Meliá recibe un golpe judicial en plena crisis del coronavirus al reactivarse un pleito en España que la compañía hotelera consideraba 'enterrado'. La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha estimado el recurso de apelación presentado por los Sánchez Hill, la familia de origen cubano que reclama a Meliá una indemnización de al menos diez millones de dólares por la explotación de dos hoteles en Cuba, después de que el Juzgado de Primera Instancia nº 24 de Palma de Mallorca tumbase la reclamación el pasado septiembre.
El juzgado archivó la causa por ausencia de jurisdicción y falta de competencia judicial internacional de los tribunales españoles. Un argumento muy utilizado en el escrito de oposición al recurso presentado por Meliá el pasado mes de noviembre y recogido por Vozpópuli.
Sin embargo, según informa la propia compañía en un comunicado, ahora la Audiencia Provincial ha entendido que la demanda "debe tramitarse, en este momento, atendiendo exclusivamente a su configuración literal y el cumplimiento de ciertos requisitos formales", y en ese sentido, considera que los Juzgados y Tribunales españoles sí poseen jurisdicción y competencia judicial internacional para tramitar un procedimiento frente a una sociedad domiciliada en España en ejercicio de lo que parece identificar como acción personal de indemnización".
En consecuencia, la Audiencia Provincial entiende que el Juzgado de Primera Instancia número 24 de Palma "sí tiene competencia para dictar sentencia, incluso aunque ésta pueda ser desestimatoria porque, de su análisis de fondo, se extraiga que no puede prosperar".
Meliá reconoce ahora "el derecho de Central Santa Lucía, L.C. a obtener una sentencia" aunque entiende que "la tramitación en sí vulnera el Estatuto de Bloqueo Comunitario" y "no dejará de ejercer cuantos derechos y acciones estén a su disposición para denunciar esta vulneración". Además, asegura que "defenderá la total impertinencia de la demanda que frente a ella se ha interpuesto".
La demanda de la familia Sánchez Hill fue presentada ante la justicia española después de que Estados Unidos reactivase la polémica Ley Helms-Burton, una normativa que permite a norteamericanos y cubanos nacionalizados reclamar indemnizaciones por los bienes que les fueron confiscados tras la Revolución cubana. Esta normativa no puede ser conocida por los tribunales españoles, pero tampoco es casual que la familia presentase esta demanda después de que la Administración Trump activase la espinosa ley.
