Los gastos de personal de las administraciones públicas alcanzaron en 2020 un nuevo récord al llegar a los 140.470 millones de euros mientras que el déficit se situó en la frontera del 11%. Se trata de una cifra equivalente a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que la UE ha fijado para que España pueda salir de la crisis económica provocada en este caso por el coronavirus. Esta masa salarial, que incorpora sueldos más complementos y cuotas sociales, equivale al 12,52% del PIB (frente al 10,8% de 2019), un porcentaje jamás registrado en la serie estadística ya que en los peores años de las dos recesiones anteriores se situó en el entorno del 11%.
Todo esto significa que los gobiernos de las distintas administraciones se gastan en nóminas de empleados y cargos políticos prácticamente uno de cada ocho euros que genera nuestra economía. Sube un 4,5% respecto al año anterior, en más de 6.000 millones. Y no se debe exclusivamente al aumento de las plantillas de sanidad y educación, ya que la cifra coincide con las previsiones realizadas para este año por el Ejecutivo antes de la pandemia.
Esta partida, casi similar al pago de las 9,5 millones de pensiones de la Seguridad Social, representa además casi el 25% del presupuesto no financiero del sector público, que en 2020 se situó en 586.389 millones con un alza de 63.000 millones, es decir, del 12%. Por tanto, los costes de personal (12,5% más) suben más que el gasto público total (12% más). Todo esto supone además que uno de cada cuatro euros de gasto de las administraciones va destinado a pagar sueldos.
La masa salarial pública se ha convertido en una imparable bola de nieve que en 2020 se ha comido, por ejemplo, casi la totalidad de los ingresos de las dos principales figuras impositivas, ya que equivale a toda la recaudación del IRPF (87.972 millones) más el 83% de la caja obtenida por el IVA (63.337 millones en su totalidad). Si comparamos esta cifra con los ingresos impositivos totales sale que este gasto se come el 72% de los ingresos obtenido por la Agencia Tributaria.
Aumento de funcionarios y de sueldos
Según la Intervención General del Estado, la evolución de la remuneración de los asalariados públicos se debe sobre todo a la subida del 2% (cuando se registraba una inflación negativa de medio punto en diciembre); a la equiparación salarial de la Policía y Guardia Civil con los cuerpos policiales autonómicos (Mossos) con un aumento del gasto de 800 millones en 2020 (frente a los 560 millones de 2019); a la paga extraordinaria a sanitarios por su especial desempeño en la pandemia en algunas comunidades, con un importe conjunto de 206 millones; y, en particular, al aumento en el número de efectivos. También en educación y en sanidad.
Las plantillas públicas han crecido en 126.000 nuevos efectivos en este periodo (la Seguridad Social eleva el incremento a más de 160.000) hasta un total de casi 3,4 millones empleados
La EPA confirma que las plantillas públicas han crecido en 126.000 nuevos efectivos en este periodo (la Seguridad Social eleva el incremento a más de 160.000) hasta un total de casi 3,4 millones empleados. Hay ahora 400.000 empleados públicos más desde que empezó la crisis de 2007, pese al aumento de la inversión de la Administración en informática, mientras que en el sector privado han desaparecido 1,2 millones, sin que se haya producido reestructuración alguna de personal (no se ha registrado ningún ERTE), cambios de destino o una adaptación a las exigencias que demanda la situación de la pandemia y la peor crisis económica conocida desde la guerra civil.
Es decir, los servicios públicos, replegados en el teletrabajo domiciliario y en la operativa on-line, se han visto colapsados afectando a los contribuyentes y posiblemente al crecimiento económico. Muchos de ellos siguen sin percibir el Ingreso Mínimo Vital, la pensión (sobre todo viudas), la prestación de paro o la percepción correspondiente del ERTE. O no tienen acceso a autorizaciones administrativas y documentales mientras que tienen que soportar eternas esperas en las comunicaciones telefónicas o la escasez de citas previas.
El coste de los salarios se duplica en 20 años
Es evidente que las administraciones públicas no son un ejemplo de buena gestión en materia de personal. Sólo hay que ver que en menos de 20 años se ha duplicado el coste de los salarios públicos y es ya un tercio superior al que había al inicio de la gran crisis en 2007 (33.000 millones más). Así, si en 2001, año en que comenzó el proceso de transferencias del Estado a las autonomías (más de 2.000), ese coste era de 60.011 millones, ahora supera los 140.000 millones. En solo 25 años (desde que hay series estadísticas) esta masa salarial ha crecido en 90.000 millones (180%). Todo esto confirma que el sector público vive ajeno a la realidad económica del país ya que, cuando la crisis aparece, crece aún más el sector público y sus asalariados mientras se ceba en el sector privado.
