Las maltrechas cuentas de la Seguridad Social, que padecen un déficit del 1,5% del PIB (equivalente a 18.000 millones), se verán obligadas a recurrir este año otra vez a un préstamo del Tesoro por valor de 1,2 puntos del PIB, es decir, unos 14.400 millones de euros, a los que se sumarán 850 que aportará el Gobierno vía Presupuestos.
El propio Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social, ha precisado que las arcas de la Seguridad Social necesitarán de esa cantidad adicional para poder hacer frente al pago de las pensiones, una partida a la que el Estado destinará inicialmente 153.864 millones de euros este año, es decir, 9.000 millones más que en 2018.
La primera vez que la Seguridad Social tuvo que solicitar un préstamo al Tesoro fue en 2017, cuando se pidieron 10.000 millones, y en 2018 tuvo que hacerlo de nuevo pero por valor de 15.000 millones, una cifra que este año volverá a repetirse.
Esta problemática se produce porque la propia coyuntura demográfica española hace insostenible el sistema de pensiones públicas.
Cuál es la solución
El secretario de Estado confía en que el mes que viene los partidos políticos en el seno del Pacto de Toledo lleguen a un acuerdo sobre las recomendaciones para mejorar el sistema público de pensiones, que deberán ser tenidas en cuenta por el Gobierno a la hora de legislar contando siempre con el acuerdo de los agentes sociales.
Por su parte, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya se ha pronunciado sobre sus recomendaciones, que diferencian entre los consejos a corto y a largo plazo.
En el primer grupo se incluyen la propuesta de trasferir el déficit de la Seguridad Social al Estado y de elevar el peso relativo de las cotizaciones destinadas a contingencias comunes en detrimento de las que van al desempleo.
A largo plazo, sugieren elevar la edad efectiva de jubilación (no la edad legal, que será de 67 años a partir de 2027, sino la edad real a la que se jubilan los españoles de media, que en la actualidad es de 62,7 años) hasta los 65,5 años en el año 2048.
El Gobierno empezará esta semana a valorar las propuestas a corto plazo de la AIReF
Proponen también aumentar el periodo de cómputo que se utiliza para calcular el pago de pensiones, que en la actualidad es sólo de 20 años frente al uso de toda la vida laboral que hacen en otros países.
El Gobierno ha aceptado las sugerencias de la AIReF ya que considera que son razonables y se pondrá esta misma semana a estudiar en la mesa de diálogo la posibilidad de aplicar las sugerencias a corto plazo, al tiempo que avanza en el desarrollo completo de la Ley 27/2011 del Gobierno de Zapatero.
Las propuestas a largo plazo también serán estudiadas pero existen muchas medidas posibles que se pueden aplicar de aquí a 2048 para conseguir llevarlas a la práctica. “Para hacer esto en 30 años las posibilidades son prácticamente infinitas”, reconoce Granado.
