceso lleva tiempo, no se puede solucionar el problema de golpe", dice Zurdo. "En el medio, no se puede atacar, como parece que se está haciendo desde el Gobierno, a los agentes privados que pueden sacar viviendas para el alquiler con más rapidez".
