Ransés Pérez Boga (A Coruña, 1968) ha vuelto a la dirección de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) con ganas renovadas después de su paso por el Ayuntamiento de Madrid como independiente en las filas del Grupo Socialista, que le ha dejado un regusto amargo. Este periodo coincidió con un momento en el que la Junta de IHE prefirió mantener un perfil bajo, muy diferente al papel que venían jugado los inspectores en los últimos años. Ahora, con una Junta veterana y muy activa, quieren marcar el debate público sobre, le gusta destacar, cuestiones de gestión tributaria y lucha contra el fraude. Sin embargo, los límites entre la política tributaria y la gestión a menudo no están claros, como en el Cupo Vasco, que pide suprimir por los problemas de gestión, aplicación de los tributos y fraude que genera.
Pregunta (P). ¿Qué objetivos se marca la directiva de la Organización de Inspectores de Hacienda?
Respuesta (R). Dobles. Conseguir que la actividad propia del inspector se desarrolle en mejores condiciones, lo que respecto a la Agencia Tributaria significa que en la carrera se cumplan los criterios de mérito, capacidad y antigüedad. En segundo lugar, aportar relevancia en temas de relevancia, con nuestras opiniones en foros y medios de comunicación. En este sentido sitúo los documentos que publicamos con medidas de lucha contra el fraude y otros asuntos. En la esencia del inspector: no hacemos leyes ni tratamos cuestiones de política tributaria, nosotros somos poder ejecutivo, nos dedicamos a gestionar, a gestionar el sistema tributario, y nuestras intervenciones se centran en eso. También hemos colaborado en la Agenda 2050 con Moncloa en cuestiones clave en la lucha contra el fraude.
P. ¿Cómo valoran el aumento del Presupuesto de la Agencia Tributaria para 2022? ¿Es suficiente?
R. Hay que mejorar medios materiales y humanos. Las medidas que se deben tomar no se han tomado. El Presupuesto de la Agencia Tributaria ha aumentado pero el relativo a la plantilla, a los Recursos Humanos, es mucho más discreto que el global. Para un incremento de cerca del 9%, la plantilla lo hace muy por debajo, cerca del IPC. Cubren las jubilaciones, pero poco más. La idea del director es recuperar los números de hace unos años.
P. ¿Es la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal una manera de enmendarle la plana al Supremo es sus varapalos a Hacienda?
R. La Ley de Lucha contra el Fraude es una buena ley, toca muchos palos, sobre todo en prevención, y nos concede más facultades en entradas en el domicilio de las empresas, en la potestad administrativa. También respecto a los pagos en efectivo y las Sicav, sobre las que por fin se nos devuelve el control, algo que siempre nos llamó la atención que se nos quitara. Se podría haber hecho algo más riguroso con los pactos sucesorios, como decir que son actos inter vivos y gravarlos en renta, han querido coger una posición intermedia. Había pactos sucesorios en un día, y en el mismo, la compraventa, es decir, se utilizaba el pacto sucesorio para generar una plusvalía que no tributa. En ese sentido la ley ha actuado de forma bastante acertada, aunque se podría haber puesto alguna excepción forzosa para cuando no se hace por fraude sino por motivos de necesidad. El Supremo y el legislador están en planos diferentes, uno no enmienda la plana al otro.
Una de las lineas de actuación de los inspectores va a ser controlar a las Sicav y discernir las fraudelentas
P. ¿Están ya controlando las Sicav?
R. Una de las líneas de actuación en 2022 va a ser ésta: discernir las fraudulentas de las que no, ahora estamos cerrando el ejercicio 2021.
P. El Supremo acaba de ratificarse en que no se puede entrar en el domicilio de una empresa por sorpresa, a pesar de que la Ley el Fraude lo permite. ¿Qué van a hacer?
R. La primera sentencia de octubre de 2020 me parece bien, pide proporcionalidad y que no se haga en base a meras presunciones y datos estadísticos. Por supuesto que la entrada tiene que estar motivada. Pero lo que desvirtúa es que haya que avisar. Si se avisa, posiblemente no se encuentre nada y carezca de sentido, siendo correcta la ley estaba como estaba. Es cierto que la Ley General Tributaria no lo dice de manera clara y el magistrado hace una interpretación muy razonable. La Ley de Lucha contra el Fraude establece cómo debe plantearse la autorización al juez con unos requisitos reglados, incluso sin que sea necesaria la previa notificación al contribuyente.
Por supuesto que la entrada en una empresa debe estar motivada. Lo que desvirtúa es avisar. Seríamos partidarios de que lo regule una ley orgánica
P. El Supremo insiste en que sólo se puede regular la entrada sin aviso en una ley orgánica…
R. Seríamos partidarios de que fuera en ley orgánica para dar seguridad jurídica, que se regule todo: el procedimiento, qué se entiende por domicilio constitucionalmente protegido, un asunto en el que no hay definición general, sólo diversas sentencias que van recogiendo asuntos puntuales. Lo hemos transmitido al Comité de expertos para la reforma fiscal, se debería haber hecho así.
