El Gobierno había pedido datos y la representación de los profesionales inmobiliarios se los ha dado. La plana mayor de la intermediación inmobiliaria en España ha trasladado a la cúpula del ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que dirige Isabel Rodríguez su posición al respecto del primer año de la Ley de Vivienda, con un balance más negativo en lo fáctico, aunque positivo en las sensaciones de cara al futuro, según fuentes conocedoras del encuentro que tuvo lugar la última semana.
En la hora y media de reunión, el tema principal pasó por los efectos de la nueva legislación desde 2023. Por el lado del Ejecutivo, participaron la ministra, el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, y el secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, Iñaqui Carnicero, al que empresarios del sector consultados por Vozpópuli atribuyen un rol más que relevante dentro de la nueva etapa de mano tendida que atraviesan el Gobierno y las empresas del sector inmobiliario.
Por el lado privado tomó parte en esta ocasión una delegación que representa al 87% de los profesionales del sector inmobiliario en España. Entre los involucrados estuvieron el presidente del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España, Gerard Duelo Ferrer; el presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI), Miguel Ángel Gómez Huecas; el vicepresidente de la Federación Nacional de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (FNAPI), Vicenç Hernández Reche, y el asesor jurídico de la Federación de Asociaciones de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, José Merino Tapia (FASAPI).
Diálogo con los datos sobre la mesa
Desde el lado empresario se ha valorado como más que cordial y positiva la predisposición al diálogo en la cúpula ministerial, tanto en cuestiones exclusivamente del sector -entre ellas, la regularización de la profesión inmobiliaria- como en relación a la flamante Ley de Vivienda, de corte mayoritariamente intervencionista -con distintas disposiciones al margen del control de precios, como las relativas a los casos de impago, que en el sector propietario se ven como una escalada de desprotección sobre sus intereses.
En este sentido, los agentes elevaron datos susceptibles de ser considerados alarmantes desde la óptica de la ley de la oferta y la demanda sobre los precios. En concreto, se hizo saber a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana de un relevamiento de datos que ponen de relieve unas repercusiones negativas considerables en la oferta en alquiler por parte de la legislación que lleva ya más de un año en vigor.
De forma similar, se ha incidido en que de acuerdo a la información de otra empresa del sector, Alquiler Seguro, el mercado habría perdido unos 60.000 pisos tras la nueva normativa
La parte empresaria expuso una serie profusa de datos, entre ellos, una caída del 15% en el volumen de unidades en oferta para alquiler en toda España al cabo de los doce meses de la entrada en vigor de la Ley. Ello, en línea con los registros que difunde el portal de anuncios Idealista.
De forma similar, se ha incidido en la proyección de otra empresa del sector, Alquiler Seguro, en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos: el volumen agregado de pisos que salieron al mercado cayó en unas 40.000 unidades en 2023 respecto al año anterior - equivalentes a cerca del 5% del parque total- y se encaminaría a perder durante este 2024 otros 60.000 pisos. El grueso de estos últimos, unos 25.000, corresponderían a Cataluña, la única comunidad autónoma que ha puesto en marcha la medida más intervencionista de la Ley de Vivienda: el límite a los precios en zonas declaradas como tensionadas.
Por lo pronto, según los últimos datos de Fotocasa, el precio medio del alquiler en España rebasó la barrera de los 1.000 euros al mes en el mes de junio, con Madrid, Baleares y Cataluña liderando la escala de precios.
Vivienda pide más "tiempo" y nuevo encuentro
Ante la presentación de la evidencia, la respuesta desde el lado gubernamental no ha pasado por otros datos sino por la petición de más "tiempo" para valorar los efectos de la normativa que entró en vigor en mayo de 2023. "Es un hecho que se trata de una ley joven, a la que hay que darle tiempo", señalan fuentes cercanas al ministerio de Vivienda.
Un diagnóstico con el que no coinciden los agentes inmobiliarios. "La experiencia de otros sitios donde se han aplicado medidas similares demuestra que no se trata de una cuestión de tiempo", señala uno de los empresarios presentes en la reunión, que aprecia igualmente el esfuerzo que percibió en la ministra Rodríguez por poner los datos en consideración.
Las partes se han emplazado para un nuevo encuentro tras las vacaciones de verano en el que se podrían profundizar otros temas, como la diferenciación entre la ocupación y la 'okupación' -del que el Gobierno avanzó que interpreta que los datos "no son alarmantes"- , los alquileres de temporada -que en este caso no se llegaron a abordar- o la inversión pública en Vivienda.
16.500 viviendas en marcha de promotores
Por lo pronto, el sector de los agentes inmobiliarios no es el único en el real estate patrio que ha comenzado a percibir una mayor apertura del Gobierno hacia el sector privado: también las propias promotoras.
Según han precisado fuentes gubernamentales, hay un pipeline de 16.500 viviendas cuyos impulsores estaban pendientes de la firma del convenio este lunes entre el Ejecutivo y la banca para la financiación con unos 6.000 millones en préstamos y avales del Instituto de Crédito Oficial de 43.000 pisos de alquiler protegido en suelos públicos y privados.
Un programa que estará respaldado por fondos europeos Next Generation y en virtud del cual los promotores interesados podrán contar financiación más barata a cambio de mantener las viviendas desarrolladas dentro de unos niveles de precio determinados durante al menos 50 años.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se hizo presente en el anuncio del convenio en la víspera de su declaración este martes en el marco del proceso judicial por supuesto tráfico de influencias contra su mujer, Begoña Gómez.
Junto a las cúpulas de Vivienda y Economía y en un evento con periodistas y sin preguntas, Sánchez reivindicó que ya están en marcha, en distintas fases, 80.000 de las 183.000 viviendas de titularidad pública prometidas en la campaña electoral del 2023.
