El rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros, una aerolínea con escaso peso en el tráfico aéreo español y un accionariado tan polémico como complejo, es a día de hoy uno de los grandes escándalos del Gobierno de Pedro Sánchez. Los puntos oscuros de la decisión adoptada, primero, por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y, después, por el Consejo de Ministros son ya objeto de investigación judicial.
El daño colateral más inmediato de la ayuda pública fue la parálisis del fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, un mecanismo dotado con 10.000 millones de euros y lanzado por el Ejecutivo en julio de 2020 para rescatar a grandes empresas que afrontaran problemas financieros por la pandemia pero fueran solventes y estratégicas para la economía española antes de la crisis. Unos requisitos que, tal y como desveló Vozpópuli, Plus Ultra podría incumplir.
El Gobierno puso en manos de la SEPI la gestión de este instrumento, al que decenas de empresas acudieron y sólo unas pocas accedieron. Esto fue así porque tras aprobar el cuarto rescate, el de Plus Ultra, frenó su actividad en seco durante medio año, alargando la agonía de las empresas que aspiraban a estas ayudas y sí cumplían los requisitos. Hasta ahora la SEPI apenas ha aprobado una decena de rescates por un valor de 1.441 millones. Esto significa que sólo se ha ejecutado un 14% del fondo.
Sospechas y misterios por resolver
Desde que decidió admitir a trámite la querella el pasado mes de mayo, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid investiga si el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas -formado por responsables de varios ministerios- cometió delitos de malversación, tráfico de influencias, fraude de subvenciones o cohecho con la concesión de la citada ayuda pública. Y es que el rescate de Plus Ultra se ha cuestionado desde múltiples frentes.
En primer lugar, por su dudoso carácter estratégico, al representar apenas el 0,03% del tráfico aéreo en España. La compañía operó un total de 823 vuelos en los aeropuertos españoles en 2019. Esto la situaba en la posición 166 por tráfico, muy por detrás de otras aerolíneas también españolas como Iberia, Vueling, Air Europa (que también ha sido rescatada con 475 millones) o Evelop, que contribuyen a garantizar la conectividad en el corto, medio y largo radio.
También por el estado financiero de la empresa, al encontrarse en pérdidas desde su creación en 2011. La situación financiera de la aerolínea era tan delicada que los bancos se negaron a apoyarla. Aún así, antes de la pandemia consiguió evitar entrar en causa de disolución con un préstamo participativo por valor de 6,3 millones de un banco panameño que, a su vez, tiene vínculos con el Gobierno de Venezuela. Además, parte de estos fondos fueran a parar a un banco domiciliado en el paraíso fiscal de Dominica.
Otro movimiento sospechoso incluso para el perito incorporado a la causa y destapado por este periódico fue que la aerolínea entregara el único avión que tenía en propiedad (con más de 20 años de vida) a unos inversores que acudieron a una emisión de deuda que hizo ese mismo año por 10 millones de dólares y se comprometiera recomprarlo en 2024. Unos inversores sobre los que no se ha aportado ninguna información. El perito percibe posibles "irregularidades" contables en esta operación.
Las relaciones entre Plus Ultra y Venezuela
Precisamente con Venezuela está relacionada la compañía aérea en cuestión. Vozpópuli desveló que la compañía está controlada en su mayoría (57%) por tres empresarios venezolanos (Rodolfo Reyes Rojas, Roberto Roselli y Raif El Arigie Harbie). Éstos entraron en la aerolínea en 2017 a través de diferentes sociedades registradas en España (Snip Aviation y FlySpain) y forman parte de su consejo de administración.
Las relaciones mercantiles de todos ellos llevan hasta Camilo Ibrahim Issa, un magnate venezolano-libanés cercano a la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, que negó relación alguna con Plus Ultra desde el inicio del escándalo. Sin embargo, Vozpópuli destapó unos documentos que demuestran que desembolsó más de 3,7 millones de euros para entrar en la aerolínea en 2017. También está relacionado con Panacorp, el banco panameño mencionado anteriormente por rescatar a Plus Ultra en 2017.
En el accionariado también figuraban en el momento del rescate los fundadores españoles de la aerolínea, conocidos en el sector por llevar a la quiebra Air Madrid. Uno de ellos, Fernando González Enfedaque, fue condenado en febrero de 2020 a once meses y 29 días de prisión por delitos fiscales. De hecho, el consejo de la aerolínea le cesó un año después de ser condenado y una vez se estaba tramitando el rescate público.
La cuestión del asunto es si Plus Ultra reunía los requisitos para recibir los 53 millones y si el Gobierno se aseguró de que la empresa fuera viable
Plus Ultra también sacó de su consejo de administración a Pedro Antonio Borquez Tarff, uno de los empresarios venezolanos que acudieron a otra ampliación de capital realizada en 2018 y que aparece en los conocidos como 'Papeles del Paraíso', la investigación sobre firmas 'offshore' destapada por varios medios internacionales en los que también aparece el propio Ibrahim Issa. Junto a Borquez Tarff, otro inversor venezolano presente en los 'Papeles de Panamá' acudió a la ampliación con las mismas condiciones (Héctor Antonio Tobías Roye), pero éste no llegó a entrar en el consejo de administración.
Estos se suman a una lista de movimientos detectados por este medio. Los accionistas venezolanos Rodolfo Reyes Rojas y Raif El Arigie Harbie- disolvieron una sociedad en Panamá, supuestamente 'pantalla', cinco días antes del rescate de la aerolínea por parte del Gobierno español con 53 millones de euros. Además, recientemente también han disuelto una sociedad en España (La Compañía de Bocono y Biscucuy) que compartían con Camilo Ibrahim Issa y que llegó a compartir sede con Plus Ultra.
Desde que inició la investigación, la instructora Esperanza Collazos no solo ha requerido abundante documental a Plus Ultra, sino que también ha acordado una batería de diligencias que van desde la realización de un peritaje independiente hasta el esclarecimiento de la identidad de los dueños de la compañía. La cuestión del asunto es si Plus Ultra reunía los requisitos para recibir los 53 millones y si el Gobierno se aseguró de que la empresa fuera viable.
