Hace cuatro meses, en octubre de 2022, la Fiscalía Europea (EPPO) solicitó formalmente colaboración y acceso directo a la información sobre la gestión de los fondos UE para sus posibles investigaciones y el Gobierno está dando largas, según ha podido saber Vozpópuli. La EPPO ha puesto este retraso en conocimiento de la Delegación del Parlamento Europeo que visita España estos días, intentando con ello que los eurodiputados den un impulso a la petición en las reuniones que han mantenido estos días con los ministros.

Entre otros aspectos, la Fiscalía Europea -que tiene competencias para investigar, perseguir y enjuiciar los delitos contra los intereses financieros de la UE- solicitó al Gobierno en una carta enviada el pasado octubre acceso a la base de datos en la que se debe centralizar toda la información (denominada Coffee), desde que cualquier administración pública lanza una convocatoria, hasta que se solicita, adjudica y se paga el dinero.

Así consta en un documento interno elaborado por el Secretariado de la Comisión de Control del Parlamento Europeo antes de la misión para fiscalizar la ejecución del dinero europeo y al que ha tenido acceso Vozpópuli. En él se detalla que "la EPPO está a la espera de una respuesta del Gobierno español a una carta de octubre de 2022, enviada a 22 Estados Miembros, solicitando detalles específicos en relación con la aplicación del artículo 22 del Reglamento RRF", relativo a la Protección de los intereses financieros de la Unión.

Este artículo obliga a los Estados Miembros beneficiarios de los fondos UE a "adoptar todas las medidas apropiadas para proteger" dichos intereses y, "a tal efecto, disponer de un sistema eficaz y eficiente de control interno y de recuperación de las cantidades indebidamente pagadas o mal utilizadas". Asimismo, este artículo 22 "autoriza expresamente a la Comisión, a la OLAF, al Tribunal de Cuentas y, en su caso, a la Fiscalía Europea a ejercer los derechos previstos en el artículo 129, apartado 1, del Reglamento Financiero y a imponer obligaciones a todos los destinatarios finales de los fondos desembolsados".

El Europarlamento pregunta

Tras recibir esta información por parte de la Fiscalía Europea, que coopera con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la presidenta de la Comisión de Control del Parlamento Europeo, Monika Holhmeier, ha preguntado expresamente por este asunto a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en sus encuentros.

Según informan fuentes presentes en las reuniones celebradas este lunes y martes, la alemana ha preguntado cuándo se pretende dar una respuesta a la Fiscalía Europea, a lo que Calviño ha evitado responder, asegurando que esto no corresponde a su Ministerio sino al de Justicia Por su parte, desde Hacienda sí han detallado que se dará información "cuando proceda", es decir, "cuando haya una investigación", según describen las mismas fuentes.

En la documentación que manejan los europarlamentarios que examinan estos días los fondos UE se explica que el artículo 24 (1) del Reglamento de la Fiscalía Europea prevé que "las autoridades de los Estados miembros competentes en virtud del Derecho nacional aplicable comunicarán sin demora indebida a la EPPO cualquier conducta delictiva respecto de la cual pueda ejercer sus competencias".

Sin embargo, el Parlamento Europeo destaca en su informe interno que "el actual marco jurídico español puede crear retrasos en la notificación de sospechas de fraude a la EPPO al filtrar las denuncias de fraude a través de la Fiscalía española".

En esa documentación también se trata la cooperación que las autoridades españolas deben desarrollar con la Fiscalía europea en posibles investigaciones de fraude. En este punto se alude a la carta enviada por la Fiscalía, en la que "se pide información sobre la base de datos que permita rastrear los fondos y el acceso de los fiscales delegados europeos, se pregunta sobre los métodos para garantizar que las sospechas de delitos relacionadas con los fondos UE se comuniquen a la EPPO, y se solicitan canales de comunicación específicos y acuerdos de trabajo".

Tras preguntar por este asunto, fuentes conocedoras aseguran que las respuestas de las ministras no han convencido a Holhmeier, quien ha insistido en que la Fiscalía Europea no sabe cuándo hay información de interés que se deba solicitar y, en todo caso, ha reclamado a Hacienda más "proactividad" por parte de las autoridades nacionales, entendiendo que el Gobierno no está aportando toda la información que se espera de su parte, según detallan las mismas fuentes.

El delito de malversación

La jefa de la Delegación del Parlamento Europeo también ha planteado a Nadia Calviño su preocupación con la reforma del delito de malversación. Fuentes conocedoras de la reunión de este lunes entre los europarlamentarios y la vicepresidenta primera trasladan que Monika Holhmeier ha advertido de que la reforma del Código Penal puede afectar a las instituciones europeas y al control de los fondos.

En este caso la vicepresidenta primera ha hecho oídos sordos y ha mencionado las medidas anticorrupción que se han aprobado en el marco del Plan de Recuperación. Cuando la eurodiputada le ha recordado las declaraciones del comisario de Justicia, Didier Reynders, que mira con recelo la reforma, Calviño ha echado balones fuera y también les ha emplazado a preguntar a la ministra de Justicia.

Las fuentes consultadas por este periódico dan cuenta de cómo tanto Calviño como Montero no han respondido a ninguna de las preguntas ni inquietudes que le han trasmitido los europarlamentarios sobre la falta de transparencia, cogobernanza, competencia en los PERTE y de publicidad de datos de ejecución real, es decir, en contabilidad nacional. Esto es, el dinero que realmente ha llegado a la economía, un dato que el Gobierno no proporciona desde agosto de 2021.

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