P. ¿Conseguirá Gestha que los técnicos se conviertan en inspectores con Podemos en el Gobierno?
R Esa reivindicación no tiene ningún sentido práctico. Se está hablando de unas personas que ya están trabajando en la Agencia Tributaria, trabajando de manera muy positiva, ¿es qué van a trabajar más o mejor que antes? No tiene ni pies no cabeza, se funciona con un equipo de inspector y técnicos, que aportan, ya funciona, muchas veces el inspector sólo visa.
P. ¿Qué les parece la reforma de los interinos, que se pueda acceder a un puesto de funcionario sin oposición?
R. En Hacienda no hay interinos, pero el acceso a la Función Pública debe estar basado en capacidad y mérito, no puede ser lo mismo, no es lo más apropiado. Nos preocupa mucho el sistema de oposiciones, que el Gobierno lo quiere modificar porque se van a jubilar muchos funcionarios, nos vamos a enfrentar a jubilaciones masivas. Confiamos en que sea un problema coyuntural y la solución no puede ser modificar el examen y que sea menos memorístico. Hay que publicar convocatorias con el tiempo adecuado, con una planificación plurianual, hacer campañas de publicidad sobre la Función Pública, y se debe desarrollar un sistema becas y, si se quiere, complementar las pruebas memorísticas con pruebas prácticas.
P. ¿Está Hacienda aumentando los controles sobre quién inspecciona a las grandes empresas?
R. Los puestos de la Delegación de Grandes Contribuyentes son de libre designación, no por concurso desde hace dos años. La libre designación tiene un gran componente de aletoriedad, de confianza, mientras que en un concurso hay criterios más objetivos. Para las plazas de inspección a grandes empresas, no debemos contar con las personas de más confianza de la dirección, sino por méritos objetivos. Ante las quejas sobre el cambio hace dos años, la Administración estableció un protocolo de méritos, con cierta objetividad: no podía concurrir nadie con menos de 24 años de experiencia, y al menos dos de los últimos seis años debía haber estado en el área. Ahora se ha modificado el protocolo, pasando de 24 a 18 años. Se ha intentado suavizar un poco el protocolo y hay que estar alerta. Han argumentado que lo han hecho por ser la edad media tan elevada y porque se va a jubilar mucha gente, porque quieren tener más donde elegir.
Para la inspección a las grandes empresas, no debemos contar con las personas de más confianza de la dirección sino con méritos objetivos
P. ¿Es un bonus un sistema adecuado para incentivar la actividad de la Agencia Tributaria?
R. El PEIA (Plan Especial de Intensificación de Actuaciones) se articula en función de la recaudación, se modula respecto a la recaudación líquida, pero no en una relación absolutamente proporcional, sino más bien respecto a un montante a nivel global. No es una comisión por recaudar. Lo que hace es valorar el trabajo del funcionario en función de su utilidad al país, no deja de ser un criterio legítimo exigir que el funcionario aporte más, pero tal vez se le debería pedir no más recaudación sino más trabajo, más inspecciones, más expedientes, no tanto más acierto en la recaudación, cuando muchas veces el trabajo no tiene nada que ver con lo que se recauda.
P. ¿Qué le parece la denuncia de Agapito García, el mayor moroso con Hacienda en varios años, sobre indefensión en el documental 'Hechos probados'?
R. Es una película. Hay otra sobre La guerra de las galaxias, la he visto y he pagado. Ésta no deja de ser una manera de ganar dinero de este señor, lo que es legítimo, está en su derecho. Pero rechazo la acusación de falta de seguridad jurídica. Se levantan actas, se impugnan ante un tribunal administrativo y lo ven otros inspectores, luego va al Juzgado, y a un Tribunal, esto es garantizar la seguridad jurídica, ayuda a minimizar los errores que se pueden haber cometido. Se pueden sentir víctimas pero no lo son. El listado de morosos se ha hecho con un análisis de legalidad. Se enjuició la constitucionalidad de la norma, enfrentado el principio de legitimidad del Título 1, pero también el artículo 31 del deber de sostener los gastos públicos. Entre los dos principios, en determinados casos debe prevalecer uno u otro. En el caso de los grandes morosos, el legislador considera que entre los dos prevalece el deber de sostener gastos, el legislador hace un juicio de proporcionalidad.
P. ¿Comparte con Podemos que la reforma fiscal va muy lenta?
R. Es un reforma profunda que va a cambiar cosas muy importantes y debe hacerse de forma sosegada, que se haga un dictamen de expertos y luego se pueda debatir, lo mismo pasó con el informe de Lagares, pone encima de la mesa las reformas para que luego sean debatidas.
