Aunque el déficit público acabará este año en las proximidades del 9% del PIB, el Congreso y el Senado han empezado de nuevo a financiar los planes de pensiones privados de los asesores contratados por los partidos políticos así como del resto de empleados de ambas cámaras. Se trata de un gasto total de 664.000 euros previsto en 2021, que se suprimió en 2012 por la crisis económica y que se ampliará también en 2022 y en los siguientes ejercicios.
Según fuentes parlamentarias, la restauración de estas aportaciones se ha acordado en el proceso de negociación colectiva para compensar la pérdida de poder adquisitivo ya que los empleados de las Cortes disponen de un Estatuto de Personal propio y su Presupuesto, aunque sigue las directrices y se tramita al mismo tiempo, es independiente al de los Presupuestos Generales del Estado. No hay que olvidar que el poder legislativo dispone de autonomía presupuestaria a pesar de que existe una Ley Básica del Empleo Público que debería afectar a todos los empleados por igual. Por tanto, esta asignación no se aplica de momento al resto de trabajadores públicos de las distintas Administraciones.
La partida más llamativa es la aportación del Congreso y el Senado de dinero público para el personal de confianza contratado a dedo por los partidos (asesores de los grupos parlamentarios). Además de correr con el cargo del abono de estas nóminas (más de 15 millones de euros), pese a que los grupos políticos cuentan con una subvención para el desempeño de su actividad parlamentaria, las cámaras financian también con dinero público su participación en un plan de pensiones privado.
Curiosamente, la dotación del Congreso no figuraba en los Presupuestos iniciales, es decir, se ha establecido a lo largo del ejercicio mediante una modificación de crédito de 105.390 euros. La del Senado era inicialmente de 16.000 euros y, tras una modificación también de crédito de otros 25.000, se ha situado en los casi 41.000 euros de saldo definitivo. Por tanto, el crédito final habilitado por ambas cámaras es de 146.347 euros, de los cuales se habían reconocido el 85% como obligaciones de pago en el tercer trimestre del año. Estos planes se han cargado al centro gestor de gasto 71, es decir, al correspondiente a la acción social de las cámaras.
Según los datos oficiales, los partidos políticos disponen en el Congreso de 317 asesores (más otro medio centenar a disposición de la Mesa de la cámara y de otros órganos representativos) mientras que en el Senado existen 46 y otros 21 más que asisten a la Mesa. En total, las Cortes suman unos 435 contratados fuera del sector público (la mayoría procede de las sedes de los partidos políticos). Es posible que las cifras sean en la actualidad superiores (también las aportaciones a los planes de pensiones) ya que, sobre todo el PSOE, ha seguido recolocando en el Parlamento a los asesores de los ministerios que cesaron en la última remodelación del verano.
Los partidos políticos disponen en el Congreso de 317 asesores, mientras que en el Senado existen 46 y otros 21 más que asisten a la Mesa
Esta partida no se ha restaurado aún para los 615 diputados y senadores (la Cámara Alta mantiene el concepto presupuestario de la contribución a los planes de pensiones con un cero en el saldo crediticio), aunque como reconocen en fuentes parlamentarias podrían hacerlo en cualquier momento por su independencia presupuestaria y contable. En todo caso, a título de transferencia corriente existe otra partida de tres millones de euros para complementar las pensiones públicas de los parlamentarios (y otras ayudas), que causaron derecho antes de 2012, hasta alcanzar la prestación máxima de la Seguridad Social o de Clases Pasivas.
Los presupuestos de las Cortes Generales (dónde se centraliza el gasto de personal) y los individuales del Congreso y del Senado también han activado en 2021 las aportaciones a los planes de pensiones privados de sus funcionarios y del personal laboral fijo. Los créditos iniciales son de 396.510 euros (de los que se había gastado el 93% en los tres primeros trimestres) para los funcionarios mientras que las dos cámaras consignaban inicialmente 80.000 euros para el personal laboral, pero, como consecuencia de una modificación de crédito de otros 41.000 euros más por parte de la Cámara Alta, alcanza ahora un crédito final total de más de 121.000 euros.
