El 43% de los fondos europeos que el Gobierno quiere repartir en el primer semestre del año se arrastran de 2021, cuando la ejecución del Plan de Recuperación se quedó a medio camino. En esta primera mitad del 2022, el Ejecutivo se ha comprometido a ejecutar 22.000 millones con cargo a los Presupuestos de este año, que se sumarán a otros 2.070 millones de remanentes del 2021 (que no se llegaron a autorizar y que licitará este año) y 14.435 millones autorizados el pasado año pero de los que aún no se han cerrado o lanzado las convocatorias.
De esta forma, el Gobierno tiene por delante el reto de movilizar 38.505 millones de euros en menos de seis meses, de los cuales 16.505 millones corresponden a 2021, el 43% del total. Esta semana, fuentes gubernamentales informaron que a 31 de enero tanto de la Administración General del Estado como de las comunidades autónomas habían cerrado convocatorias (adjudicadas o en fase de adjudicación) de fondos UE con cargo a los PGE de 2021 por un valor de 5.273 millones, mientras que las convocatorias anunciadas pero aún sin lanzar ascendían a 6.700 millones y las lanzadas pero todavía abiertas sumaban 7.734 millones.
Por tanto, las dos últimas categorías forman parte del dinero que Estado y CCAA debían ejecutar en 2021 con cargo a los Next Generation EU pero, finalmente, llegará a la economía este año. A estos 14.435 millones, hay que sumar lo que el Ejecutivo considera 'remanentes' de 2021, que superan los 2.000 millones. Esta es la parte de los 24.198 millones presupuestados que los Ministerios no llegaron a autorizar en 2021 y que, gracias a una disposición adicional en los PGE 2022, el Gobierno asegura que puede licitar este año. Sin embargo, los expertos consultados por este periódico señalan que no todos los importes pendientes de 2021 y no autorizados cumplirían el requisito que marcan los Presupuestos para que puedan trasladarse a futuro, que sean gastos plurianuales y de tramitación anticipada. Es decir, en todo caso podrán aprovecharse parte de los fondos que se han quedado en el aire.
Además, hay 2.420 millones de los 22.128 millones autorizados en 2021 que no se habrían lanzado a través de convocatorias y responden a subvenciones u otros procesos de adjudicación directa. Vozpópuli ya informó de que 2.415 millones se repartieron sin pactarse en las conferencias sectoriales con las CCAA y de, ellos, la comunidad más beneficiada fue Cataluña. Moncloa ha detallado incluso que de estos fondos que se asignaron de forma discrecional, unos 650 millones se repartieron al margen de los criterios acordados con las CCAA.
Con todo, si el Gobierno cumple su compromiso, en junio se habrán licitado convocatorias por 43.7778 millones de euros (22.000 millones con cargo a los PGE de 2022; 2.070 millones remanentes de 2021; y otros 19.708 millones aprobados el pasado año pero, en su mayoría, aún por cerrar). Y si se suman los 2.420 millones que no han ido por concurrencia competitiva, el total ejecutado (que no significa que haya llegado a los agentes económicos) ascenderá a 46.198 millones, de un total de 70.000 millones en transferencias directas que recibirá de la Unión Europea si cumple todos los hitos y objetivos pactados.
Efecto 'bola de nieve' en los fondos UE
Los expertos creen que parte de los 26.900 millones de fondos europeos presupuestados para 2022 volverán a quedarse sin gastar este año, precisamente, porque el Gobierno tiene que hacer uso de los remanentes que se arrastra de 2021. Un efecto denominado 'bola de nieve' y que ha traído a colación la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ante lo acaecido a finales del año pasado. Y porque, gracias a la modificación del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, en los Presupuestos Generales del Estado para 2022, el Gobierno puede hacer uso en ejercicios anteriores de los fondos que autorizó pero no gastó y, según el Ejecutivo, también de los que no llegó a autorizar.
En cualquier caso, la carrera por ejecutar los fondos europeos en tiempo y forma cogerá fuerza en los próximos meses porque España debe cumplir las inversiones comprometidas con la Comisión Europea para seguir desbloqueando tramos del dinero europeo. Los primeros pagos estaban asociados, sobre todo, a reformas que debía llevar a cabo el Gobierno; pero en los próximos hitos y objetivos las comunidades autónomas deberán garantizar que el dinero llega realmente a la economía. Para conseguirlo, el Gobierno permitirá absorber más fondos UE a aquellas CCAA que más rápido ejecuten el dinero que se les ha asignado.
De ellas también dependerá el impacto que los fondos europeos tengan en la economía, un asunto sobre el que de momento tampoco hay consenso. BBVA Research calcula que este año aportarán entre medio punto y un punto más al crecimiento, dependiendo del momento en que se realice y el tipo de proyectos. El Banco de España (BdE) ya avanzó en diciembre que rebajaba el impacto en 2022 del 2,4% estimado en junio al 1,3%, es decir, 1,1 puntos menos.
Al ser preguntado por este asunto, el Gobierno remite a su última actualización del Programa de Estabilidad, enviado a Bruselas en abril de 2021, en el que contempla una aportación promedio de 2 puntos de PIB en el periodo 2021-2023. Sin embargo, según las últimas previsiones de los expertos, no se cumplió en 2021 (cuando los Next Generation apenas aportaron 0,3 puntos al crecimiento de la economía, según el BdE) y tampoco se alcanzará este año.
