El Gobierno ha aprobado establecer una moratoria en el pago de los alquileres de locales de negocio que sean propiedad de "grandes propietarios" y/o empresas públicas.
Así lo ha avanzado la vicepresidenta económica Nadia Calviño y han confirmado fuentes de Economía a Vozpópuli, sin detallar la letra pequeña del decreto que se publicará este miércoles en el Boletín Oficial del Estado, ni si se girarán ayudas o préstamos bien a los inquilinos comerciales, bien a los propietarios en general.
En el caso de que el propietario del local no sea un gran tenedor, en cualquier caso, se facilitará legalmente el uso de la fianza como "mecanismo complementario" de pago transitorio al arrendador por parte del arrendatario.
Los grandes propietarios pedían un rescate
Grandes propietarios y arrendadores de centros y parques comerciales como las empresas Merlin Properties, Castellana Properties, el Grupo Lar o Nuveen Real Estate habían alertado al Gobierno de que la crisis del coronavirus tendrá un "gran impacto económico y graves consecuencias para el sector" si no mediaba un plan de rescate al sector.
Dichas reivindicaciones incluían que se establezca desde el Gobierno un marco para la moratoria de los pagos de los alquileres. Paralalemente, pedían también un fondo de garantía estatal para aseura a los propietarios el cobro de los alquileres; ayudas públicas para propietarios que aceptaran aplazar o bonificar rentas, y deducciones fiscales para los arrendatarios que acrediten el pago de la renta en el período sin la actividad habitual.
Fuentes cercanas a los grandes propietarios ven bien que se trate de una moratoria en lugar de una condonación pero, oficialmente, prefieren esperar a ver lo que se publica en el BOE antes de hacer una valoración, teniendo en cuenta que no se ha precisado si desde el Gobierno se girarán ayudas económicas a los propietarios en general.
Desde el sector se reclamaba que se tomen medidas tras las tomadas respecto a los alquileres de vivienda. Fuentes jurídicas consultadas por este periódico han explicado que la mayor diligencia con la vivienda pudo haber tenido que ver con el hecho de que, hasta el decreto antidesahucios, era más compleja aún desde un punto de vista legal la renegociación de las rentas del alquiler de vivienda (donde el inquilino sigue haciendo uso del bien) que las de un local de negocio, donde la fuerza mayor sobrevenida es más fácilmente demostrable.
