Sólo 20 días escasos con puente de la Constitución mediante es lo que ha supuesto la tramitación de los nuevos impuestos a banca, energéticas y grandes fortunas en el Senado. Lo que tenga que decir la Cámara Alta no inquieta a Hacienda, que ha abierto este lunes a audiencia pública de forma exprés los Modelos de declaración de los impuestos a banca y energéticas y que se prevé que haga lo propio esta semana con el impuesto a grandes fortunas, que los expertos consultados por Vozpópuli creen que se incluirá en la Orden con los Modelos de declaración del IRPF y Patrimonio, con los que deberá declararse desde abril en sus respectivas campañas.
Hacienda no ha esperado a que el Pleno del Senado vote la proposición de ley este miércoles y ha colgado ya el proyecto de Orden que aprueba los Modelos 795, 796, 797 y 798 -de pago del impuesto y pago anticipado de energéticas y banca, respectivamente-. Que el Grupo Socialista no haya registrado enmiendas y que el pasado miércoles no se incluyera ninguna de las 72 presentadas en el Informe de la Ponencia no impide que en el Pleno se puedan incluir los cambios que se pacten.
No confía en esta capacidad de la Cámara Hacienda, que da por supuesto que los impuestos van a quedar ya como salieron del Congreso, incluso dejando fuera versiones anteriores que atendían a la crítica de más calado que ha hecho el BCE al impuesto a la banca: que al dejar fuera a la banca extranjera atenta contra la competencia, la "falsea", lo que infringe el Derecho de la UE.
Como avanzó Vozpópuli, los bancos extranjeros quedaron fuera in extremis, y sin que fuera advertido por la mayoría de diputados, en el Pleno nocturno que aprobó la proposición de ley antes de tomar en consideración la reforma de la sedición.
Pues bien, Hacienda cuenta con que esto quede así, y tampoco proyecta que se introduzcan los cambios en el impuesto a energéticas que pide el PNV para excluir los peajes ni una enmienda de ERC que clarificaría las dudas sobre cómo aplica el escudo fiscal de grandes fortunas respecto al de Patrimonio. Y está claro que tampoco quiere compartir lo que recaude con las CCAA, como piden los socios de Pedro Sánchez.
Los tiempos aprietan y si el Senado aprueba enmiendas, la proposición deberá volver al Congreso y se retrasara su aprobación definitiva, a lo que el Fisco no quiere arriesgarse. Y cuando todavía no se puede descartar por completo que no se registre una moción de censura, que aplazaría la actividad de la Cámara Baja e impediría que el impuesto a grandes fortunas se apruebe en 2022 y se pague en primavera.
Abre la vía al alud de pleitos
Pero estas consideraciones no afectan a los Modelos de declaración de los impuestos, que podrían tramitarse en enero. Es lo que preveían los despachos que iba a suceder, ya que una vez que los Modelos estén en el BOE, los impuestos podrán recurrirse. Otra vía de recurso es una vez que se haya hecho el primer pago, en febrero el anticipado de banca y energéticas, entre abril y junio la declaración de grandes fortunas, lo que la mayoría de bancos, energéticas y patrimonios proyectan hacer.
Pero técnicamente podrán impugnarse desde que estén en el BOE. Por este motivo, los abogados consultados entendían que al Fisco le interesaba retrasar la publicación a enero para dar menos margen a los pleitos y auguraban que por este motivo no iba a haber reglamento sino que se pasaría en el último momento a la orden ministerial con los modelos de declaración.
Finalmente, los Modelos se han publicado este lunes con un trámite de audiencia pública de sólo 10 días, cuando lo habitual es de 30, lo que podría bordear una elusión de las recomendaciones de la UE en aras de la participación de la sociedad en las normas, según las fuentes jurídicas consultadas. Cabe recordar que los impuestos se han tramitado como proposición de ley para sortear los controles del Consejo de Estado y otros organismos y evitar que se pronuncien los afectados.
Los juristas a los que ha preguntado este periódico entienden que Hacienda acelera también la publicación de las órdenes ministeriales, que podrían estar en el BOE antes de que acabe el año, para dar apariencia de que se cumplen los trámites en tiempo y forma y quitar argumentos a los recursos que argumenten retroactividad.
