El impuesto a grandes fortunas no se tramitará como proyecto de ley, la recomendación de los técnicos dentro del Ministerio de Hacienda para que sea más garantista. El Gobierno volverá a saltarse a Consejo de Estado y lo incluirá como enmienda en la proposición de ley que crea los impuestos a banca y energéticas. Esta proposición se perfila como un texto fiscal Frankenstein, en el que fiscalistas consultados por Vozpópuli muestran su preocupación con lo que puede salir de la tramitación de unos nuevos impuestos a banca, energéticas y grandes fortunas que se prepararon a toda prisa, que no han pasado por el control del Consejo de Estado ni de otros organismos y sobre los que no se ha consultado a los sectores afectados ni a las comunidades autónomas, cuando presentan dudas de doble imposición y constitucionalidad y se prevé una avalancha de pleitos.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado en la presentación de los Presupuestos en el Congreso que el impuesto a grandes fortunas se incluirá en esta proposición de ley, junto con la subida del Impuesto sobre Sociedades a grupos consolidados que anunció en el paquete fiscal para 2023. El impuesto a grandes fortunas no puede incluirse en los Presupuestos, que no pueden crear impuestos, pero técnicos del Ministerio recomendaban tramitarlo como proyecto de ley, a pesar de que meterlo directamente en la proposición de banca y energéticas es la opción más fácil.

Preguntada por qué plazos prevé para la tramitación del impuesto a grandes fortunas en una entrevista con El Periódico de España el domingo 2 de octubre, Montero se abría a que se incorporara en la proposición de ley de banca y energéticas. En su respuesta subrayaba que "el objetivo es que todas estas medidas estén en vigor el 1 de enero". Pues bien, el jueves 6 en el Congreso ya lo ha dado por supuesto. Los técnicos del Ministerio han planteado hasta el final que vaya como proyecto de ley, según ha podido saber Vozpópuli, pero los tiempos aprietan.

En el caso de banca y energéticas, la premura es mayor, ya que se prevé que las empresas afectadas paguen el primer pago fraccionado, del 50% de la cuota, en febrero, y se declare el impuesto, que grava 2022, en septiembre.

No habría tanta prisa con el impuesto a grandes fortunas previsto en 2023 y 2024 que deberá pagarse por primera vez en la primavera de 2024, como el de Patrimonio, junto con la Campaña de la Renta, y que se aplicará sobre el patrimonio de los contribuyentes el 31 de diciembre de 2023. Pero tiene que entrar en vigor el próximo 1 de enero para que pueda estar vigente en ese ejercicio.

La fórmula de la proposición de ley se ensayó con los impuestos a banca y energéticas que registraron en el Congreso los grupos de PSOE y Podemos el 28 de julio. Además de una forma de saltarse informes y acelerar el proceso, es un gesto político hacia Podemos en el que el Gobierno también hace un guiño a sus socios.

En el caso del impuesto a grandes fortunas, además, cabe recordar que su diseño parte de una enmienda que precisamente registró ERC en noviembre de 2020 a los Presupuestos de 2021 y que entonces Montero desechó, pero que ahora ha incorporado: se trata de una recentralización o armonización de Patrimonio por la puerta de atrás en la que el de grandes fortunas es deducible en Patrimonio, con el objetivo de que se pague sólo en las comunidades del PP que lo tienen bonificado, el caso de Madrid y Andalucía. Podemos presentó una enmienda parecida para los Presupuestos de 2022.

Entonces Montero planteó que la gustaba la música pero no la letra y que la armonización al alza para que la Comunidad de Madrid tuviera que subir Patrimonio, y Sucesiones, a la que se añade ahora Andalucía, debería hacerse mediante reforma de ley orgánica y en el marco de la reforma de la financiación autonómica.

Y así lo reconoce ahora mismo implícitamente Montero cuando responde a la petición de Podemos de que el impuesto sea permanente, lo que no descarta en su debido momento, pero que ese camino debe seguirse dentro de la reforma de la financiación autonómica, es decir, con ley orgánica. Sin embargo, Hacienda hace ahora de la necesidad virtud y venderá este impuesto a Bruselas como la reforma fiscal que prometió para armonizar Patrimonio y Sucesiones.

Impuestos 'afectos'

En la presentación de los Presupuestos, la ministra de Hacienda planteó además que la recaudación del impuesto a grandes fortunas, que se estima en 1.500 millones, no se consigna en los ingresos de Presupuestos porque se trata de un impuesto afecto, destinado a un fin, en este caso, financiar medidas de ayuda contra la guerra de Ucrania. En los últimos días, el Ministerio ha planteado una nueva denominación, impuesto de solidaridad, que ahora quiere afectar directamente a este fin.

Sin embargo, los impuestos a banca y energéticas, que se anunciaron con los mismos objetivos, no se consideran afectados. Aunque se han vendido también como tasa de solidaridad, la redacción de la proposición de ley no prevé que se destinen en concreto a estas medidas, lo que llama especialmente la atención para el caso del de energéticas, para el que la Comisión Europea exigía que sí que se dedique a sufragar ayudas. Finalmente, Bruselas va a dar manga ancha en este asunto, y desde Hacienda se traslada que apenas habrá que cambiar el impuesto. La previsión de ingresos de los impuestos a banca y energéticas se recoge en los Presupuestos pero en el capítulo de ingresos no tributarios.

Ha sorprendido que la subida de Sociedades a grupos consolidados no vaya en las Cuentas, pero se trata de una modificación de los regímenes especiales que debe hacerse aparte y que también irá en la proposición de ley de banca, energéticas y grandes fortunas.

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