La opción de financiar el mantenimiento de las autopistas y autovías a través del pago de los usuarios por su uso cobra cada vez más fuerza, hasta el punto de que el Gobierno podría articularlo a través de la Ley de Movilidad Sostenible que, en la actualidad, solamente es un proyecto pero en el Ministerio de Fomento está trabajando con intensidad. El Ejecutivo busca un amplio consenso antes de dar el paso definitivo.
Por ahora, la futura Ley tan sólo es una posibilidad que el Gobierno estudia como un vehículo adecuado para plasmar la planificación a largo plazo del Ministerio de Fomento y sus diferentes acuerdos con el resto de Administraciones Públicas. Para el actual Ejecutivo, la movilidad es un aspecto fundamental de su estrategia, hasta el punto de que el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, ha reiterado en numerosas ocasiones que "debemos mirar más a la movilidad y menos a las infraestructuras".
Sin embargo, el mantenimiento de estas últimas, en especial el de las carreteras y de la red ferroviaria convencional, se ha convertido en un serio problema desde la llegada de la crisis, toda vez que el desplome de la inversión pública ha provocado serios déficits en este capítulo.
Tras el pasado verano, una vez que el nuevo Gobierno terminó de aterrizar tras la moción de censura, Fomento comenzó a plantear la posibilidad de implantar el pago por uso ante la evidencia de que las partidas presupuestarias no son suficientes para atender el mantenimiento de las carreteras.
El Gobierno pretende llevar a la Ley aspectos relacionados con el incremento exponencial del transporte, la innovación y la digitalización aplicada a éste y las diferentes formas de gestionar unas ciudades cada vez más crecientes. Los numerosos estudios, informes y conclusiones de debates encargados por el Ejecutivo en los últimos meses han dado pie a plantear su plasmación en una normativa que permita, además, que los planes elaborados por Fomento vayan más allá de los ciclos electorales.
En busca de consenso
En el contexto de regular la movilidad, la mejor forma que plantea el Gobierno de hacerla sostenible es con el pago por el uso de las carreteras, que introduciría un elemento de cohesión territorial (actualmente, los peajes se localizan en determinadas Comunidades Autónomas) y también equipararían estas infraestructuras a otras como las ferroviarias, portuarias y aeroportuarias donde el pago por uso funciona desde hace mucho tiempo.
En busca del máximo consenso, el Gobierno creó una subcomisión que se encarga de analizar este asunto. El Ministerio de Fomento se ha remitido en algunas ocasiones a las conclusiones de esta subcomisión para adoptar una decisión definitiva. De optar por aplicar ese pago, la Ley de Movilidad Sostenible sería el vehículo más adecuado para darle carta de naturaleza.
El Gobierno cuenta con el respaldo del sector privado, que lleva años insistiendo en la idoneidad de la fórmula para financiar el mantenimiento de una creciente red de carreteras. Seopan, la patronal de las grandes constructoras y concesionarias de infraestructuras, recuerda que España se encuentra entre los únicos cuatro países de la Unión Europea que no tiene la totalidad de su red de alta capacidad tarificada. Y, de hecho, tan sólo el 18% de esa red está sometida a algún tipo de pago por uso.
