Santander tiene hasta la próxima semana, entre el miércoles y el viernes, para responder a la demanda presentada por Andrea Orcel y oponerse a la misma. A partir de ahí, se abre un periodo de entre tres y cinco meses, aproximadamente, dependiendo de la carga de trabajo y agilidad del juzgado, para la celebración de Audiencia Previa. Tras ella, el juez deberá fijar fecha para celebración de juicio.
Andrea Orcel presentó demanda contra Santander por su no fichaje el pasado 27 de mayo, admitida a trámite el 25 de junio, en la que reclama su incorporación al cargo para el que fue contratado -consejero delegado- y, subsidiariamente, una indemnización cercana a los 100 millones de euros.
El banco presidido por Ana Botín comunicó el nombramiento de Orcel como consejero delegado del 25 de septiembre de 2018, y el 15 de enero anunció a través de hecho relevante enviado a la CNMV su decisión de no continuar con la designación.
Santander sostendrá, previsiblemente, que el contrato firmado entre Orcel y Pérez Renovales el 24 de septiembre no es un contrato
El artículo 414 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice que, en la Audiencia Previa, "se informará a las partes de la posibilidad de recurrir a una negociación para intentar solucionar el conflicto, incluido el recurso a una mediación". Pero el caso Orcel se ha enconado tanto que la posibilidad de alcanzar un acuerdo negociado cada vez parece más distante.
Mientras que el banco español considera que el exbanquero de UBS ha llegado demasiado lejos con su demanda y sus pretensiones, el banquero italiano está convencido de que Santander nunca ha tenido una vocación real de llegar a un pacto digno, de acuerdo a fuentes cercanas a ambas partes.
Santander sostendrá, previsiblemente, que el contrato firmado entre Orcel y el Secretario del Consejo de Administración del banco, Jaime Pérez Renovales, el 24 de septiembre, en el que se sentaban las bases de la remuneración del italiano como consejero delegado, no es en puridad un contrato. Y que Orcel no cumplió con lo estipulado en el mismo: tratar de que fuera UBS la parte que se hiciera cargo de buena parte del bonus de 52 millones que atesoraba en el banco suizo tras siete años de trabajo.
Orcel sostendrá, probablemente, que Santander resolvió sin causa su nombramiento, por lo que tiene derecho a una indemnización millonaria
Orcel defenderá, probablemente, que, efectivamente, el documento firmado el 24 de septiembre es un contrato en toda regla. Y que el mismo contemplaba que, en el caso de que no lograra reducir el pago debido por UBS, Santander le compensaría con 35 millones de euros en acciones. Y que Santander resolvió el contrato sin causa, por lo que, tal y como estipulaba el mismo, tiene derecho a esos 35 millones de euros en acciones y a 17 millones de euros más que iba a recibir como bonus de incorporación.
Si en la Audiencia Previa no hubiese acuerdo de las partes, esta proseguirá para la proposición y admisión de la prueba.
Las partes deberán indicar qué testigos y peritos se comprometen a presentar en el juicio y cuáles, por el contrario, han de ser citados por el tribunal. Es previsible que la representación legal de Orcel reclame que sea llamada a declarar Ana Botín, dada la implicación de la presidenta de Santander en el fichaje del ejecutivo italiano.
Una vez admitidas las pruebas pertinentes, se procederá a señalar la fecha del juicio, que deberá celebrarse en el plazo de un mes desde la conclusión de la audiencia.
Se trata de un proceso que amenaza con desgastar la imagen tanto de Ana Botín como la de Andrea Orcel. Aunque diversas fuentes financieras y jurídicas consideran que no existe otra alternativa que la de llegar a un acuerdo, y evitar así la exposición de trapos sucios, todo comienza a impregnarse de un peligroso hedor a honorabilidad medieval.