¿La armonización al alza? Depende. En Madrid debe ser al alza, pero en Asturias, a la baja. Se debe ser respetuoso con la capacidad fiscal, con horquillas máximas y mínimas
P. ¿Deben armonizarse al alza Patrimonio y Sucesiones y Donaciones y obligar a la Comunidad de Madrid a subirlos, como sostienen el Gobierno y sus socios?
R. Sobre la armonización al alza, depende. Para Madrid, con Patrimonio a cero, debe ser al alza: pero para Asturias, con los impuestos muy altos, será a la baja. La armonización debe ser respetuosa con la capacidad fiscal, con horquillas máximas y mínimas. La capacidad fiscal es un derecho de las comunidades en la Constitución, pero los expertos de Lagares ya consideraron armonizar Sucesiones. Sobre si es constitucional o no, desgraciadamente lo decidirá el Tribunal Constitucional, no está muy claro. Hay dos derechos: la corresponsabilidad fiscal y el artículo 156, que dice que el Estado puede actuar cuando se perjudique a una parte del territorio. Debería haber una ley orgánica que lo desarrolle, pero como no la tenemos, le tocaría al TC. Pero lo mejor sería llegar a un acuerdo entre todos.
P. ¿Hace Madrid 'dumping' fiscal?
R. No solemos hablar de política tributaria, no nos posicionamos, pero no tiene sentido que una comunidad no haga pagar nada y otras mucho. Pongo el ejemplo de la frontera entre Galicia y Asturias, porque en Asturias se paga en Sucesiones una cantidad muy elevada y en Galicia, no. La armonización equilibrará leyes en todo el territorio, con mayor justicia tributaria. Una segunda consideración es que muchos contribuyentes se deslocalizan ficticiamente de una comunidad a otra, siendo difícil, casi imposible, saber si está viviendo en Madrid o Barcelona.
P. ¿Qué debe hacer la reforma fiscal y de la financiación autonómica con el Cupo vasco?
R. La situación es muy parecida a la de Madrid, se debe unificar, aproximar las legislaciones autonómicas, que se apliquen impuestos de la manera más cercana posible. El Cupo vasco ofrece una consideración parecida a la de Madrid. El sistema vasco es totalmente autónomo, las personas que trabajan en País Vasco pero viven en territorio común suponen muchos problemas de aplicación, gestión e información y de lucha contra el fraude. En el IRPF, nos lleva a tener que devolverles. En el IVA, igual, como la problemática que hubo con la planta de coches en Navarra con sus proveedores fuera: el IVA se repercutía en territorio común y se soportaba en Navarra, y Navarra tenía que devolver. Hay problemas de coordinación, no es el modelo más operativo ni eficiente, crea dificultades. Ahora tenemos más datos que hace años, pero lo mejor es un sistema único, criticamos que exista soberanía fiscal independiente, sin caja única.
El tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades nos hubiera gustado que fuera mayor
P. ¿Tiene sentido que España se adelante a la tasa global a multinacionales y aplique un tipo mínimo del 15% con parámetros distintos al acuerdo internacional?
R. No es una medida que vaya a solucionar problemas presupuestarios. El tipo del 15% sería muy deseable que hubiera sido superior, pero como hay territorios en la UE muy próximos a esa cifra, habría sobretributación, entendemos la motivación. Nos hubiera gustado más pero es un primer paso. Sobre base imponible es más razonable que sobre resultado contable, es el sistema más tributario, más cercano a la justicia fiscal. En el caso de España, la aplicación de la tasa global a empresas que facturen más de 750 millones dejaría muy pocas sociedades, elegir las de más de 20 millones me parece más objetivo.
P. ¿Qué le parece la nueva plusvalía municipal?
R. No somos inspectores locales, pero después de tres años en el Ayuntamiento de Madrid he mirado con interés el impuesto. Me ha parecido sorprendente que ante la inconstitucionalidad el legislador no haya hecho nada tras la sentencia de 2017, ni siquiera la de 2019. El legislador debería haberlo regulado e incluso haberse anticipado. Al menos por fin se ha hecho, pero el Real Decreto-ley llega tarde. Lo que no nos ha gustado es que se haya elegido una base imponible de difícil comprobación, el valor real, cuando la Ley de Lucha contra el Fraude crea el valor de referencia, que simplificaría mucho y evita valoraciones farragosas, en la plusvalía se debería haber incorporado. No sólo para herencias.
La nueva plusvalía municipal llega tarde. El legislador debería haberla regulado antes e incluso haberse anticipado
P. ¿Y la imposibilidad de reclamar?
R. La irretroactividad la ha aplicado más veces el Constitucional. Es una sentencia respetuosa con la eficiencia de la financiación local y da seguridad jurídica a situaciones consolidadas.
P. Pero quienes hayan autoliquidado en los últimos cuatro años tienen derecho a reclamar, lo suyo no está consolidado
R. Sí, pero aún así creo que es necesario sostener los servicios públicos.
