"La situación financiera y patrimonial que Banco Popular exteriorizaba a través de sus cuentas anuales y que se trasladó al folleto de la ampliación de capital no reflejaba la realidad de dicha entidad bancaria". Bajo esta premisa, la titular del Juzgado número 1 de Majadahonda (Madrid) ha declarado la nulidad de la compra de acciones realizadas por un demandante y ha ordenado al Banco Santander -que adquirió la entidad por un euro- devolverle los 176.625 euros invertidos en la operación financiera. La sentencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, tumba los argumentos esbozados por la excúpula del Popular en los interrogatorios que desde principios de octubre se celebran en la Audiencia Nacional.
La conclusión de la magistrada coincide con la hipótesis de la Fiscalía anticorrupción, a cargo de la acusación en la causa que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 4 contra los exdirectivos del Banco Popular. Según el escrito de ordenación de querellas del ministerio público, la entidad proporcionó a sus potenciales inversores "folletos de inversión e información de sus estados contables y financieros que no reflejaban la verdadera situación económica de la entidad".
El expresidente del Popular Ángel Ron, el exvicepresidente Roberto Higuera y el ex consejero delegado Francisco Gómez -todos ellos investigados por presuntos delitos societarios- respaldaron en sede judicial la ampliación de capital de 2016. Los tres coincidieron en que las cuentas del banco "estaban en orden" y han insistido en que contaba con el respaldo del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según fuentes presentes en los interrogatorios.
Hasta ahora, el único que ha señalado supuestas irregularidades en las cuentas de 2016 ha sido Emilio Saracho, quien ocupó el cargo de presidente en los últimos 108 días del banco. Según fuentes presentes en la declaración, el banquero aseguró que su antecesor alteró conscientemente la información sobre el estado financiero de la entidad para ocultar la falta de provisiones.
"Actuación omisiva de ocultación"
Mientras se celebran los interrogatorios en la Audiencia Nacional, una juez de Majadahonda ha acordado dar la razón a un demandante al considerar probado que si el inversor hubiese conocido "la difícil situación real en la que se encontraba la entidad demandada que desembocó solo un año después en su intervención y venta por un euro a otra entidad, no habría adquirido las acciones".
El cliente sustentó su petición de nulidad en la "existencia de vicios del consentimiento, en concreto, de error y subsidiariamente por errores e inexactitudes en la información recibida". Según recoge la sentencia emitida el pasado 23 de octubre y contra la que cabe recurso, sí existió un error imputable al banco, ya que, "con su actuación omisiva de ocultación o de falta de información suficiente y veraz, provocó en el demandante una representación errónea de la situación financiera de la entidad emisora".
La magistrada ha hecho hincapié en que el folleto de ampliación de capital de 2016 anunciaba que la operación reforzaría la "rentabilidad" del banco, lo que permitiría "elevar la capacidad de generación de capital futura". Sin embargo, ha subrayado la juez, un año después se aprobaron las cuentas con pérdidas de 3.222 millones de euros y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ejecutó la resolución dictada por la Junta Única de Resolución (JUR) tras determinarse la inviabilidad del banco porque "no podía hacer frente al pago de las deudas y demás pasivos a vencimiento".
Grave problema de solvencia
"Teniendo en cuenta los hechos acaecidos con posterioridad a la decisión de la JUR [la adquisión del Popular por un euro y la posterior ampliación de 7.000 millones], considero que Banco Popular no sólo tenía un problema de liquidez, que es indudable que la retirada masiva de fondos le pudo originar, sino que tenía un grave problema de solvencia que dio lugar a su resolución y la simbólica venta del Banco por un euro.
Desde el despacho Navas & Cusí, que ha representado al demandante que ha ganado esta sentencia, consideran que se trata de una sentencia "extraordinariamente dura que responsabiliza al Santander de la falta de transparencia del Popular", algo que, a su juicio, "marca un antes y un después en este tema".
Mientras clientes en todo el país intentan recuperar la inversión perdida, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama y el fiscal Antonio Romeral investigan por la vía penal las presuntas irregularidades que llevaron a la quiebra a la entidad.
