Por primera vez en la historia de la democracia, el número de pensionistas que pueden ejercer su voto en unas elecciones generales rozará los 9 millones en las próximas elecciones del 28 de abril, de ahí que todas las promesas electorales en relación a sus pensiones sean especialmente importantes para los partidos políticos.
Al tiempo que quieren agradar a esa gran masa de votantes (uno de cada cuatro votos podría ser suyo si se diera un escenario de participación total), los candidatos deben -o deberían- ser sinceros con la ciudadanía: la Seguridad Social tiene un problema grave que es imposible resolver sin comprometer la suficiencia de las pensiones.
No hay dinero. Cada mes el Estado desembolsa más de 9.500 millones de euros para pagar las pensiones de los españoles y ese gasto, que no para de crecer, aumentará exponencialmente en los próximos treinta años, en los que se jubilará la generación del babyboom. Los ingresos también aumentarán a medida que mejora el empleo, pero el estrechamiento de las capas más bajas de la pirámide de población impedirá que la recaudación sea suficiente.
De los casi 70.000 millones de euros que teníamos ahorrados en la hucha de las pensiones en el año 2011, quedan poco más de 5.000 a cierre de 2018 y probablemente en este año esa cifra se reduzca casi hasta el 0. A pesar de haber tirado de este Fondo, la Seguridad Social acusa un déficit del 1,41% del PIB -a cierre de 2018-, lo que supone que a fecha de 31 de diciembre del año pasado habían salido del Sistema 17.000 millones de euros más de los que entraron.
Esos números rojos no se reducirán este año, ya que según advierte la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), las medidas que ha aprobado el Gobierno que provocan un aumento del gasto (subirá un 5,6% en 2019) equiparán más o menos a las políticas que ha implementado para intentar incrementar los ingresos (crecerán un 6%), por lo que el agujero no reducirá su tamaño.
A más largo, la Airef pronostica que si todo sigue como está (y no se aplican medidas que aumenten los ingresos y/o reduzcan los gastos), el déficit llegará al 2,9% del PIB en 2048, lo que supone que dentro de 30 años saldrán de la Seguridad Social unos 35.000 millones de euros más de los que entrarán.
Un recorrido por los intentos de salvar el Sistema
Fue en el año 2011 cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con apoyo de todos los grupos parlamentarios, aprobó la Reforma de las Pensiones de 2011, que implementaba medidas para intentar mejorar la sostenibilidad del Sistema sin perjudicar demasiado la suficiencia de las pensiones.
Sus medidas estrella eran el compromiso de aumentar progresivamente la edad legal de jubilación hasta los 67 años en 2027, promover que se retrasara la edad efectiva de jubilación (a la que verdaderamente se jubilan los españoles, actualmente de 62,7 años de media), aumentar de 15 a 25 años el periodo laboral que se utiliza para calcular la pensión y el requisito de haber trabajado 38,5 años para cobrar el 100% de la pensión pública.
Dos años después, el Gobierno de Mariano Rajoy fue más allá en estas medidas y aprobó la denominada Reforma de 2013, esta vez sin el apoyo de ningún otro partido, lo que supuso vulnerar el Pacto de Toledo. Esta Reforma derogó la revalorización automática de las pensiones de acuerdo a la inflación (el IPC) y estipuló en su lugar un Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que implicaba que las pensiones sólo subirían si podían sufragarse con un aumento de los ingresos de la Seguridad Social y, en caso de no ser posible, se estipulaba una revalorización del 0,25%.
La segunda medida que incorporó esta reforma fue la introducción de un Factor de Sostenibilidad, que consistía en incluir la esperanza de vida en la fórmula que se utiliza para calcular la pensión.
Ni siquiera el Pacto de Toledo
Estas dos medidas permitirían contener el gasto del Sistema y su déficit, según han reconocido todos los expertos, pero son tremendamente impopulares porque conllevan una bajada de las pensiones. Tanto es así que los pensionistas se echaron a la calle contra el Gobierno de Rajoy y que el PNV puso como condición abolirlas para apoyar los Presupuestos de Rajoy en 2018.
Desde entonces, todos los partidos retomaron el diálogo en el seno del Pacto de Toledo con el objetivo de emitir unas recomendaciones consensuadas que permitieran al Ejecutivo de turno tomar las medidas que hubiera que tomar para solucionar el problema sin que los ciudadanos penalicen a un partido u otro en las urnas, ya que al final estarían todos los partidos detrás de esas recomendaciones.
Sin embargo, después de dos años de conversaciones, Unidos Podemos dinamitó el diálogo y el PP decidió abolir el Pacto sin que los partidos hubieran sido capaces de acordar ninguna recomendación. Sus posturas enfrentadas les impidieron ponerse de acuerdo y ahora cada partido hace sus promesas particulares al respecto.
Se desconoce si en la próxima legislatura el Pacto de Toledo volverá a constituirse de nuevo pero es probable que le resulte todavía más difícil acercar posturas entre sus miembros tras la entrada de Vox en el Parlamento y, por tanto, en el propio Pacto.