Las comunidades autónomas destinaron 87.010 millones en pagar nóminas en 2020, una cifra jamás conocida y unos 5.000 millones más que en el ejercicio anterior (6,2%). Han duplicado este gasto en solo 17 años (desde 2003), y es ahora un 35% superior al que registraba en la crisis de 2007 (23.000 millones más). Representa ya el 42,3% del gasto total del conjunto de estas Administraciones. Pero, si lo comparamos con el gasto corriente disponible (gasto esencial y recurrente en el tiempo para el funcionamiento), ese coste de personal equivale al 47% (43% en el caso del gasto no financiero).
Las autonomías se gastan casi la mitad de su presupuesto en pagar nóminas, algo inaudito e insostenible en cualquier empresa privada, dejando poco margen para la inversión
Por tanto, las autonomías se gastan casi la mitad de su presupuesto en pagar nóminas, algo inaudito e insostenible en cualquier empresa privada, dejando poco margen para la inversión, por ejemplo, o la activación de iniciativas que generen productividad y crecimiento. Da lo mismo el color del Ejecutivo. Extremadura emplea a este pago el 56% de su gasto corriente mientras que Andalucía y Castilla La Mancha superan el 55%. Madrid es la región que menos presupuesto destina (35,3%) a este abono. Le siguen Navarra (39,3%) y Cataluña (41%).
Las comunidades con más habitantes son las que tienen mayor gasto de personal. Así, Andalucía emplea 15.273 millones, mientras que Cataluña dispone de 14.046 millones y Madrid llega a 9.834 millones. En porcentaje, la mayor subida la registra Castilla La Mancha (8,5%). Y la subida es del 8,4% en Canarias; 8,2% en Cataluña; y 7,5% en la Comunidad Valenciana. Los incrementos más bajos se producen en Extremadura (1,8%) y País Vasco (2,1%). En términos de PIB regional, Extremadura dedica el 13,1% de su economía a pagar a empleados públicos mientras que Castilla La Mancha llega al 10,5% y Andalucía al 10,2%.
Según los datos oficiales, el 42% de estos gastos de personal de las autonomías (34.474 millones, un 8,8% más que hace un año) corresponde a la remuneración que conforma la Sanidad, de cuya competencia disponen. Por tanto, de los 5.057 millones de incremento del gasto de personal, sólo la mitad corresponde a la Sanidad y se trata de gasto no estructural. Es decir, el empleado sanitario contratado es más barato que el estructural, que puebla dichas Administraciones y además podría desaparecer a medio plazo ya que este trabajo es el que peores condiciones laborales y salariales tiene en el sector público.
La Administración del Estado gasta 25.765 millones
Por su parte, la masa salarial de la Administración Central se situó en 25.765 millones, otra cifra récord, un 2,7% más que en el año anterior (unos 700 millones más) y un 20% más (4.200 millones) desde la gran crisis iniciada en 2007. El gasto en personal del Estado desde que transfirió en 2020 el grueso de las competencias a las autonomías (entre ellas las de mayor gasto corriente como la sanidad y la educación) ha sido del 20%, casi 10.000 millones de euros más. Este gasto representó en 2020 el 9% de su presupuesto total.
A esta cifra hay que añadir el coste de 2.639 millones de los empleados de la Seguridad Social, que curiosamente no paga el Estado sino que se abona con las cotizaciones de los trabajadores y empresarios. Son gastos impropios del sistema público de pensiones endosado por los distintos gobiernos para reducir el déficit de las administraciones elevando el de la Seguridad Social. En este caso, se trata de una cifra similar a la del año anterior.
En cuanto a los ayuntamientos, su gasto de personal también registró una cifra récord. Llegó a los 25.056 millones, un 1% más que el año anterior (234 millones). Representa el 35,3% del presupuesto total de las corporaciones. Es decir, más de un tercio del gasto de los municipios va destinado a pagar nóminas. Desde que empezó la crisis en 2007 ha crecido un 32% (4.200 millones más). Este presupuesto ha crecido un 214% (en más de 17.000 millones) desde que hay estadística homogénea (1995).
