"Nos preocupa que vamos muy tarde con la adenda del Plan de Recuperación", ha lamentado Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, en un encuentro con medios este martes. Cuando se ha cumplido un año de la aprobación de la adenda el 6 de junio de 2023, apenas han recibido información y apuntan a que no va a dar tiempo a gastar los fondos con el plazo marcado de agosto de 2026. Albert ha explicado que han solicitado por carta en varias ocasiones más información sobre las condiciones de los préstamos y las características de los proyectos financiables, pero no han "obtenido respuesta" y se han "ido enterando a cuentagotas a través de los medios de comunicación".
La Comunidad de Madrid denuncia que el Gobierno de Pedro Sánchez sólo ofrecerá a las comunidades autónomas 3.000 millones de euros de la adenda, únicamente el 15% de los 20.000 millones del Fondo de Resiliencia Autonómica (FRA). Estos fondos se canalizarán como préstamos reembolsables gestionados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y estarán destinados a proyectos de colaboración público-privada, con la condición de que el 90% de lo que corresponde al sector público esté finalizado en agosto de 2026.
Esto les lleva a pensar que habrá que destinarlos a proyectos que estén ya iniciados, porque sino será muy difícil cumplir los plazos,
La salida de Nadia Calviño y las elecciones europeas y el periodo de interinidad de la Comisión han complicado aún más la situación. "Los préstamos deben ser gastados antes de agosto de 2026, pero el tiempo necesario para tramitar un préstamo con el BEI hace imposible iniciar nuevos proyectos", ha insistido Albert.
La consejera ha recordado que Italia solicitó las ayudas y los préstamos simultáneamente, mientras que Calviño prefirió dejar los préstamos para el final, con lo que Italia ha tenido casi dos años ya para desarrollarlos, y las CCAA españolas parten con gran desventaja.
De hecho, el Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de augurar que España no va a poder ejecutar el 57% de los fondos europeos, ha señalado.
Además, Albert ha destacado que los préstamos reembolsables "computan en déficit".
Falta de cogobernanza
También ha criticado la falta de cogobernanza en el diseño de la adenda, en el que no se ha tenido en cuenta a las comunidades ni a sus proyectos. "El Gobierno de España no ha tenido en cuenta los proyectos preparados por las CCAA.
Y ha advertido de la ineficacia de las herramientas informáticas estatales para el seguimiento de los fondos, como Coffee y Elisa. "Coffee no está operativa al 100% después de varios años, y Elisa no ofrece información completa ni con datos oficiales. Es mejor la herramienta de la AIReF. Ante estas carencias, la Comunidad de Madrid ha desarrollado una aplicación para monitorear el cumplimiento de hitos y objetivos", ha explicado.
Con todo, la Comunidad de Madrid ha movilizado 2.417 millones de euros entre 2020 y 2023, lo que supone el 91% de los fondos asignados (2.642 millones). Sólo el 28% de estos fondos es de iniciativa pública, siendo el resto destinado al sector privado. Hasta la fecha, cerca de 1.500 millones de euros ya están en manos de empresas, entidades o particulares, lo que representa el 57% del total recibido.
