El 25 de enero de 2023 se ha convertido en una fecha maldita para los inversores en energías renovables. En cada evento público o encuentro privado, los firmas que arriesgan su dinero para el desarrollo del sector repiten una y otra vez que, si no hay una solución para esta repetitiva fecha, se producirá en este sector estratégico para el Gobierno un “atasco insoportable”, como lo define una gran eléctrica a Vozpópuli.
El atasco se producirá, por tanto, en menos de dos meses. Si una planta fotovoltaica o eólica, que ya cuenta con la autorización administrativa, no ha logrado antes la declaración de impacto ambiental favorable, sus permisos quedarán suspendidos de manera automática. Serían aquellos proyectos de generación que hubieran obtenido el permiso de acceso en fecha posterior al 27 de diciembre de 2013 y antes del 25 de junio de 2020, fecha de entrada en vigor de la norma.
Las cifras que manejan desde el sector y, que aparecen de manera reiterada estas semanas en los medios, es que cerca de 100 gigavatios (GW) se encuentran en esta situación. Una cifra de potencia que es similar a la capacidad total instalada que pronosticó el Gobierno con eólica y fotovoltaica en el final de su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030.
El tema no es menor. Y menos en el momento actual. El Gobierno quiere convertir a España en uno de los principales productores de energía verde de Europa aprovechando las alarmas que se han lanzado con la crisis de Ucrania, los altos precios de la energía y el impulso de los famosos fondos europeos.
El Gobierno, y en concreto el equipo de Teresa Ribera, dio en junio de 2020 un plazo de 31 meses a los promotores de los proyectos para conseguir estos permisos para reducir la especulación en el sector. El problema es que en esos 100 GW pendientes de la famosa declaración de impacto ambiental (DIA) hay promotores que buscan especulación y la gran mayoría, tal y como informan desde el sector, existen proyectos solventes que no avanzan por las dificultades administrativas.
Una gran factura
Muchos inversores hablan de cantidades de dinero paradas a la espera de este atasco. El sector de las renovables estima que esta potencia parada tiene un valor de mercado que ronda los 3.000 millones de euros. Un dinero que, como apuntan, se puede mover a cualquier otro mercado con cualquier bandazo regulatorio.
Los dueños de las autorizaciones que están a la espera de estas declaraciones de impacto ambiental ya habrían depositado fianzas de cerca de 40.000 euros por cada megawatio (MW) de potencia autorizada. Un dinero que perderán si no logran la DIA antes del 25 de enero.
"La no acreditación ante el gestor de la red de dichos hitos administrativos en tiempo y forma supondrá la caducidad automática de los permisos de acceso (...) y la ejecución inmediata de las garantías económicas presentadas para la tramitación de la solicitud de acceso a las redes de transporte y distribución", puntualiza el propio real decreto 23/2020.
Aunque los inversores confían, por lo menos en poder recuperar estas 'fianzas'. La propia norma apunta que "si por causas no imputables al promotor, no se produjese una declaración de impacto ambiental favorable, no se procederá a la ejecución de dichas garantías”. La gran mayoría culpa a la lentitud de la Administración de la congelación de su proyecto.
Ribera ha insistido que no tiene “la menor intención” de ampliar estos plazos. El sector espera algún ‘as en la manga’ como una modificación de la norma que ofrezca cierta flexibilidad o que esas declaraciones de impacto ambiental tengan capacidad retroactiva para evitar que el 25 de enero se golpee con fuerza a aquellos que quieren invertir su dinero en energías renovables en España.
Las renovables buscan el récord
Los inversores ponen en valor las cifras que se manejan y que se manejarán en el sector. En 2021 se invirtió una cifra récord de 755.000 millones de dólares en la transición energética verde. Este año, en el que el suministro de petróleo y gas ruso en Europa ha caído en picado debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, se espera que la inversión en energías renovables supere los 1,4 billones de dólares.
Como consecuencia de la actuación de Rusia en Ucrania, la UE anunció REPowerEU, una ambiciosa estrategia que pretende que el continente sea completamente independiente de Rusia en materia de energía antes de 2030.
"A corto plazo, el plan se centra en la creación de nuevas asociaciones energéticas con proveedores fiables; un rápido despliegue de proyectos de energía solar y eólica, además del desarrollo de hidrógeno renovable; una mayor producción de biometano; proyectos de hidrógeno en toda la UE; asesoramiento en toda la región sobre cómo los ciudadanos y las empresas pueden ahorrar energía; y llenar el almacenamiento de gas de la UE al 80% de su capacidad para el 1 de noviembre de 2022", explica Daniel Bowie-MacDonald, Investment Specialist de abrdn .
A medio plazo, los objetivos de REPowerEU son varios. Destacan el permitir inversiones y reformas por valor de 300.000 millones de euros; impulsar la descarbonización industrial con proyectos de 3.000 millones de euros en el marco del Fondo de Innovación; mejorar la legislación y acelerar los permisos para las energías renovables; invertir en una red de infraestructuras de gas y electricidad adaptada; aumentar los objetivos de eficiencia energética y elevar el objetivo europeo de energías renovables para 2030 del 40% al 45%. El mensaje de que en España no se atascan 100 GW, para el sector, es un riesgo muy peligroso para las cifras que se mueven.
Hispanicus
"El atasco se producirá ese día porque, si una planta fotovoltaica o eólica, que ya cuenta con la autorización administrativa desde antes de junio 2020, no ha logrado antes la declaración de impacto ambiental favorable, sus permisos quedarán suspendidos de manera automática." Erróneo. Cómo van a tener autorización administrativa si no han obtenido antes la declaración de impacto ambiental. Lo que tienen son unos permisos de acceso y conexión y una admisión a trámite de sus solicitudes de autorización administrativa previa y de construcción. Una gran parte de proyectos tiene un componente especulativo brutal. Son proyectos inmaduros que no cuentan con todos los acuerdos de arrendamiento con los propietarios de los terrenos, pretendiendo la declaración de utilidad pública para instalaciones que no tienen tal finalidad. Véase el escándalo de lo sucedido con la megaplanta fotovoltaica de Ibertrola en Extremadura.