Ventajas establecidas en 2004
Las aportaciones a los planes de pensiones privados para los parlamentarios (de cerca de 300 euros mensuales por cada uno), y también para todas las nóminas públicas, se establecieron en 2004. El decreto de medidas presupuestarias de urgencia del PP de finales de 2011 interrumpió estas aportaciones de las Administraciones a partir de 2012 ante la escalada del déficit (llegó a los dos dígitos) y también por el cerco al Congreso del movimiento del 15M. Aunque la norma no afectaba jurídicamente a los planes privados de diputados y senadores al tratarse de un poder independiente del Estado, las Cortes se sumaron a esta suspensión que ahora rectifican. El plan privado de sus señorías, fijado por la Mesa de cada cámara, incluía también un seguro de vida, otro de invalidez y un concepto denominado "prestación de supervivencia", que se sustanciaba mediante un pago indemnizatorio al llegar a la edad de jubilación. En 2011, antes de su suspensión, los parlamentarios de IU, UPyD e Iniciativa Per Catalunya comunicaron por escrito su renuncia (siete años después de su puesta en marcha).
En todo caso, muchos diputados y senadores, así como empleados públicos, han mantenido algún tipo de aportación personal a los planes aunque las promotoras (las Administraciones, organismos públicos, diputaciones, incluso museos, Guardia Civil o Casa Real) no hayan realizado aportaciones públicas desde entonces.
Además de correr con el abono de las nóminas de los asesores, pese a que los grupos políticos cuentan con una subvención para su actividad parlamentaria, las cámaras financian también sus planes de pensiones privados
Según los datos del último informe de gestión de la Administración General del Estado, que gestiona el BBVA, el patrimonio total de los planes de pensiones privados del sector público era en septiembre de 2021 de 630,9 millones de euros con 523.715 partícipes (la mitad de las autonomías no desarrollaron estos fondos ni tampoco el 80% de los ayuntamientos). Desde 2012 a 2020 las entidades promotoras no han realizado aportaciones para los partícipes, con excepción del ICEX (entidad pública empresarial) que en 2019 consignó casi 32.000 euros con cargo a fondos adicionales de 2018 tras un acuerdo de la negociación colectiva. Desde su creación, las aportaciones medias anuales de dinero público a estos planes privados superaron los 55 millones, con una media también de más de 600.000 partícipes.
En 2012, como consecuencia de la suspensión, las aportaciones totales bajaron de golpe a 255.000 euros en total. Durante algunos años han continuado a un ritmo muy bajo como consecuencia de las regularizaciones pendientes de años anteriores. Por ejemplo, en 2015 sólo llegaron a los 24.000 euros en total) y en 2018 la cifra fue de cero euros (también en 2020) con el mantenimiento de 523.000 partícipes que aún mantienen saldos anteriores a 2012 y que en algunos casos han seguido realizando aportaciones voluntarias.
La ayuda a los asesores, una excepción
Con el levantamiento de la supervisión directa de las finanzas públicas por parte de la UE, a partir de 2018 las Administraciones podrían haber retomado estas aportaciones. Sin embargo, ninguna Administración o institución, salvo el Congreso y Senado y la autonomía vasca, se ha atrevido a realizar asignaciones. Y, precisamente ahora, con las cuentas desbocadas por el excesivo gasto público improductivo y las muchas dudas existentes sobre la situación económica, no parece ser el momento adecuado para volver a retomar esta partida (propia de años de bonanza) cuando, por ejemplo, el gasto en personal del parlamento nacional crece por encima de los dos dígitos (en 2022 superará el 15%).
En todo caso, esta activación de las aportaciones del Congreso y del Senado con dinero público a los planes privados de los asesores de los grupos parlamentarios y de sus empleados se produce, además, en pleno debate sobre la reforma de las pensiones, que exigirá un mayor esfuerzo contributivo, más años de cotización y que supondrá una minoración de la prestación final. También coincide con la pretensión del ministro Escrivá de activar los planes colectivos en las empresas con la creación de un gran fondo de pensiones público (que funcionará como gestora), que se suministrará de las aportaciones individuales de trabajadores y también de las sociedades. De momento, se desconoce cómo o si va a afectar al sector público.
